• Más de 89 candidatas y candidatos fueron asesinados durante el proceso electoral, sin que a la fecha se hayan esclarecido los hechos o se haya fincado alguna responsabilidad.
• Tenemos la convicción de que la función de contrapeso que cumple el Poder Legislativo debe contribuir a que las políticas públicas, sobre todo aquellas que permiten garantizar la construcción de la democracia mexicana, alcancen sus objetivos y se implementen con la mayor eficacia, eficiencia y transparencia posibles: Clemente Castañeda.
• Adicional a ello, solicita a la Secretaría de Gobernación, un informe sobre hechos de violencia focalizados a nivel municipal ocurridos durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, así como riesgos futuros hacia la democracia detectados en el ámbito local.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, presentó un punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe sobre la evaluación y gestión de la política de seguridad, protocolos de atención y protección a candidaturas ejecutadas dentro de las pautas de la "Estrategia de Protección en Contexto Electoral”.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Gobernación, dentro del marco de sus atribuciones, un informe sobre hechos de violencia focalizados a nivel municipal ocurridos durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, así como riegos futuros hacia la democracia detectados en el ámbito local.

“El proceso de elecciones concurrentes 2020-2021, ha sido uno de los más violentos de la historia moderna del país, más allá del balance de la jornada electoral del pasado 6 de junio, en donde las votaciones se llevaron a cabo en relativa calma y sin violencia de manera generalizada, el saldo del presente proceso electoral es uno sangriento y violento”, subrayó el legislador en el documento.

En su exposición de motivos, el senador Clemente Castañeda señaló que el pasado 4 de marzo de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, por medio de la cual se ratificaba el compromiso del gobierno a garantizar la libertad de las elecciones. Dicho anuncio contemplaba en coordinación con otras dependencias federales, un plan para proteger a más de 21 mil candidatos. “El objetivo fue el detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades, para evitar las acciones del crimen contra aspirantes y servidores públicos”, especifica el escrito.

No obstante, más de 89 candidatos y candidatas fueron ultimados y asesinados durante el proceso electoral, sin que a la presente fecha se hayan esclarecido los hechos delictuosos o se haya fincado alguna responsabilidad. Asimismo, se registraron 782 políticos y candidatos víctimas de agresiones y violencias, el 75% de las agresiones se registró contra candidaturas de oposición.

Los datos anteriores reflejan que el más reciente proceso electoral fue el segundo más violento en homicidios dolosos desde el año 2000, por lo cual la letalidad de la violencia en contra de actores políticos debe de ser un llamado de atención sobre el estado actual de la democracia mexicana, ya que la violencia política representa un atentado a la democracia mexicana, además compromete la independencia, autonomía e integridad de las autoridades electas y el ejercicio del voto.

Por último,  apuntó que el Poder Legislativo tiene una corresponsabilidad de suma relevancia que cumplir en la vigilancia y evaluación de políticas en materia de seguridad que se reflejan en el día a día de las y los mexicanos. “En Movimiento Ciudadano, tenemos la convicción de que la función de contrapeso que cumple el Poder Legislativo debe contribuir a que las políticas públicas, sobre todo aquellas que permiten garantizar la construcción de la democracia mexicana, del Estado alcancen sus objetivos y se implementen con la mayor eficacia, eficiencia y transparencia posibles”, indicó el senador Clemente Castañeda en el documento.

El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el senador Noé Castañón, integrante de la Comisión Permanente y fue turnado a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.