Legislatura:
LXIV
- Plantea senador Samuel García reforma al 217 de la Ley de Amparo
Movimiento Ciudadano planteó la ampliación del catálogo de jurisprudencia contenida en las reformas al Poder Judicial que presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La SCJN trazó dentro de sus propuestas que las sentencias de manera colegiada serán obligatorias para los tribunales, entre ellos, Sala Regional, Colegiados de Distrito, Tribunal Electoral, juzgados administrativos y laborales.
Para el senador Samuel García Sepúlveda, el alcance de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte debe ampliarse a todas las autoridades locales y federales en materia administrativa, por lo que propuso una reforma al artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
“La iniciativa que hoy pretendemos, es ir más allá, es que la jurisprudencia de la Corte y las sentencias que formen precedente sean también obligatorias para las autoridades administrativas".
“Desde hace tiempo resolvió que es obligatorio para autoridades administrativas acatar la jurisprudencia para respetar el principio de legalidad; sin embargo, hoy en día, como no hay una obligación expresa en la ley, Gobierno Federal, Estatal, Municipal y Paraestatales violan jurisprudencia y actúan en contra de los ciudadanos, porque no hay sanción”.
El legislador puso de ejemplo la jurisprudencia del derecho a la libre personalidad emitida por la Corte, ésta es violada por los estados al negar el registro civil el cambio de nombre.
Incluso, en materia fiscal, el SAT viola la devolución, en 45 días, a favor de los contribuyentes. En la actualidad, suma más de un año sin hacerlo.
“Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve al ciudadano irse al amparo, o a un municipio irse a controversia si esa resolución, cuando sea jurisprudencia no está obligada a aplicarla las autoridades?"
“Creemos profundamente que desde 2011 que hubo una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, todas las autoridades están obligadas a respetar de manera progresiva e universal los derechos humanos, pero si no ponemos claramente en la ley amparo que es obligatoria y que hay sanción si no se aplica, seguirá siendo letra muerta”, concluyó.
