SENADORES CIUDADANOS BUSCAN EMPODERAR AL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

CON MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD

• Clemente Castañeda, Senador por Jalisco, presentó hoy en tribuna una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Con la reforma se dota al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación con instrumentos para combatir la impunidad y castigar la corrupción.

Para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Senador Clemente Castañeda presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que incorporaría tres mecanismos para la detección pronta y la investigación expedita de actos de corrupción.

“Esta reforma busca darles dinamismo a las políticas de combate a la corrupción, busca empoderar a dos de las instancias más importantes del SNA: al Comité de Participación Ciudadana y a la Auditoría Superior. Busca, en última instancia, que existan instrumentos para acabar con la impunidad, para efectivamente castigar la corrupción”, dijo Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, planteó el alcance de estos mecanismos institucionales de combate contra la corrupción y el desvío de recursos:

1.       La primera figura permitiría que las recomendaciones que se emitan en torno a las auditorías de desempeño por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tengan carácter vinculante.

“Necesitamos que las instituciones escuchen estas recomendaciones y comiencen a implementarlas para corregir los recurrentes problemas de opacidad, discrecionalidad e ineficiencia de los programas públicos”, plateó el Senador por Jalisco.

2.       La segunda figura plantea que la ASF pueda realizar auditorías fuera de su plan de trabajo cuando existan razones y circunstancias que así lo ameriten, y puedan detectarse irregularidades con oportunidad.

“Estas auditorías excepcionales puedan surgir por atracción directa de la misma ASF o puedan ser solicitadas por un 10% de diputados federales o por el Comité de Participación Ciudadana del SNA. Proponemos que lo puedan solicitar estas dos instancias porque en una democracia la oposición debe tener herramientas de contrapeso y vigilancia”, dijo Castañeda.

3.       La tercera figura que proponemos es la investigación preferente por desvío de recursos. Consiste en que las denuncias y querellas por mal manejo de recursos y desfalcos, presentadas por la ASF ante la PGR, deban ser investigadas y sustanciadas de manera preferente, concretamente, en un plazo no mayor a 45 días hábiles.

“Proponemos esta figura para que no vuelvan a quedar en el archivo denuncias penales como las de la Estafa Maestra o tantas otras; hoy, la PGR tiene casi 500 denuncias presentadas por la ASF por desvío de recursos, y sólo en el 2% de los casos éstas han terminado ante un juez. Lo que se busca con esta figura es que la PGR investigue y deslinde responsabilidades de manera expedita cuando la Auditoría Superior, nuestro máximo órgano de fiscalización, identifique irregularidades graves en el manejo de recursos y presente denuncias”.