• Los programas de trabajo temporal deben de ser reemplazados por un modelo alternativo de migración laboral que priorice los derechos de las mujeres, familias y comunidades; uno que garantice la equidad de oportunidad, movilidad laboral y acceso a la justicia y servicios legales. 

• Proponen la creación de un grupo de trabajo transnacional que se dedique a formular y analizar políticas migratorias desde una perspectiva de género, el cual estaría conformado por representantes de ambos Congresos e invitarían a la participación de mujeres migrantes y de la sociedad civil. 

En el marco de la visita a México por parte de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, la senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República, junto a representantes de distintas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres migrantes, hicieron un llamado a la Vicepresidenta para que se comprometa desde su alta investidura, como mujer feminista y descendiente de personas migrantes, a asegurar que los programas de migración laboral de EE.UU. dejen de aplicarse de manera discriminatoria, en particular hacia las mujeres; así como asegurar que estos programas garanticen el acceso al trabajo digno, libre de violencia y con apego a los derechos humanos. 

“En marzo de este año las compañeras presentaron la primera queja laboral en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por el incumplimiento de Estados Unidos, frente al capítulo 23 del propio tratado comercial, al permitir la discriminación contra las mujeres, en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento”, explicó la legisladora. 

Maritza Pérez compartió su experiencia como trabajadora migrante después de obtener una visa H-2A (para trabajo agrícola), y relató que hubo una constante violación a sus derechos humanos y laborales. 

Por su parte, Evy Peña, representante del Centro de los Derechos del Migrante, aseguró que los programas de trabajo temporal en Estados Unidos están siendo utilizados como una estrategia para esquivar sus obligaciones en virtud del derecho internacional: el de conceder asilo a quienes lo necesitan. Indicó que durante los últimos 15 años han documentado casos de abuso que van desde discriminación, robo de salarios, violencia sexual y trata de personas. A pesar de que las mujeres conformaron el 25% de la mano de obra agrícola en Estados Unidos, en 2018 sólo el 3% de todas las visas H-2A se concedieron a mujeres. 

“Las fallas de estos programas afectan a las mujeres de manera desproporcionada, exponiéndolas a discriminación basada en género. Estos programas solo buscan abastecer la demanda de mano de obra de empleadores estadounidenses, las empresas pueden violar derechos laborales sin miedo a repercusiones y ponen sus intereses como prioridad a costa de la seguridad de personas migrantes. […] Los programas deben ser reformados, no expandidos”, dijo. 

Por lo anterior, señalaron que los gobiernos de México y Estados Unidos deben establecer un grupo de trabajo transnacional que se dedique a formular y analizar políticas migratorias desde una perspectiva de género. Este grupo deberá cumplir con los siguientes puntos: 

1. Es necesario tener la representación de mujeres migrantes que han sido afectadas por la política migratoria. 

2. Asegurar que se analice el tema de manera holística, el grupo debe abordar un rango completo de asuntos migratorios; desde la migración laboral, hasta la externalización de la frontera y la unificación de familias.

3. El grupo debe contar con la participación significativa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con las personas afectadas. 

Asimismo, Rita Robles, en representación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, entre otros, aseguró que se debe rectificar la manera en la que se ha tratado a la migración e hizo un llamado a abrir los espacios de diálogo para alentar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y trabajar en conjunto el desarrollo de políticas públicas que permitan la mayor protección de las personas migrantes.  

Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), indicó que México debe asegurar protocolos de integración para las personas migrantes que se encuentran en una situación vulnerable. Por último, Melissa Vértiz, representante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), exhortó al Senado de la República a trabajar en la transformación de los marcos normativos que determinen una política migratoria y de asilo en México enfocada en la seguridad humana, de respeto a los derechos humanos y no hacia una política de contención migratoria. 

“Consideramos que dejar de abordar el tema desde la perspectiva migratoria y hacerlo desde la garantía de derechos humanos es fundamental. Esto puede contribuir a eliminar las prácticas violatorias sistemáticas y sistémicas de derechos humanos, eliminar actos de discriminación, de racismo, clasismo, aporofobia y xenofobia, pero sobre todo a tener una política migratoria y de asilo autónoma”, finalizó. 

Video:
https://twitter.com/SenCiudadanoMX/status/1402326498476843012
https://www.facebook.com/watch/live/?v=276824320900745&ref=watch_permalink