Propone que durante el tiempo de su encargo, las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano. En estos casos, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución.