Nosotros, en el Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz (IPTP), buscamos difundir los valores de tolerancia y paz en todo el mundo. En nuestras últimas cuatro sesiones, hemos acordado abordar conjuntamente los problemas que tienen un alto impacto en la paz y la seguridad internacional.

Preocupados por la creciente situación en Libia, que afecta tanto a su pueblo como a la estabilidad regional, consideramos que la intervención de fuerzas armadas en Libia es un punto de inflexión de alto peligro para la estabilidad del Estado y el bienestar de su pueblo.

Es de recordar que Libia es un miembro activo de la Liga Árabe, y que en su resolución del 31 de diciembre de 2019 se enfatizó "la necesidad de evitar la interferencia que podría contribuir a facilitar la llegada de extremistas extranjeros a Libia". También se expresó la "seria preocupación por la escalada militar que agrava aún más la situación en Libia que amenaza la seguridad y estabilidad de los países vecinos y de toda la región."

Por lo tanto, nosotros al ser defensores de la tolerancia y la paz, rechazamos y denunciamos la intervención militar de cualquier Estado sobre la soberanía y libre determinación de otro estado. Hacemos un llamado internacional a toda persona honorable que aboga por un mundo donde prevalezca la tolerancia y la paz, a rechazar el uso de fuerzas armas, mecanismos de muerte y destrucción como forma de "solución de conflictos".

Por último, respaldamos al pueblo libio, libre para establecer el control sobre su territorio bajo la máxima protección de los derechos humanos, ofreciendo nuestra ayuda para trabajar juntos en la construcción de un mejor futuro para los niños y niñas de Libia.

Senadora Verónica Delgadillo Representante en México de Global Council For Tolerance and Peace

• Tan solo en Nuevo León existen en proceso 22 peticiones a los tribunales para obtener la protección del amparo. 

El senador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció este lunes que ya se ganaron los primeros 4 amparos a nivel nacional para que la población mantenga la atención médica del Seguro Popular, que el nuevo esquema del INSABI les arrebató.

El legislador federal detalló que tan solo en nuestra entidad se han presentado 22 peticiones a los Tribunales para que protejan el derecho a la salud de 21 habitantes de Nuevo León y 1 de Coahuila.

Acompañado del líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, Agustín Basave Alanís, García Sepúlveda invitó a toda la población que se sienta afectada a acercarse a la sede estatal del partido para recibir la asesoría legal correspondiente. 

“El viernes pasado dimos a conocer que hoy lunes íbamos a tener listo el amparo y ofrecerlo a toda la población de Nuevo León, pero el tema es tan grave y mayúsculo a nivel nacional, que realmente desde el viernes tenemos listo el machote, se compartió con todas las comisiones y dirigencias de Movimiento Ciudadano, se compartió a ONG´s, asociaciones de salud y desde el mismo viernes se han estado presentando; como es un tema de salud que importa por la vida y las enfermedades, se estuvieron recibiendo también sábado y domingo”, comentó Samuel.

Detalló que en el amparo se está planteando que todos los mexicanos tienen el derecho humano a la salud, sin importar si estaba o no en el Seguro Popular y se solicita que se hagan valer los tratados internacionales a los que México está adscrito.

García explicó que los amparos obtenidos dicen de forma textual que “se otorga la suspensión a la parte quejosa, es decir quien se ampara, para que se le dé de manera inmediata atención médica, hospitalaria y de rehabilitación y todas las cuestiones que deban de realizarse para salvaguardar su integridad física, mental y su salud”.

Aunado a ello, se les ordena a las instituciones de salud dar puntual seguimiento a las enfermedades o padecimientos de cada paciente, aplicar las medidas necesarias para otorgar el tratamiento médico, brindar medicamento, oxígeno, rehabilitación, intervención quirúrgica en caso de ser necesario, asesoría nutricional, apoyo psicológico o emocional, prótesis, aparatos auditivos, anteojos, andadores, sillas de ruedas y cualquier equipo médico o de rehabilitación que se requiera en casos de falla física.

En los casos de enfermedades más avanzadas también se ordena que se brinde marcapasos, quimioterapia, radiación y cualquiera relacionado a urgencias.

“Los ciudadanos que hoy, cualquiera de esta lista, no se lo proporcione cualquier institución sea federal o local, con esto se obliga al director o al encargado del instituto a dar el servicio so pena de desacato”, detalló el senador.

Los derechohabientes que ya han sido protegidos por el Poder Judicial son habitantes de Tamaulipas, Coahuila, Puebla y Nuevo León.

En este mismo sentido, el líder de Movimiento Ciudadano, Agustín Basave, señaló que se trata de un esfuerzo por parte de MC y del Senador Samuel García para apoyar a la población y el cual no persigue fines políticos.

“El viernes adelantábamos el esfuerzo que iba a hacer Movimiento Ciudadano Nuevo León, específicamente Samuel García por defender a la población que está sufriendo los estragos de la mala planeación y pésima implementación de esto que esta transición del Seguro Popular al INSABI”, comentó.

“Por la premura de los tiempos, del día viernes a la fecha, nosotros hemos estado presentando lo juicios de amparo, las demandas y podemos informarles que ya tenemos casos, 4 específicamente, en donde ganamos la suspensión de oficio”, concluyó. 

• Con la aprobación de este dictamen en el Pleno se faculta al Congreso para emitir una futura Ley General de Seguridad Vial.
• El objetivo es reducir los altos índices de mortalidad a causa de los siniestros viales.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a los artículos 4, 73, 115 y 122 de la Constitución con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad vial y reconocer el derecho a la movilidad, una agenda impulsada por la senadora Patricia Mercado en su calidad de Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

Al presentar el dictamen aprobado en conjunto con las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, la Senadora ciudadana expuso que se alcanzó un consenso tras más de un año de trabajo y que recoge cinco iniciativas de reforma constitucional. En ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han presentado iniciativas en materia de seguridad vial desde hace 9 años, por lo que estas reformas cristalizan una causa promovida por distintos grupos parlamentarios y legislaturas, así como por organizaciones de la sociedad civil.

Patricia Mercado mencionó que diariamente mueren 44 personas en hechos viales en el país; también refirió que datos del INEGI revelan que es la primera causa de muerte en niñas, niños y jóvenes entre 1 y 24 años. “Cada día 44 personas salieron de su casa hoy por la mañana y ya no van a regresar porque habrán muerto en un hecho vial, 44 personas que se despidieron y ya no van a regresar”, expresó desde la tribuna.

Señaló que esta reforma recopila el trabajo de ocho foros regionales, a los que asistieron titulares de las áreas de movilidad y tránsito de la mayoría de los estados de la República; presidentes y presidentas de las comisiones de movilidad o transporte en los congresos locales, así como presidentes y presidentas municipales y gobernadores, quienes tuvieron la oportunidad de expresar las problemáticas y propuestas encaminadas a reducir los riesgos en las vialidades.

“En el camino de esos ochos foros se planteó la necesidad de tener una reforma constitucional antes de legislar sobre seguridad vial y movilidad. Es decir, la Constitución nos tenía que dar permiso en el artículo 73 al Congreso de la Unión para generar una Ley General de Seguridad Vial”, argumentó.

La aprobación de estas reformas constituyen un avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y dan certidumbre para dictaminar las diferentes iniciativas existentes en materia de seguridad vial.  “Si nosotros no hiciéramos nada y siguiéramos como seguimos hasta ahora, más o menos 1.5% de reducción de estas muertes, llegaríamos al año 2055 apenas a cumplir la meta que nos trazamos para el 2030 (…) Tenemos que acelerar el paso y esta reforma constitucional lo hace”, aseveró.

Celebró que nueve estados ya cuentan en su constitución con el derecho a la movilidad, ya que en las zonas metropolitanas viven el 70% de las personas. “Es una ley que coordina concurrencias, no invade competencias de municipios o de estados, al contrario, es una propuesta para aterrizar esta reforma constitucional en una Ley de Seguridad Vial”, explicó.

La minuta con las reformas constitucionales aprobadas se turna a la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobada, se remite al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

• Inconstitucional verificación a empresas; detonará amparos.
• Viola artículos 16 y 89 de la Constitución.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, afirmó que los cambios en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá abre la puerta a una ola de amparos contra la intervención Estados Unidos en México en materia laboral. La adenda del TMEC es inconstitucional al crear agregados laborales de los países socios, que vigilarán a las empresas mexicanas (in situ) en el cumplimiento de la ley del trabajo, que llevarán los casos ante paneles.

“Creemos que va a haber una DEA en materia laboral en México y lo más preocupante es que sería completamente inconstitucional, se violaría el artículo 16 y 89 de la Constitución, esto va a  provocar una gran ola de amparos y la inconformidad de los empresarios con este tema”, dijo.

El artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su propiedad sin mandamiento escrito de la autoridad competente motivado y fundado; en tanto el artículo 89, indica que el Ejecutivo federal está obligado a dirigir una política exterior de no intervención.

“Por ningún motivo, un servidor público gringo es competente para venir a revisar las empresas mexicanas, esto va a provocar una ola de amparos, ¿cómo van a entrar los americanos entrar a nuestras empresas si no son autoridades competentes y jamás van a tener un documento fundado y motivado para hacer un acto de molestia”.

“En segundo lugar, recordarle al Presidente que el artículo 89 Constitucional exige que el Poder Ejecutivo cuando haga la política exterior nunca puede permitir el principio de intervención, ¿Cómo este Senado va a ratificar un adendum que viola el artículo 16 y 89 de la Constitución?, ¿Qué empresario va permitir que lleguen a su empresa un funcionar de estados unidos a revisar que si se aplica la ley del trabajo?, obviamente es una ridiculez”, dijo.

El emecista aseguró que los amparos contra las inspecciones procederán porque una adenda del TMEC no puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Por otra parte, reprobó los cambios a las reglas de origen para proteger a las grandes armadoras automotrices estadounidenses.

En materia ambiental, señaló que las modificaciones al TMEC finalmente obligarán al Presidente a cumplir tratados internacionales y a reducir las emisiones de CO2.

“Lo obligan a invertir en energías renovables, porque hoy parece que todo el mundo de AMLO es: Dos Bocas, Dos Bocas, Dos Bocas”.