Senadores de la Bancada Naranja presentaron acción de inconstitucionalidad contra la reforma que entrega el mando de la Guardia Nacional a la Sedena
• El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó dicha acción de inconstitucionalidad bajo protesta debido a que senadores y senadoras de distintas fracciones pretenden "lavarse la cara" por su inconsistencia en la lucha contra la militarización del país.
Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron hoy una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por Morena y sus aliados que entrega la coordinación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Desde Movimiento Ciudadano advertimos que llegaríamos hasta las últimas consecuencias para frenar este golpe a la Constitución que desvirtúa el carácter civil de la Guardia Nacional y formaliza su militarización”, señaló el senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.
La acción de inconstitucionalidad que presentó la Bancada Naranja del Senado alega cinco violaciones a la Constitución del decreto aprobado el 9 de septiembre:
1. Viola el pacto Constitucional, ya que mediante leyes secundarias excluye a la Secretaría de Seguridad del control de la Guardia Nacional para reasignarlo a la Sedena, en contradicción a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.
2. El Congreso de la Unión excedió su competencia, ya que la Constitución rechaza cualquier escenario en el que el cuerpo policial de la Guardia Nacional quede adscrito a un mando permanente distinto al civil.
3. Violenta el régimen transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional, ya que hace imposible que los elementos de la Guardia Nacional puedan estar subordinados a un mando civil, porque todos sus elementos estarían adscritos a la Sedena.
4. Transgrede el artículo 119, ya que ahora la Guardia Nacional podrá intervenir en la seguridad pública local, eliminando el requisito Constitucional de que la Entidad Federativa solicite su auxilio cuando se requiera.
5. El decreto, de facto, suspende las garantías y los derechos humanos constitucionales, ya que para aplicarse tendría que seguir el procedimiento establecido por el artículo 29 Constitucional. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó dicha acción de inconstitucionalidad bajo protesta debido a que senadores y senadoras de distintas fracciones pretenden "lavarse la cara" por su inconsistencia en la lucha contra la militarización del país.