Hace dos años el Senado de la República recibió la propuesta de ratificación o no de los magistrados, sin embargo, la anterior Legislatura fue omisa y hoy, la LXIV Legislatura podría caer en desacato de una sentencia.
El senador Clemente Castañeda solicitó por segunda ocasión a la Mesa Directiva del Senado, que se turne el expediente a la Comisión de Anticorrupción, como establece la Ley Orgánica del Congreso.
“Para el nombramiento de los Magistrados Anticorrupción, este Senado debe incluir la voz de los académicos, especialistas y las organizaciones civiles ligadas a esta materia, a través de un ejercicio de Parlamento Abierto”, expresó Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción.
El Senado de la República debe destrabar el nombramiento de los 18 Magistrados Anticorrupción, elementos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para la investigación de faltas administrativas graves, sino incurriría en un flagrante desacato de una sentencia judicial, señaló el senador Clemente Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, solicitó hoy a la Mesa Directiva del Senado, presidida por el legislador Martí Batres, que se rectifique el turno de dicho expediente para que sea esta Comisión la que coordine los trabajos de dictaminación y de una vez por todas se fortalezca al SNA en su tarea de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
“El Senado de la República no puede retrasar más la ratificación o no de los Magistrados Anticorrupción; de hacerlo caería en flagrante desacato de una sentencia judicial, siendo responsable la Mesa directiva que usted preside (senador Martí Batres)”, señala el oficio que hoy se entregó.
“Igualmente importante, es que seguir retrasando el nombramiento de los Magistrados significa dejar inconcluso el proceso de instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, e inoperante a una de sus piezas institucionales fundamentales: la Tercera Sección y las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creado por mandato constitucional para investigar las faltas administrativas graves”.
La Mesa Directiva del Senado turnó el expediente a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, y no a la Comisión de Anticorrupción, como establece la Ley Orgánica del Congreso General: las comisiones ordinarias deberán dictaminar y resolver las cuestiones relacionadas con las materias propias de su denominación.
El fortalecimiento y la consolidación del SNA tiene una traba en el Senado desde hace dos años:
- El 25 de abril de 2017, el Senado de la República recibió la propuesta de nombramiento de los 18 Magistrados Anticorrupción.
- Ante la falta de respuesta de ratificación o no de los magistrados, el Comité de Participación Ciudadana del SNA interpuso una demanda de amparo el 9 de mayo de 2018 señalando, entre otras cosas, “la omisión en el cumplimiento de la obligación constitucional”.
- El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa resolvió el juicio de amparo 509/2018 y ordenó que el Senado decida inmediatamente la ratificación o no de los magistrados.
- Ante un recurso de revisión interpuesto por este Senado, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó por unanimidad la sentencia: lo que significa que el Senado está obligado a acatar la sentencia de inmediato.
La instalación de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa especializadas en responsabilidades administrativas es fundamental para la política nacional de combate a la corrupción, dado que esta es la instancia constitucional que se encargaría de investigar los hechos de corrupción.
“Ante la urgencia de resolver el asunto en cuestión y que este Senado no incurra en desacato de una orden judicial, resulta oportuno rectificar el turno para que sea esta Comisión de Anticorrupción la que coordine, junto con la Comisión de Justicia, los trabajos de dictaminación”, se lee en el oficio entregado hoy.
