MOVIMIENTO CIUDADANO PROPONE LA CREACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SALARIAL
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Exponen eliminar a la Conasami por considerarla un reducto del autoritarismo y corporativismo en México.
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Que se vigilen y sancionen las prácticas discriminatorias en el salario y en las condiciones laborales.
En la voz de la senadora Patricia Mercado, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que plantea: desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para crear un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial, especializado, autónomo y de carácter técnico; fijar metas y objetivos en la recuperación inmediata del salario mínimo en México; una disposición para que se vigilen y sancionen las prácticas discriminatorias en el salario y en las condiciones laborales y, de la misma forma, se fija un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión adecúe la legislación laboral en este sentido.
La senadora ciudadana expuso que esta iniciativa propone que esta Legislatura remueva lo que calificó como uno de los últimos reductos del autoritarismo y del corporativismo en México: la Conasami. Explicó que esta comisión fue creada para proteger el ingreso de quienes tienen los menores sueldos; para evitar que los patrones abusen de su poder; para determinar el salario más bajo y el tipo de contratación y, se ha dicho, que es el pivote básico para desarrollar una política salarial que “reparta mejor” la riqueza que generan las personas que trabajan y las empresas y enfatizó: “Eso es precisamente lo que no ha ocurrido desde hace más de 35 años”.
Visto en perspectiva, abundó, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un fracaso histórico, un órgano extraño, capturado, que hace exactamente lo contrario a lo que le manda la Constitución. “Su misión ha sido aplastar el salario, no incrementarlo. Es un organismo capturado por intereses y visiones que provienen de los años ochenta y que en todo el mundo ha sido superada”, aseguró.
La senadora Mercado indicó que Movimiento Ciudadano, presenta esta iniciativa con plena conciencia de su carácter histórico. “En un contexto de shocks, crisis y reformas estructurales que afectaron de muchas maneras a quienes trabajan de forma asalariada -es decir, cuándo más necesaria era su protección institucional- los grupos más vulnerables experimentaron una drástica pérdida de su poder adquisitivo, debido a la caída de los salarios mínimos reales entre los años ochenta y noventa y su posterior estancamiento”, manifestó.
Refirió que la Conasami ha ejecutado una política de contención salarial, en abierta contradicción con la Constitución de la República (artículo 123 fracción sexta); la CONASAMI abdicó de su obligación constitucional, dijo. “Para nuestra vergüenza, México ha sido junto con Haití, el país de la región que en todo el siglo XXI, mantuvo al salario mínimo por debajo de la línea de pobreza”, aseveró.
“En el actual sexenio, el salario mínimo ha avanzado un peso cada año. Para alcanzar la canasta alimentaria: un peso por año. Con todas sus letras: el salario mínimo mexicano actual no solo viola cada día y de modo generalizado la Constitución de la República sino también otros 21 instrumentos internacionales firmados por México, tal y como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, subrayó.
Apuntó que el Congreso de la Unión ya prohibió, constitucionalmente, el uso del salario mínimo como unidad de medida para trámites, tarifas, multas, créditos, etcétera. “El objetivo expreso de esa reforma –aprobada por todas las fuerzas políticas del país- fue remover el principal obstáculo para el aumento del salario mínimo y lo desvinculó, lo desindexó en tiempo récord”, mencionó.
“La Conasami ignoró completamente ese proceso democrático. Le falló al país y se desentendió de esa misión para la cual la nación ya está preparada. Hay que repetirlo fuerte: la política de contención salarial es uno de los factores principales que ha sumido en la pobreza a la mitad de su población y a la desigualdad más extrema, por más de una generación”, aseveró.
Aseguró que se necesita una nueva política salarial, que se proponga un ascenso significativo y erradique toda práctica discriminatoria en el mercado laboral mexicano: a trabajo igual, pago igual. “En esa búsqueda, vamos a necesitar una institución renovada, competente, abierta, profesional. Un Instituto para la Evaluación de la Política Salarial que proponga cómo recuperar los salarios históricamente castigados en México, y lo haga de un modo pausado, progresivo. Es decir, una nueva institución de los salarios mínimos que coloque al país en la senda del objetivo constitucional”, aclaró.
La iniciativa expone que este nuevo Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial se integraría por cinco vocales designados por el Senado de la República con paridad de género. Las y los vocales deberán ser personas de reconocido prestigio y experiencia en materia de desarrollo social y políticas contra la desigualdad, que no hayan sido postuladas a cargos de elección popular por algún partido político o coalición en la fecha de las elecciones federales inmediatas anteriores ni hayan sido registradas en los padrones de afiliados de los partidos políticos en los últimos tres años; quienes deberán tomar sus decisiones y resoluciones atendiendo a las recomendaciones e informes periódicos que realicen las instancias especializadas, en este caso, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
“México está preparado para comenzar la recuperación de sus salarios y para arrinconar la aguda discriminación en el que se desenvuelve el mercado laboral. Necesita un nuevo instrumento, una nueva política, una nueva institución para lograrlo”, concluyó la senadora Mercado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidades de puntos constitucionales, trabajo y previsión social y estudios legislativos.