Poderes Judiciales locales del país no cumplen con

criterios de justicia abierta: Clemente Castañeda

• Presentan informe que reporta que 18 de los 32 Poderes Judiciales no reconocen ni registran número de sentencias emitidas.
• El senador Clemente Castañeda en conjunto con Equis Justicia para las Mujeres, presentaron una iniciativa a fin de que todas las sentencias sean públicas.

Los poderes judiciales de las 32 entidades federativas carecen de compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, resaltó el senador Clemente Castañeda, en la presentación del "Informe: (In)Justicia Abierta Ranking de la Opacidad Judicial”, presentado por la organización Equis Justicia para las Mujeres.

El informe que se construyó durante dos años a partir de solicitudes de información, plantea que la mejor manera de evaluar a los Poderes Judiciales locales es a través de sus sentencias, sin embargo, 18 de los 32 Poderes Judiciales no reconocen ni registran el número de sentencias emitidas, además de que en la mayoría de los casos no las hacen públicas.

“Es alarmante que ninguna entidad federativa alcanza el 50 por ciento de puntuación general en materia de transparencia sobre las sentencias, y resulta grave que, de manera generalizada, los Poderes Judiciales de México nieguen el carácter de interés público de las sentencias”, criticó Castañeda.

El informe reporta que ninguno de los Poderes Judiciales locales en el país cumple en justicia abierta, es decir, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia. Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, explicó que han colaborado con el Senador Clemente Castañeda, también Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, para la elaboración y presentación de una iniciativa para establecer que todas las sentencias sean públicas. 

Así, Equis Justicia para las mujeres y los senadores Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Patricia Mercado, junto  con senadores de otros grupos parlamentarios, presentaron el 10 de abril esta iniciativa que reforma la fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de que los poderes judiciales de todo el país publiquen el texto íntegro, en versión pública, de todas las sentencias.

“¿Por qué es importante que las sentencias sean públicas? Para garantizar el acceso a la información y a la máxima publicidad, pero también para evaluar y monitorear los procesos judiciales. De manera significativa, se trata de una reforma que serviría para detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales”, expresó el senador de Jalisco.

Hoy, el Artículo 73 de dicha Ley establece que los Poderes Judiciales deberán hacer públicas solo las sentencias que sean de interés público, pero esta disposición es un obstáculo contrario al principio de progresividad del derecho a la información y a la máxima publicidad, porque deja a su criterio determinar qué es de interés público y qué no, explicó Castañeda.

“La reforma permitirá a las personas ejercer su ciudadanía y hacer exigibles sus derechos, al contar con la evidencia de las resoluciones judiciales que les afecten, al saber por qué y con qué argumentos se tomó una decisión”, dijo Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, a la que se turnó esta iniciativa.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, manifestó que “La opacidad obedece a una posible estrategia, para que la ciudadanía no pueda evaluar, vigilar y controlar la labor del Poder Judicial”.

En la presentación del informe también participaron, Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón,  quienes coincidieron en que la falta de transparencia y rendición de cuentas genera la falta de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.