• No podrán pagar fianza quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales. 
• Propuesta busca proteger a las Pymes.

El Consejo Coordinador Empresarial junto al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentaron una adenda, a las comisiones de la Cámara Alta que analizan el dictamen, de compraventa de facturas y empresas fantasma.

Esta propuesta se suma al proyecto de dictamen conformado por las iniciativas del legislador emecista y el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, que plantean atacar la evasión fiscal por facturas falsas que asciende a 2 billones de pesos. “Ya hicimos unos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer”, dijo García. 

La Iniciativa Privada busca endurecer el castigo exclusivamente en la compraventa de facturas,  por ejemplo, modificando el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, quedando de la siguiente manera:

“Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de cinco años a ocho años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. 

“¿Por qué de 5 a 8 años?, porque con esto ya no van a tener la capacidad de pagar fianza, aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’ y ahora detectando una, vas para adentro”, agregó García.

Asimismo, en ese artículo se establece que quien venda la factura siempre caerá en delito sin importar el monto; en tanto, que quien la adquiere se pondrá un “salvavidas” de 2 millones de pesos para ser sancionado con prisión, esto con el objetivo de proteger a las Pymes. 

“El que la compra sí hay que tener sensibilidad, que hay muchas Pymes que no tienen contadores o pueden ser engañados o que hay empleados que pueden meter en problemas a los jefes, por eso ahí sí hay un tope, pero ahí además se tiene que comprobar el dolo, si no se adquirió de mala fe no va a poder el Ministerio Público probar el delito”. 

“Lo que está ahora en debate es si el delito se vuelve o no prisión preventiva oficiosa porque cuando dos o tres empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada, dos o tres empresarios haciendo trampa, eso es lo que está en debate, porque sería un arma muy útil”, dijo.

Aunque la iniciativa considerará las propuestas de los empresarios, el representante de Nuevo León, aclaró que se debe llegar a un punto medio entre la IP y los planteamientos de los senadores para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma.