- Senador Samuel García celebra aprobación de la muerte civil en el Senado.
- ”No importa si es Odebrecht o el secretario de desarrollo urbano de algún municipio”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, celebró en el Pleno la aprobación de la muerte civil que inhabilitará permanentemente a funcionarios corruptos. Una de las iniciativas que conformaron el dictamen fue presentada por su fracción parlamentaria el pasado 11 de septiembre.
“Este era un blindaje para los pillos, para los corruptos, porque sabían que con la mano en la cintura en el tribunal fiscal iban a ganar el asunto porque a nivel nacional nuestra ley estaba anticuada y caduca y no preveía la inhabilitación permanente”.
“Los corruptos ya no tendrán una segunda oportunidad, ya no queremos más Layines, decir ‘robé, pero robé poquito’, no importa el monto lo que importa es el acto, la ofensa y haber abusado de la confianza de la ciudadanía”, dijo
García cuestionó que de 112 mil casos de corrupción sólo se han validado 28, es decir, el .00025 por ciento, y subrayó que con esta figura se impide a los corruptos estar en una boleta electoral, acceder a un cargo incluso por la vía del dedazo y participar en licitaciones.
Asimismo, indicó que no habrá distinciones y la muerte civil se podrá aplicar a funcionarios municipales, quienes han protagonizado escándalos en varios estados como Nuevo León.
“Lo decimos fuerte y claro, cualquier acto de soborno, tráfico de influencias, falsificar documentos, compraventa de facturas, evasión fiscal, uso indebido de recursos, abuso de autoridad, etcétera; no importa si es Odebrecht o es el secretario de desarrollo urbano de algún municipio que está dando un permiso a la mala”.
“Todos a nivel nacional independientemente que les dicten o no cárcel, pueden quedar inhabilitados de por vida, para que ese corrupto sienta lo que es dejar de existir en la política por malandro”, dijo.
Además, llamó a eliminar el velo corporativo de las sociedades anónimas “si no, estos corruptos se van a seguir riendo creando cascarones jurídicos, ahora llamadas SA”.
