Decretazo presidencial atropella la Constitución;

Movimiento Ciudadano solicita al Senado controversia constitucional

• El decretazo presidencial que se publicó el lunes pasado, violenta gravemente la Constitución Política y es un atentado directo al principio de división de poderes.
• Los senadores de Movimiento Ciudadano solicitaron a la ex ministra de la SCJN y hoy presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, que interponga la controversia constitucional.

Movimiento Ciudadano entregó hoy una solicitud firmada por coordinadores de diferentes grupos parlamentarios solicitando a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, que interponga una controversia constitucional contra el decreto publicado el lunes pasado que cataloga todas las obras de infraestructura del Gobierno Federal, como asuntos de interés público y de seguridad nacional.

“Este acuerdo se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución Política nacional; es un atentado directo al principio de la división de poderes”, expresó el senador Noé Castañón a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“Este acuerdo excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo federal y legisla en materia de obras y asignaciones facultad exclusiva de este Senado y su homóloga, la Cámara de Diputados, se está vulnerando el estado de derecho, se está introduciendo en la vida interna y facultades de esta Cámara”.

La demanda de controversia constitucional tiene que ser suscrita o interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Usted, señora presidenta, sin duda al haber sido una de las ministras más brillantes y destacadas de la SCJN y que siempre sus resoluciones fueron apegadas al marco constitucional, en su facultad de representación de las senadoras y senadores, pedimos que suscriba la controversia constitucional”, dijo Castañón.

“Cito sus palabras, ‘una mujer interpreta de manera distinta; una mujer actúa de manera distinta’, y por tanto, en congruencia no de la declaración, sino de la acción, pedimos que sea usted quien interponga la controversia constitucional que estamos solicitando”.

El senador Clemente Castañeda, calificó el decretazo presidencial como un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho. Subrayó que obstaculiza el acceso a la información sobre estos proyectos; bloquea el ejercicio de derechos como los amparos; y representa un retroceso al sistema de planeación nacional pues cualquier ocurrencia será ejecutada como una obra pública prioritaria.

“Con el decretazo presidencial, el Gobierno Federal está cayendo en una especie de autoritarismo y, particularmente, en lo que nosotros podemos denominar, un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derecho”, dijo el senador Castañeda.

El Decretazo presidencial es un grito desesperado del Gobierno Federal ante el fracaso de proyectos: Clemente Castañeda

●      Movimiento Ciudadano está estudiando las distintas opciones jurídicas para combatir este decreto.

El decreto presidencial publicado ayer para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen autorizaciones provisionales para los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional es un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho, acusó el Senador de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda.

“Es un grito desesperado del Gobierno Federal ante el fracaso de sus principales proyectos. Es un atropello constitucional y a todas luces ilegal que permitirá que cualquier ocurrencia presidencial sea ejecutada como obra pública prioritaria”, aseguró.

Esta tarde en conferencia de prensa, acompañado por las senadoras y los senadores de la Bancada Naranja, el legislador por Jalisco advirtió que con este decreto el Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó al Estado mexicano y abre una ventana enorme de discrecionalidad para hacer lo que “se le pegue la gana”, obviando cualquier procedimiento legal y la normatividad.

“El problema es que en esta desesperación está cayendo en una especie de autoritarismo y particularmente, en lo que nosotros podemos denominar, un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derechos, que es lo más lamentable de todo este asunto”, comentó.

Castañeda subrayó que con este decreto:

1.     se obstaculiza el acceso a la información sobre estos proyectos;

2.     bloquea el ejercicio de derechos como los amparos;

3.      y representa un retroceso al sistema de planeación nacional pues cualquier ocurrencia será ejecutada como una obra pública prioritaria.

“No vamos a descansar hasta encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para defender lo que consideramos es, el interés público. Estamos revisando el mecanismo jurídico más adecuado para llevarlo a cabo, no podemos dar pasos en falso. Movimiento Ciudadano seguirá actuando con absoluta responsabilidad y vamos a combatir este decreto de frente y con la ley de nuestro lado”, puntualizó.

En su intervención, la Senadora Verónica Delgadillo, consideró que este decreto demuestra que el Gobierno federal protege la corrupción, opacidad y discrecionalidad en las obras prioritarias que tienen un gran impacto medioambiental y que ponen en peligro los recursos naturales de México.

A su vez, el Senador Luis David Ortiz, consideró que con este decreto, el Presidente ignoró al Congreso de la Unión, pues el contenido debió haberse intentado hacer, a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Añadió que aunque en este caso no procede la Acción de Inconstitucionalidad, sí se puede respaldar a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, el cual está analizando si procede jurídicamente contra el decreto.

En tanto, el Senador Juan Zepeda subrayó que la gravedad de este decreto es que al denominar a las obras del Gobierno federal como de “interés público” o “seguridad nacional”, ningún particular podrá solicitar información pública de estos proyectos y, en su caso, denunciar posibles actos de corrupción.

En ese sentido, señaló que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional es el mayor contratista del Gobierno federal al estar a cargo de varias obras del Gobierno Federal. Sin embargo, advirtió que se están cometiendo barbaridades, pues recientemente se detectó que el Ejército está entregando contratos a sobreprecios a empresas fantasma o factureras y otras violaciones a la normatividad.

Frente a políticas ambientales regresivas, la ley

de Economía Circular es un avance: Clemente Castañeda

●      La economía circular permitirá minimizar la extracción de recursos naturales, la generación de residuos contaminantes, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, e impulsará la generación de empleos.

●      “Todo esto resulta crucial para evitar que las posturas ideológicas y de corto plazo, como las que lamentablemente imperan en el actual gobierno, se apoderen de nuestro futuro”, dijo el legislador.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Economía Circular, aprobadas esta tarde por unanimidad en el Senado de la República, son legislaciones de avanzada y cruciales para evitar que las posturas ideológicas regresivas e irresponsables en materia ambiental del actual Gobierno Federal se apoderen del futuro de México, expresó el Senador integrante de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda.

En tribuna, el legislador por Jalisco dijo que Movimiento Ciudadano hace votos para que estas nuevas legislaciones se consoliden como un instrumento de desarrollo sostenible eficaz y con visión de largo plazo que reduzca los efectos negativos en el medio ambiente, y que atienda la emergencia climática con justicia social e innovación.

Castañeda destacó que se abre paso a una política de Estado en materia de uso eficiente de los recursos, de protección al medio ambiente, y de fomento al crecimiento económico y a la innovación. “Todo esto resulta crucial para evitar que las posturas ideológicas y de corto plazo, como las que lamentablemente imperan en el actual gobierno, se apoderen de nuestro futuro”.

¿Por qué es tan importante esta ley? En México se producen 44 millones de toneladas de basura al año, pero sólo se recicla menos del 10 por ciento. "La economía circular contribuirá a romper estos patrones insostenibles de producción y generación de basura. La reducción, la reutilización y el reciclaje serán los caminos para el manejo y aprovechamiento equilibrado de los recursos, y por lo tanto para disminuir la huella de carbono en nuestro país", explicó.

"Transitar hacia una economía circular podría reducir de manera sustancial los residuos industriales y sus emisiones en algunos sectores, como los de minerales y metales, plásticos, textiles, entre otros más. Además, permitirá minimizar la extracción de recursos naturales, la generación de residuos contaminantes, el consumo de energía y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sin contar otros beneficios económicos y sociales, como el impulso a nuevas industrias, a la innovación, a la competitividad y, por lo tanto, a la generación de empleos".

La nueva Ley General de Economía Circular promueve que:

• Los productos y materiales permanezcan en uso a través del rediseño de los mismos;
• Impulsa una política de cero residuos enfocada a promover la valorización y aprovechamiento de los residuos;
• Establece la obligación de contar con un Plan de Economía Circular para productores y comercializadores;
• Plantea un plan de manejo para aparatos eléctricos;
• Promueve el consumo responsable, el ciclo de vida de los productos, la concientización, y el valor del trabajo de los grupos informales de personas acopiadoras, entre otras.

El senador Clemente Castañeda recordó que desde hace cinco años, Movimiento Ciudadano, de la mano de la senadora Verónica Delgadillo, impulsa la agenda por un “México Libre de Plásticos”. Reconoció a las comisiones dictaminadoras, a las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, cuyas voces, dijo, hicieron posible una legislación que, aunque es perfectible, se puede considerar de avanzada para nuestro país.

En tanto, las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos introducen el principio de economía circular; establecen disposiciones para regular los residuos urbanos sólidos bajo un modelo de economía circular, incluyendo plásticos; prohíbe los plásticos de un solo uso con excepción de los de uso médico, cosmético e higiene; promueve la prevención, reducción del uso y consumo de los plásticos así como su rediseño, óptima recuperación, reciclaje y reintegración a una cadena de valor; prohíbe la disposición de residuos plásticos, su incineración, termovalorización o co-procesamiento si son susceptibles de ser reciclados o reutilizados, entre otras medidas.

Este último dictamen contiene cinco iniciativas presentadas por la Bancada Naranja en el Senado de la República durante la pasada Legislatura.