El coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda, subrayó que el voto de los 12 integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en contra del dictamen que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028, no es en contra de las Fuerzas Armadas, sino en contra de prolongar una estrategia de seguridad fallida. Durante el posicionamiento que hizo en la tribuna del Pleno de la Cámara de Senadores a nombre de  la Bancada Naranja, el coordinador Castañeda aseguró que sí es posible construir la paz mediante una estrategia de seguridad civil sin necesidad de ampliar la permanencia del Ejército en las calles.

 “La Fuerza Armada Permanente ha cumplido en materia de seguridad pública, pero aquí no estamos discutiendo si hoy son necesarias o no. Claro que lo son y en gran medida lo son porque el Gobierno ha dejado de hacer lo que le corresponde para atender el problema de la inseguridad. La discusión debe servir para definir qué hacemos a partir de hoy para que las Fuerzas Armadas dejen de ser necesarias. Este dictamen, lo digo con toda responsabilidad, no responde a esta pregunta”, expresó.

 “En todo caso, lo que sí hace este dictamen es comprobar que durante cuatro años no hicieron nada en materia de seguridad, porque en casi cuatro años han sido incapaces de consolidar la Guardia Nacional que pidieron instituir, porque en casi cuatro años se dedicaron a abandonar a las policías locales y estatales, y renunciaron a construir una estrategia de seguridad pública eficaz, diferente y enfocada en la construcción de la paz. Dicho en otras palabras, desperdiciaron el tiempo y hoy quieren que la República pague por su incompetencia, que las próximas generaciones sigan condenadas a la misma receta del fracaso”.

 Castañeda afirmó que Movimiento Ciudadano siempre ha hecho un esfuerzo por construir un camino distinto para enfrentar la inseguridad pública en el país con propuestas como:

1. Crear un Plan para la Transición hacia un Modelo Policial Civil con un calendario puntual con metas y acciones detalladas para asegurar el retiro gradual e institucional de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
2. Un plan para el fortalecimiento y consolidación institucional y profesional de las policías locales, incluida una propuesta presupuestal seria y puntual con incrementos graduales durante los próximos 10 años.
3. Mecanismos reales de control parlamentario para la evaluación de los informes en materia de seguridad.
4. Una estrategia para el fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional civil.
5. Modificar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

 Al presentar un voto particular, el senador Noé Castañón aseguró que votar en contra del dictamen es votar a favor de regresar al Ejército a sus cuarteles para que dejen de hacer labores de seguridad pública y se obligue al Gobierno a fortalecer a las policías locales y a la Guardia Nacional civil. “Votar en contra es plantear el andamiaje para dar solución y corregir la estrategia fallida de seguridad pública. Votar en contra es el primer paso para reconocer el problema y dar una solución. Votar en contra es dar pauta al trazo de una estrategia de transición policial, es comenzar un estudio, diagnóstico e investigación para el diseño de políticas públicas para la prevención, persecución y sanción de delitos con base a la incidencia delictiva, al establecimiento de fondos especiales para la seguridad pública desde hoy”, expresó el senador chiapaneco.

“Esta modificación no es cierto que ayude a resolver el problema de la seguridad pública, no resuelve ni en tiempo ni en fondo y forma nada, es una simulación que condena al siguiente gobierno a seguir aplicando una política pública de seguridad que ha fallado por años, pues alarga el uso de las Fuerzas Armadas más allá del tiempo que le queda a esta fracasada Administración”.

 El senador Juan Zepeda, quien también presentó un voto particular, sostuvo que se requiere congruencia y dignidad para votar en contra de este dictamen. Pidió a sus homólogos recordar los asesinatos, represiones y detenciones arbitrarias cometidas por las Fuerzas Armadas durante las últimas décadas como Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya y Ayotzinapa.  “Cuando uno revisa los argumentos mediante los cuales están empoderando, como nunca, al Ejército, por supuesto que el argumento más endeble es el supuesto compromiso con la seguridad y la paz”, señaló.

La senadora Verónica Delgadillo cuestionó cuánta evidencia más necesitan, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena para que entiendan que la militarización no construye paz y sólo genera más violencia. “Si las senadoras y los senadores de Morena fueran responsables, igual que el Presidente, el debate no estaría ahí en ver si extendemos o no la presencia del Ejército en las calles, el debate estaría en cómo le hacemos para corregir la estrategia de seguridad fallida, cómo le hacemos para traer paz a nuestro país, cómo le hacemos para fortalecer a nuestros policías, cómo le hacemos para que la Guardia Nacional de verdad tenga un mando civil y no militar”, compartió.

 La senadora Delgadillo sostuvo que Movimiento Ciudadano no va a acompañar esta ocurrencia porque es un engaño y una simulación, por lo que urgió a las y los senadores de los otros grupos parlamentarios a frenar este dictamen y no permitir que el Gobierno doble al Poder Legislativo. “Lo que está hoy en juego en este espacio es que el Gobierno compruebe que pueda chantajear y comprar a senadoras y senadores, lo que está en juego es que el gobierno pueda doblar al Poder Legislativo, lo que está en juego también es la división y el respeto a los poderes, lo que está en juego es el equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Por eso les digo que no le fallen a nuestro país, aquí les van a aplaudir como focas, pero allá afuera se van a arrepentir de haber traicionado a nuestro país”, puntualizó.

 En tanto, la senadora Indira Kempis lamentó que tras 16 años de la militarización de la seguridad pública, persistan los secuestros, las desapariciones forzadas y las balaceras en todo el país.

 “Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le decimos: así no. Este es un falso debate sobre la seguridad pública, lo decimos después de 16 años de aprender el cómo sí hacer la paz, la seguridad y la tranquilidad que nace y sale confrontada con una clase política que no le va a devolver los hijos y las hijas a las madres buscadores, que no va a devolver la vida de esos muertos, que no va a parar con la violencia que hay en las calles. ¿Quieren vender esa fantasía? Háganlo, pero no jueguen con la vida pública de este país. Así no, señor Presidente. En Movimiento Ciudadano pondremos nuestros votos cuando realmente hablemos de seguridad”, aseveró. 

Las senadoras Indira Kempis y Alejandra León hicieron un llamado urgente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, para que México cumpla con el Acuerdo de París referente a generar al menos el 35% de energía limpia para 2024 y para que exista una política bilateral de control de armas con Estados Unidos.

 Durante la comparecencia del Secretario Marcelo Ebrard ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la senadora Indira Kempis dijo que la descarbonización del planeta, que es parte de los compromisos internacionales adquiridos por México, debe ser prioritaria para la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues “parece que nos estamos quedando cortos en esta materia”.

 “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pasa por la vena de la materia energética. Lo que ha pasado con las últimas reformas que tienen que ver con electricidad están minando la certeza jurídica de un sector que había ido avanzando y transitando en materia energética y que, sin embargo, con esto que está sucediendo hay incertidumbre, no hemos alcanzado el objetivo. El Gobierno lamentablemente ha reconocido que, de seguir esta tendencia, el país estaría emitiendo en el 2030 aproximadamente 991 millones de toneladas equivalentes a dióxido de carbono, que es una cantidad muy superior a la emitida en la actualidad”, señaló la senadora por Nuevo León.

“Esto es emergente, es urgente, deberíamos tener esfuerzos coordinados mucho más pertinentes por transitar a estas energías que están dependiendo de los combustibles fósiles a las energías limpias. Al inicio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el 23.2% de la generación eléctrica se hacía ya con energías limpias, incluyendo la nuclear, sin embargo, la cifra para el 2020 es el 28% y todavía 7% debajo de las metas establecidas por este gobierno”.

 En ese sentido, Kempis mencionó que ya ha presentado diversas iniciativas en materia de electromovilidad, por lo que pidió al Canciller Marcelo Ebrard su respaldo para impulsarlas con el apoyo del grupo mayoritario de Morena.

 En otro tema, la senadora por Baja California, Alejandra León, se refirió al tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, pues el 70% de los delitos registrados en territorio mexicano se cometen con armas provenientes de ese país, por lo que se necesita una verdadera cooperación entre ambas naciones.

 “Esta cifra no solo se refiere a los homicidios violentos, sino también a los cientos de miles de heridas de bala que se registran cada año, a las extorsiones, a los secuestros, a los robos con violencia y a otros que tanto perturban la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos decentes”, explicó la legisladora.

 La senadora aseguró que aunque se reconoce el esfuerzo de la Cancillería para controvertir judicialmente a las principales empresas norteamericanas armamentistas, esto no es ni será suficiente para frenar el tráfico de armas hacia México pues, más allá de indemnizaciones, se necesita una verdadera cooperación entre ambos países en materia de monitoreo y rastreo de armas, controles fronterizos y, sobre todo, una regulación seria de control de armas en Estados Unidos. “De lo contrario, las armas seguirán llegando a nuestro territorio para provocar más miedo, muerte y violencia”, afirmó.

 Por ello, la senadora le preguntó al Canciller:

• ¿Qué está haciendo el Gobierno de México para impulsar una política bilateral de control de armas?
• ¿Cuáles son los compromisos que ha establecido el Gobierno de México con la administración del Presidente Joe Biden, para atender la problemática del tráfico de armas?, ¿O este ni siquiera es un asunto que al gobierno norteamericano le interese tratar de forma seria? Si ese es el caso, ¿cuál será la respuesta diplomática del Estado mexicano?