La mayor preocupación de las y los mexicanos es la crisis de violencia e inseguridad, crisis que al mismo tiempo tiene como causa y consecuencia la constante descomposición del Estado de derecho en México, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, durante el XVI Reunión Interparlamentaria España-México.
“Esta crisis tiene dos caras: por un lado, la grave situación de inseguridad y presencia del crimen organizado en buena parte del país, que se ha traducido en niveles insostenibles de violencia y corrupción; y, por otro lado, el debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano para hacerle frente al problema”, dijo el senador jalisciense.
En México se observan cifras históricas de violencia: cerca de 130 mil personas han sido asesinadas en lo que va del sexenio, para un total de cerca de 350 mil muertes en el contexto de la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Esto ha derivado en una violencia machista que registra más de 3 mil 400 feminicidios en los últimos 4 años y más de 35 mil personas desaparecidas.
“La respuesta del actual Gobierno mexicano ha sido el uso intensivo de las Fuerzas Armadas en todas las esferas de la vida pública, una renuncia implícita a fortalecer a las policías civiles locales y una desconfianza a la vía civil no sólo para enfrentar la inseguridad sino para conducir diversas políticas y programas de gobierno. El problema es que este uso intensivo del Ejército no se ha traducido en una mejora de los índices de seguridad; al contrario, en la última década a la par que se ha triplicado su despliegue se han triplicado los homicidios”, dijo Castañeda.
Clemente Castañeda destacó que no hay una estrategia de seguridad civil, federalista y de largo plazo; y lamentó que se pone en riesgo el prestigio, institucionalidad y fortaleza de las propias Fuerzas Armadas, al exponerlas a tareas que no les corresponden.
“México tiene claros y puntuales desafíos en materia de seguridad y construcción de paz. Es una violencia que se ha generalizado y que la sociedad misma ha normalizado, pero definitivamente no ha terminado por quebrar el aparato estatal ni por romper con nuestro pacto social. Nuestro país tiene opciones, existen instituciones que deben mejorarse, otras que necesitan renovarse, la ciudadanía ha construido bases sólidas que hoy representan contrapesos al poder y todo esto permite que se pueda trazar una ruta diferente al problema de la inseguridad”.
Espacios como la Interparlamentaria, dijo Castañeda, donde compartimos experiencias, hermandad y solidaridad, también deben servir para compartir preocupaciones y dialogar en torno a soluciones.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el senador integrante de la Bancada Naranja, Luis David Ortiz, presentó una iniciativa para tipificar el delito de tortura sexual que cometan servidores públicos con el fin de obtener información o una confesión.
Desde la tribuna del Senado, el legislador por Nuevo León aseguró que la violencia contra las mujeres es estructural y adopta muchas formas, entre ellas la violencia sexual. Aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado en cuatro ocasiones al Estado mexicano sobre la violencia cometida en contra de niñas y mujeres. El caso más reciente es el de San Salvador Atenco, en donde policías estatales cometieron violencia sexual en contra de 11 mujeres en el año 2006.
En estas sentencias, la Corte IDH ha definido la violencia sexual como una forma de tortura, por lo que el senador Ortiz consideró indispensable tipificar la tortura sexual en la legislación mexicana como una postura jurídica más amplia y garantista que el delito de violencia sexual.
“La violencia sexual es una práctica represiva para ejercer el poder y control sobre las mujeres, destacando que estas prácticas provocan un grave sufrimiento a las víctimas, siendo humilladas y castigadas. Estas sentencias marcan un paradigma muy importante y sentó precedentes a nivel internacional para establecer el término ‘tortura sexual’”, detalló.
“Cuando nos referimos a la tortura sexual hablamos de una postura jurídica más amplia y garantista que la de la comisión de un acto de violencia sexual aislado y particular, donde los fines son diferentes y que no tienen que ver con la configuración jurídica que se da de la violación sino con una relación teleológica que se establece por parte de los autores para conseguir otros propósitos diversos a los sexuales”.
El senador por Nuevo León aseguró que actualmente en México no existe una norma específica que tipifique y sancione la tortura sexual, por lo que es urgente garantizarle a las mujeres víctimas la posibilidad de que el delito que se cometió en su contra se investigará y juzgará.
La iniciativa propone reformar el Artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con la finalidad de establecer que comete el delito de tortura sexual el servidor público que, con el fin de obtener una información o confesión o como medio intimidatorio o de castigo, “realice por medio de la violencia física o moral actos sexuales, cópula con persona de cualquier sexo o agresiones físicas en los genitales o partes íntimas, con el fin de obtener información, intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar”.
Esta iniciativa fue suscrita por todas las senadoras y senadores integrantes de la Bancada Naranja.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
La senadora de Jalisco, Verónica Delgadillo, señaló que México vive una profunda crisis en materia educativa, que se gestó por el abandono de los gobiernos del pasado y la pandemia del coronavirus, pero que se profundizó por las malas decisiones que el gobierno federal ha tomado durante estos años.
“Cerraron las escuelas en un momento complicado, pero las cerraron sin una estrategia para atender a las niñas, niños y adolescentes, los dejaron a su suerte, igual que a los maestros y a los padres de familia, y los resultados de esta decisión los podemos ver, son palpables: 5 millones 200 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes abandonaron la educación en el ciclo escolar 2020-2021 y otro medio millón más en el ciclo 2021-2022”, puntualizó Delgadillo García.
En ese sentido, la Senadora de Jalisco dijo que este gobierno abandonó a nuestras niñas y niños, y profundizó la brecha de desigualdad educativa. “Por eso le preguntó, ¿qué le diría usted como Secretaria de Educación y Maestra a esos más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes a los que este gobierno condenó a abandonar la escuela y con ello renunciar a su posibilidad de un mejor futuro?
En esa primera intervención, la Senadora de Jalisco, también cuestionó el cierre del programa Escuelas de Tiempo Completo, que era estratégicas para la vida de 3.6 millones de niñas y niños, porque no sólo los formaban, sino que los cuidaban, alimentaban y daban herramientas de vida. “En ese sentido le pregunto, Secretaria, ¿cuándo van a entregar el famoso estudio con el que justificaron desaparecer las escuelas de tiempo completo y que hasta hoy misteriosamente no aparece?
En su segunda intervención, Delgadillo García cuestionó la negativa que ha existido por parte de la Secretaría de Educación Pública para reunirse con las organizaciones de la sociedad civil y con las madres y padres de familia para mejorar la propuesta de “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”
Asimismo, señaló que en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación al Programa Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, de 109 expedientes, en 106 no pudo ubicar a los beneficiarios de este programa ni tampoco garantizar que estaba inscrito en un programa de educación.
“Imagínese nada más, ese es el tamaño del nivel de desfalco, y sí, digo desfalco porque si el dinero no lo están recibiendo los estudiantes, entonces quién. Yo le pregunto: ¿usted sabe dónde está ese dinero? Si no lo están recibiendo ellos, ¿acaso este dinero está sirviendo para construir una estructura electoral o prepararse para las elecciones que vienen en camino?”, cuestionó.
Por último, la Senadora de Jalisco, lamentó que a cuatro años de gobierno sigan responsabilizando a las pasadas administraciones del fracaso educativo en el país, por lo que preguntó a la Secretaria hasta cuándo se les van a acabar los pretextos.
“Hemos sido testigos de que viene aquí una y otra vez a rendir cuentas en torno a la educación de nuestro país y cada vez que vienen responsabilizan al pasado, le echan las culpas al pasado, que no se pudo avanzar por el pasado. ¿Cuándo se les van a acabar los pretextos? Espero que se les acaben pronto porque ya sólo les quedan dos años, y creo que en estos dos años, no van a cambiar”, expresó.
“Y para terminar, Secretaria, yo le pregunto, cuando a ustedes se les acaben los pretextos, ¿quién de todos ustedes se va a hacer responsable del profundo fracaso educativo que hoy está viviendo México, el fracaso educativo más profundo de la historia reciente de nuestro país?”, finalizó Delgadillo García.
La senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, participó este martes como moderadora en la conferencia denominada “Generar empleos de cuidados” en la que tres especialistas presentaron diversas propuestas y alternativas para la generación de empleos del cuidado de infantes y personas adultas, y de asistencia de las personas con discapacidad, lo que ayudaría a las mujeres tener libre el tiempo que actualmente dedican a los cuidados no remunerados y contar con un proyecto de vida autónomo.
El evento, realizado este martes en el Senado de la República, contó con la participación de la Dra. Valeria Esquivel, especialista en Género y Políticas de Empleo en la Oficina Internacional del Trabajo (OIT); la Dra. Lucía Pérez Fragoso, consultora en Economía Feminista y especialista en Política Fiscal; y el activista por los derechos de las personas con discapacidad y profesor en la UNAM, Matías Santiago Alaniz, quien es un joven de 29 años con encefalopatía atetoide (parálisis que le dificulta el habla, la visión y el movimiento).
En su mensaje inicial, la senadora Patricia Mercado expuso que detrás de las brechas de género está la desvalorización del trabajo femenino, pues se confía en que las mujeres realicen trabajos de cuidados de forma no remunerada, pero no se confía en que puedan desempeñarse en un empleo con la misma seriedad y efectividad. Esto, aseguró, obliga a millones de mujeres a conciliar su vida laboral y personal con trabajos flexibles, de tiempo parcial o en la informalidad, lo que implica menores salarios, menores prestaciones, y menores posibilidades de ocupar cargos de alta responsabilidad.
“Tenemos que abrir un debate sobre el uso del tiempo, para que el concepto de trabajo digno traiga aparejado el derecho al tiempo libre y al cuidado. Las ciudades y su dinamismo económico requieren que replanteemos el diseño de los servicios públicos y el empleo de acuerdo a las actividades de cuidado. Por eso es que los empleos de cuidado pueden ser una oportunidad no sólo para el bienestar en los hogares de las personas que necesitan cuidados. También pueden beneficiar a todas las personas que con el acceso a estos servicios, puedan liberar tiempo dedicado a cuidados no remunerados y contar con un proyecto de vida autónomo”, explicó la senadora.
Mercado consideró que actualmente en México hay una crisis de las políticas públicas para el cuidado con la reducción de presupuestos y el desmantelamiento de programas como guarderías y escuelas de tiempo completo. Agregó que los programas sociales basados en transferencias monetarias no están teniendo un efecto para una mejor distribución de los ingresos y de los cuidados.
“Es urgente un apoyo material y de servicios en el territorio, de parte del Estado o con subsidios a organizaciones cooperativas o privadas, y también con una mayor participación de los hombres en tareas no remuneradas”, expresó.
A su vez, la Dra. Valeria Esquivel aseguró que la inversión en los servicios de cuidados no sólo abren la posibilidad de que las mujeres ingresen al mercado laboral, sino que también crea empleos directos e indirectos, lo que dinamiza la economía. En ese sentido, refirió que la ONU-Mujeres calcula que en un periodo de cinco años la inversión de México para un sistema de cuidado universal, gratuito y de calidad para infantes de hasta 5 años debe pasar de 0.45% a casi 2% del PIB, mientras que la inversión para servicios de cuidados de personas adultas mayores debe crecer del 0.09 actual al 0.39%.
“Es decir, en el caso de México, una inversión gradual nos permitiría avanzar en estas dos poblaciones, nos permitiría cubrir en un horizonte de planeación de cinco años tanto a los niños y niñas en edad preescolar como a los adultos mayores y personas con situaciones de dependencia que necesiten cuidados, y generar empleo decente. Esa es para nosotros en la OIT una manera de generar múltiples ganancias en el sentido de generar empleos de calidad, generar posibilidades de inserción laboral para las mujeres, generar bienestar de las personas que cuidan y cerrar brechas de género en un marco de crecimiento”, subrayó.
En tanto, la Dra. Lucía Pérez Fragoso expuso que es importante que el gobierno sea el principal garante de promover e impulsar los trabajos de cuidado, así como el encargado de diseñar políticas públicas para que estos empleos sean formales con todas las prestaciones de ley. Añadió que el gobierno también debe otorgar los servicios de cuidados necesarios en cantidad de cobertura y en calidad.
De igual manera, planteó la necesidad de que el sistema de cuidados tenga un mecanismo evaluador, que promueva la transparencia y una propuesta metodológica. “Todo esto genera empleos y servicios de cuidado para redistribuir el ingreso y redistribuir el cuidado del trabajo entre la población y, con ello, erradicar la pobreza y las desigualdades entre mujeres y hombres", comentó.
En su participación, mediante el uso de un dispositivo de voz artificial, el activista Matías Santiago Alaniz propuso la creación del Servicio de Asistencia Personal a nivel nacional que permita a las personas con discapacidad desarrollarse personal, académica y profesionalmente con el apoyo de una persona asistente. En ese sentido, se pronunció a favor de que se utilice el término de “asistente” en lugar de “cuidador” porque “al utilizarlo dejamos claro que las personas con discapacidad elevada sólo necesitamos apoyo de alguien más para realizar las actividades que nos son imposibles llevar a cabo por nuestra condición”.
“Propongo que el Servicio prevea que los familiares directos de las personas con discapacidad puedan ser sus asistentes personales y reciban un salario digno por este motivo siempre y cuando respeten en todo momento sus derechos, voluntad y preferencias”, planteó.
“Si se llegara a aprobar la creación de un Servicio de Asistencia Personal, México sería uno de los pocos países en dar un gran paso en el respeto cabal al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, puntualizó.
