• La vicecoordinadora Alejandra Barrales aseguró que enviar automáticamente a prisión a todas las personas sin haber sido previamente juzgadas es un desacato a sentencias de la Corte IDH.
• “Lo que esta reforma busca es convertir a las cárceles en espacios de espera interminable para personas que ni siquiera han sido juzgadas”, dijo el senador Luis Donaldo Colosio.
• El coordinador Clemente Castañeda lamentó que el bloque mayoritario confunda hacer justicia con encarcelar a la gente.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República votó en contra de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa porque esto no ayuda a disminuir la criminalidad ni la inseguridad en el país.

Durante la discusión en el Pleno del Senado de la República del dictamen que adiciona el párrafo 2° del artículo 19 de la Constitución, la vicecoordinadora de la Bancada Naranja, Alejandra Barrales, aseguró que enviar automáticamente a prisión a todas las personas sin haber sido previamente juzgadas es un desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y viola tratados internacionales.

La legisladora sostuvo que la ampliación de la prisión preventiva no mejora el sistema de justicia, sino que por el contrario lo debilita porque obstaculiza la evaluación individualizada a la que todas las personas tienen derecho.

“No hay una sola prueba que indique que la prisión preventiva disminuye la criminalidad. No hay autoridad, ni en el propio gobierno actual que pueda probar, que pueda tener una medición de que esta medida va a disminuir la criminalidad, pero por el contrario sí hay evidencias de que aumenta la tasa de reincidencia”, señaló.

“La prisión preventiva oficiosa desincentiva a las fiscalías a que realicen investigaciones exhaustivas, investigaciones sólidas, en vista de que la gente irá a prisión sí o sí pues ya no se esfuerzan por realizar un trabajo a detalle, a conciencia de las investigaciones a las que toda fiscalía está obligada”.

Barrales criticó que el gobierno de Morena abrace la misma fallida estrategia de seguridad de los gobiernos del PRI y del PAN al continuar con la misma línea de ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

A su vez, el senador Luis Donaldo Colosio consideró que esta reforma representa un error con consecuencias devastadoras para el sistema de justicia mexicano y para la gente más vulnerable. Agregó que esta reforma propone que el Estado opte por encerrar a la gente sin juicio y sin pruebas en lugar de trabajar en mejorar la capacidad de las fiscalías y de las policías y llevar ante la justicia a los responsables de los delitos.

“Lo que esta reforma busca es convertir a las cárceles en espacios de espera interminable para personas que ni siquiera han sido juzgadas. Se trata a esta gente como culpables antes de que un juez haya podido examinar su caso. Se les encierra, no porque se haya probado su culpabilidad, sino porque el Estado ha decidido que es más fácil meter a las personas a la cárcel que mejorar las capacidades de investigación de sus fiscalías”, indicó.

“Esta figura, que permite encarcelar automáticamente a una persona sin juicio, sin análisis, sin control judicial, convierte a la prisión preventiva que debería de ser una medida excepcional en una sentencia anticipada. Se viola el principio de presunción de inocencia y estamos despojando al juez de la capacidad de analizar si esta medida realmente es necesaria o proporcional a cada caso”.

El senador por Nuevo León afirmó que los delitos que más lastiman a la sociedad como el narcotráfico, el secuestro, el feminicidio y el huachicol están contemplados en el catálogo desde muchos hace años. No obstante, su incidencia no  se ha reducido su incidencia y, por el contrario, estos delitos siguen creciendo.

“La crisis de inseguridad en México no surgió por la falta de medidas punitivas y estas medidas no han servido para mitigarla. La prisión preventiva se requiere en nuestro sistema, pero justificada”, comentó.

En tanto, el coordinador de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda, lamentó que el bloque mayoritario confunda hacer justicia con encarcelar a la gente. Aseguró que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas más pobres.

El senador aseguró que el verdadero problema es que cerca del 90% de los delitos nunca se denuncia, una tercera parte de los delitos denunciados nunca son investigados, y menos del 16% de las investigaciones se resuelven.

“Si la prisión preventiva oficiosa fuera útil, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no hemos reducido las cifras de impunidad?”, cuestionó el senador.

“La criminalidad no se combate encerrando a la gente más pobre, se combate creando un Estado de Derecho fuerte, con medidas preventivas a la violencia, con cultura de paz, con mecanismos de procuración de justicia eficientes, con juzgadores imparciales, con policías que investiguen y con fiscalías que hagan su trabajo. Esta reforma no atiende ninguno de estos problemas, al contrario los profundiza”.

Castañeda hizo un llamado a trascender el constitucionalismo autoritario y el populismo penal para comenzar a legislar con convicción y con la mira puesta en instrumentos que ayuden a construir un México en paz.

Finalmente, el senador Daniel Barreda comentó que la prisión preventiva oficiosa representa un retroceso al principio de presunción de inocencia, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Añadió que otro punto alarmante de la reforma es la literalidad prohibitiva al exigir que las normas sean interpretadas de manera estricta, sin posibilidad de realizar interpretaciones analógicas o extensivas, lo que limita gravemente la capacidad de los jueces para adaptar las leyes a las particularidades de cada caso.

“Esta disposición transforma a los jueces en meros operadores mecánicos de la ley, debilitando la búsqueda de la verdadera justicia”, concluyó.