LXIV

Movimiento Ciudadano propone elevar a rango constitucional

la obligación de luchar contra el cambio climático

 

  • En el discurso, el Gobierno de México se ha presentado en la arena internacional como una Administración comprometida con la lucha contra el cambio climático, pero sus políticas públicas son regresivas.
  • Las declaraciones del titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, confirman que el Gobierno Federal no tiene interés real en la protección del medio ambiente, más bien, parece un botín entre secretarios del gabinete.
  • La iniciativa que presentan los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, busca parar las políticas regresivas de la presente Administración Federal y mantener una ruta de mitigación del cambio climático.

 

Frente a la política hostil del Gobierno Federal hacia el medio ambiente y ante a su negacionismo del cambio climático, las y los ciudadanos mexicanos necesitan contar con instrumentos jurídicos que los empoderen en la defensa de sus derechos, de la naturaleza y de un mejor futuro para México y el mundo, expresó el senador Clemente Castañeda.

“Es impostergable frenar la tendencia hostil al medio ambiente del actual gobierno, por eso presentamos una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a rango constitucional la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una política nacional de mitigación del cambio climático”, dijo el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y vicecoordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República.

La iniciativa que presentaron el 28 de julio pasado los senadores Castañeda y Verónica Delgadillo, plantea:

  • Reforma al artículo 4 constitucional para quedar: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y contará con una política nacional para la mitigación del cambio climático”.
  • En transitorios, establece la creación del Programa de Revocacionamiento de la Política Energética y Ambiental de México, donde se definan acciones concretas en favor del medio ambiente, las energías limpias y la mitigación del cambio climático, así como metas concretas para el cumplimiento de las contribuciones de México en el Acuerdo de París, y los objetivos en la Ley General del Cambio Climático y la Ley de Transición Energética.
  • Y, frente a la emergencia sanitaria y económica provocada por COVID-19, así como la urgencia de construir un plan nacional de reactivación económica, establece que tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión y los Gobiernos estatales, tomarán las medidas necesarias para estimular y fomentar las actividades económicas con perspectiva sustentable, de protección al medio ambiente y de mitigación del cambio climático.

Las declaraciones que se hicieron públicas del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, confirman dos cosas, que el Gobierno Federal no tiene interés real de proteger el medio ambiente, y que al no existir una clara y estricta política medioambiental, se presta a los intereses y las interpretaciones de los secretarios del gabinete federal.

“Los proyectos faraónicos del Gobierno Federal son una abierta contradicción al compromiso de defender el medio ambiente. Recordemos el proyecto turístico del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que se construyen pese a todos los estudios y advertencias del daño ecológico que significarán, y el último ejemplo es el intento por frenar el desarrollo de energías limpias”, dijo Castañeda.

El Programa para Medio Ambiente de la ONU manifestó que “La nueva Administración de México ha estancado años de progreso en el sector energético. Sus decisiones amenazan con revertir el progreso hacia una acción climática mejorada y el uso de energías renovables”.

Pese a la vulnerabilidad medioambiental de México y de los compromisos firmados en el Acuerdo de París, así como con las metas de la Ley General de Cambio Climático, el Gobierno Federal va abiertamente en el sentido opuesto. El último ejemplo de esto, es el acuerdo publicado en el Centro Nacional de Control de Energía para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con el que suspendió indefinidamente la operación de centrales de energías limpias.

Hace una semana, la senadora Verónica Delgadillo convocó al Gobierno Federal, organizaciones civiles, activistas y académicos a impulsar un Trato Verde por México para que la recuperación económica sea con una perspectiva de justicia ambiental y solidaridad social para luchar por un mejor futuro.

“En Movimiento Ciudadano, con esta reforma que eleva a rango constitucional la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una política nacional de mitigación del cambio climático, busca que los mexicanos y mexicanas cuenten con un dispositivo constitucional a prueba de vaivenes políticos e ideológicos; a prueba de intereses cortoplacistas y visiones sesgadas”, subrayó el senador Clemente Castañeda. 

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Se solicita a la FGR realizar las investigaciones correspondientes por hechos de corrupción dentro de los procesos de licitación y contratación de bienes y servicios para la construcción de la refinería “Dos Bocas”.

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Si no hay una respuesta vamos a regresar con las denuncias pertinentes para que no haya más corrupción y que también haya justicia en estos dos casos, advirtió la legisladora.

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El punto de acuerdo propuesto por la senadora Verónica Delgadillo y el senador Clemente Castañeda hace un llamado a la SFP a realizar una auditoría a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Bienestar para examinar y fiscalizar la legalidad en la construcción y desarrollo de Dos Bocas y el programa Sembrando Vida.

 

La senadora Verónica Delgadillo asistió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República con la finalidad de presentar una petición de derecho para que la FGR dé a conocer si se están investigando los posibles actos de corrupción en la construcción y desarrollo de Dos Bocas y el programa Sembrando Vida. “Venimos a saber qué está pasando, cómo van las investigaciones y si no las han hecho queremos que nos lo informen”, dijo.

Particularmente solicita que  la Fiscalía General de la República informe de las acciones implementadas ante estos hechos que revisten características de un posible delito, así como de la existencia de investigaciones en curso relacionadas por ambos señalamientos.

La legisladora detalló que desde noviembre de 2018 para el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas se realizaron afectaciones irreversibles al medio ambiente por ser desmontadas cerca de 300 hectáreas de vegetación de selva y manglares. Asimismo, expuso que además del daño medioambiental y la poca viabilidad financiera, recientemente se dio a conocer que el Grupo Huerta Madre se constituyó como empresa tan solo en cinco días antes de recibir un contrato por cerca de 5 mil millones de pesos para llevar a cabo la construcción de las plataformas de la nueva refinería.

Por otra parte, en el programa que ha implementado la Secretaría de Bienestar de Sembrando Vida, la legisladora explicó que ha sido señalado por campesinos y beneficiarios de este programa, quienes han recibido una serie de amenazas y han sido afectados por posibles delitos de corrupción.

Después de que se dieran a conocer las nuevas irregularidades llevadas a cabo en la construcción de la refinería Dos Bocas y en el desarrollo del programa Sembrando Vida, específicamente en la asignación de contratos y en la denuncia de delitos por hechos de corrupción, la senadora Verónica Delgadillo y el senador Clemente Castañeda propusieron un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a la Fiscalía General de la República (FGR) a llevar a cabo una auditoría, fiscalización e investigación de la legalidad en los procesos de construcción de la refinería Dos Bocas, así como en la implementación del programa Sembrando Vida.

Los principales problemas denunciados han sido la entrega de semillas fuera de la temporada de lluvias, falta de plantas de árboles maderables y frutales, falta de insumos, materiales y herramientas, así como la falta de transparencia respecto al alcance de dicho proyecto.

 

En dicho tenor el punto de acuerdo propone lo siguiente:

 

PRIMERO. Se exhorta a la SFP a realizar una auditoría y revisión a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Bienestar con el objeto de examinar, y fiscalizar la legalidad en su gestión y encargo en la construcción de la Refinería Dos Bocas y en el desarrollo del programa Sembrando Vida, correspondientemente, así como a promover ante las autoridades competentes las acciones que procedan con base a los resultados obtenidos.

 

SEGUNDO. Se exhorta a la FGR a realizar las investigaciones correspondientes en materia de delitos por hechos de corrupción dentro de los procesos de licitación y contratación de bienes y servicios para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, así como en aquellos procesos implementados en el desarrollo del programa federal denominado “Sembrando Vida” .

 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a investigar la posible existencia de riesgo de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales en la implementación del programa federal “Sembrando Vida”.

 

“Por mi parte y por parte de mi compañero Clemente vamos a esperar los tiempos indicados en la ley para recibir la respuesta por parte del fiscal, pero de una vez lo decimos, si no hay una respuesta vamos a regresar con las denuncias pertinentes para que no haya más corrupción y que también haya justicia en estos dos casos”, señaló enfática la senadora Verónica Delgadillo.

 

  

 

  • Señalan obras públicas urgentes en documento y falta de apoyo federal. 

 

Los senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por Nuevo León respaldaron la petición de los alcaldes del área metropolitana para llevar a cabo una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañana, los legisladores Indira Kempis, Samuel García y Víctor Fuentes, recibieron el documento con la petición, en el cual los alcaldes señalan las obras de infraestructura que urgen tras el paso del huracán Hanna, así como la falta de apoyo por parte de las autoridades federales radicadas en el Estado.

"Nosotros estamos en el mismo sentido de urgencia de las y los alcaldes de Nuevo León, necesitamos atención; lo exigimos y pedimos desde aquí esta audiencia al presidente de la República”, dijo Kempis. 

El senador Samuel García señaló que los tres estados del noreste afectados son los que más ponen a la Federación y reprochó que el presidente no haya atendido aún  a los gobernadores que están pidiendo cambiar el Convenio Fiscal.

“El llamado es muy puntual al presidente de la República porque estos 3 estados son los que más le ponen al país, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, llevan 40 años poniéndole a la Federación un dineral y hoy que los ocupamos, hoy que nos urgen el apoyo del Gobierno Federal, le pedimos al presidente que no nos dé la espalda.”

“Hoy requerimos el Fonden para poder reactivar la vialidad y cientas y miles de casas inundadas, damnificadas, pedimos celeridad. Creo que es clave mencionar que van 9 meses que los gobernadores le piden audiencia al presidente, no los atiende, pero sí atendió a una abogada laboral parista que está haciendo daño en la frontera”.

"Hoy le pedimos con todo respeto que nos atienda también a este grupo de senadores preocupados por el Hanna, para que podamos pronto echar andar los trámites y los procesos, y que el recurso llegue a Nuevo León; y también porque no, a Coahuila y Tamaulipas”, dijo García Sepúlveda.

En tanto, Víctor Fuentes subrayó que los 3 senadores se unen a la propuesta de los alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

"El día de ayer el Gobernador del Estado mandó lo que es el primer paso para la activación del proceso, que es la solicitud de declaración de desastre natural. Una vez que el Gobierno de la República dé contestación al mismo, se tendrá que continuar con los procesos establecidos para llevar a cabo la recuperación de dinero del Fonden y posteriormente la reparación de los daños”. 

El legislador Samuel García pidió que a los involucrados en la corrupción de Pemex se les aplique la extinción de dominio, entre ellos al exdirector Emilio Lozoya, quien esta mañana tuvo la audiencia por los casos de corrupción durante su gestión en la petrolera.

 

El senador Samuel García Sepúlveda, indicó que el proceso contra Lozoya debe tocar al expresidente Enrique Peña Nieto y al excanciller, Luis Videgaray.

 

"Que esto no se convierte en un show como el tema del avión y que no queremos ver a Lozoya en los billetes y rifas, queremos un juicio transparente, serio, sin errores y por supuesto muy público, no por WhatsApp, como ahorita lo tiene el Consejo de la Judicatura. Lo que queremos es que además de la cárcel se regrese lo robado vía extinción de dominio, fueron mil millones de dólares los que, vía moches, mordidas, corrupción, lavado y tráfico de influencias, se perdieron dejando a Pemex en bancarrota”.

 

"También pedimos obviamente que se llegue a las últimas consecuencias, a los más altos mandos, me refiero a los autores: presidente Peña Nieto, Luis Videgaray”, dijo.

 

El legislador confió en que el exfuncionario revele la verdad de los casos como Agronitrogenados; Odebrecht que apunta hacia un financiamiento ilegal a las campañas del PRI o el de la Reforma Energética, en el cual ha trascendido una cadena de moches a diputados cuando fue aprobada.

 

"Vamos a estar dando seguimiento a estas audiencias y buscando profundamente, además de cárcel, que se sepa la verdad, quienes recibieron moches, dinero, lavado; cómo se compró el voto en la campaña presidencial del PRI, qué partidos estuvieron inmiscuidos en estas reformas".

Video Lozoya:

 

https://we.tl/t-UpgmoVwID8

 

 

        · Da prioridad a la protección de adultos mayores. 

      · Multiplica el tope del IPAB hasta 800 mil udis.

 

Con el objetivo de proteger a los ahorradores frente a casos como el de Banco Famsa, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó una iniciativa que modifica la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Instituciones de Crédito.

 

“Es por todos conocido la bancarrota a la que llegó Banco Famsa, que dejó a miles de familias sin ahorros, sobre todo a adultos mayores. No es la primera vez que se deja desprotegido a los usuarios, ya había sucedido con (la Sofipo) Ficrea, que desde hace años a muchos usuarios de México y Nuevo León los tiene sin recuperar su dinero”.

 

"Para que ya no vuelva a pasar esto, el día de ayer registramos una iniciativa para modificar estas dos leyes y ser mucho más contundentes, que no vuelva a pasar lo de Ficrea ni Famsa, queremos subir el tope del IPAB, que no solamente llegue a 2.5 millones (400 mil udis) sino que suba a 5.6 (800 mil udis) como sucede en Estados Unidos”, dijo.

 

Las reformas consideran un monto en el pago de obligaciones garantizadas para personas morales; el fortalecimiento de las medidas preventivas y correctivas, con relación a la procuración de solvencia de las instituciones de banca múltiple, requerimientos de liquidez, y constitución de reservas preventivas, a efecto de proteger el sistema de pagos y al público ahorrador.

 

Asimismo, endurecimiento de sanciones, la remisión de un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Congreso de la Unión, sobre las determinaciones que motiven la declaración de revocación de la autorización, y la consecuente liquidación, de la institución de banca múltiple de que se trate.

 

Además, que las instituciones de banca múltiple publiquen trimestralmente en sus portales de internet los indicadores más representativos de su situación financiera, administrativa y de su cartera, en un lenguaje sencillo, claro y en formatos accesibles; la actualización periódica de planes de contingencia ante escenarios adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez, y priorizar en el pago de obligaciones garantizadas el que corresponda a las personas adultas mayores.

 

Famsa:

https://we.tl/t-XRcdT7ySTf

 

Recursos NL:

https://we.tl/t-lSBpzRW4FK

 

 

Verónica Delgadillo llama a un Trato Verde por México

 

●      Necesitamos un trato verde  con justicia medioambiental y solidaridad social para luchar por nuestro futuro.

●      De seguir así, no habrá ni planes, ni cuarentenas, ni vacunas, ni medicamentos, ni cubrebocas que puedan salvarnos.

●      La senadora propone 9 acciones inmediatas al gobierno federal en materia de medio ambiente y combate a la pobreza.

 

"Hoy hago un llamado urgente al Presidente de la República, a los gobiernos, sociedad civil, expertas, expertos y a la gente de este país para hacer un Trato Verde por México para la recuperación económica, un trato para luchar por nuestro futuro. Necesitamos un Trato Verde porque el modelo de desarrollo económico que se ha impulsado es una maquinaria de pobreza, desigualdad y destrucción de la naturaleza. Un trato para encontrar nuevas formas de generar riqueza, bienestar, energías limpias y proteger el medio ambiente”, señaló Verónica Delgadillo.

Acompañada por Adrián Fernández de Iniciativa Climática de México; Rodrigo Echecopar, Legislador de Chile y promovente de Nuestra América Verde; Javier Peña de Hope España; y Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la senadora Verónica Delgadillo mencionó que necesitamos un  Trato Verde porque si seguimos como hasta ahora, en menos de 10 años estaremos ante el umbral de una emergencia climática y de llegar a ese punto, no habrá ni planes, ni cuarentenas, ni vacunas, ni medicamentos, ni cubrebocas que puedan salvarnos.

La senadora Delgadillo dijo que la pandemia actual ha puesto en jaque al mundo entero, “paralizó al sistema económico, le ha arrebatado la vida a cientos de miles de personas y le dió un giro de 180º grados a la realidad que experimentamos. Hoy padecemos una pandemia que no vino a plantearnos nuevos problemas, sino a evidenciar y potenciar los que ya teníamos, por eso la necesidad de un Trato Verde para salvar a las y los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

La legisladora propuso nueve acciones concretas que el gobierno federal puede poner en marcha de inmediato para sumarse a un Trato Verde. Explicó que este llamado también es para la comunidad científica, académica, organizaciones de la sociedad civil, activistas, expertas y expertos, con el objetivo de que pongan sus conocimientos al servicio del país y se articule todo ese trabajo para integrarse en un trato que ayude a construir un México del 2050 en el que se garantice un desarrollo social con justicia ambiental. “Sin justicia ambiental no hay justicia social”, subrayó la legisladora.

En uso de la voz, Rodrigo Echecopar, legislador de Chile y promovente de Nuestra América Verde, expuso que existe una intersección entre la crisis sanitaria y económica y la crisis de la emergencia climática a nivel global. Refirió que la CEPAL advirtió que 45 millones de personas pasarán a situación de pobreza, por lo cual es fundamental implementar medidas que ayuden a combatir la crisis.

Por su parte, Javier Peña, CEO de Hope España, explicó la urgencia de transitar hacia las energías verdes y renovables, ya que no se puede sostener ni retrasar este cambio que podría generar un nuevo paradigma para vivir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza. “El primer deber de un representante público electo es trabajar para defender el interés general y el bien común y por encima de todo, el derecho a la vida y a tener un futuro digno de las personas a las que representan”, sostuvo.

Adrián Fernández, integrante de la Iniciativa Climática de México, señaló que el gobierno federal debe ser el primero en cumplir las leyes de México y los acuerdos internacionales plasmados en la Ley General de Cambio Climático. Asimismo, explicó que es necesario salir de esta crisis con políticas fiscales progresivas que ayuden a tomar medidas concretas para ayudar a las personas que menos tienen.

Gustavo Alanís director de CEMDA, destacó la necesidad de garantizar los derechos humanos ambientales porque a pesar de que están consagrados en la Constitución, en la práctica no se garantizan. Manifestó que en México existe una pobreza presupuestal que provoca que la autoridad ambiental esté incapacitada para atender los problemas, tan solo en los últimos siete años el presupuesto se ha reducido casi al 60%, “No podemos permitir que se hagan las cosas violando el marco jurídico ambiental en proyectos como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Tenemos que recuperar esa legalidad y ese Estado de derecho”, puntualizó.

Al concluir la senadora Verónica Delgadillo señaló que México necesita un Trato Verde en el que los menos sean los más, en el que el viento que sopla, el agua que corre y el sol que brilla sean la energía que le dé vida y una esperanza de futuro a cada rincón de México.

 

Acciones concretas e inmediatas para el Gobierno Federal

Medio ambiente :

1.     Revisar y replantear la política medioambiental que se ha implementado hasta ahora para garantizar la protección del medio ambiente y el combate a la emergencia climática,

2. Presentar un Presupuesto de Egresos 2021 verde, con sentido de justicia social, combate a la emergencia climática y una apuesta decidida a la salud, las energías limpias, la innovación, educación, ciencia y tecnología.

3.  Dejar de lado la promoción y perpetuación de los combustibles fósiles para abrazar una gran transición energética para beneficio de  México.

4.  Cumplir con los compromisos contraídos por la firma de acuerdos y convenios internacionales en materia de desarrollo sostenible y política ambiental.

5.    Cumplir y hacer cumplir la legislación nacional en materia de desarrollo sostenible y política ambiental. 

6.     Impulsar  la consolidación de ciudades humanas.

 

Combate a la pobreza:

7.     Implementar una política efectiva para combatir la pobreza y la desigualdad. Lograr que las personas más necesitadas y en situación de vulnerabilidad cuenten con servicios mínimos indispensables para la vida, procurando en todo momento el cuidado al medio ambiente. 

8.     Trabajar por los empleos del futuro. Toda persona debe de contar con la certeza de un ingreso vital que le permita mejorar su calidad de vida.

9.  Implementar una nueva política agroalimentaria que aproveche la grandeza del campo de este país. 

 

 

 

 

  Pide Verónica Delgadillo a la SHCP y Segob frenar el recorte presupuestal de los programas dedicados al combate de la violencia de género

 

●      La senadora criticó el recorte de 151 millones de pesos al presupuesto de Inmujeres.

●      ¿Por qué las instituciones y los programas para atender los problemas que padecemos siempre pueden sufrir recortes?, ¿por qué para este gobierno parece que vale más un tren o una refinería que la vida de las mujeres?, cuestionó la legisladora Verónica Delgadillo.

●      El punto de acuerdo exhorta a la SHCP a incrementar el presupuesto a los organismos encargados del combate de la violencia de género en contra de las mujeres, incluida la AVGM.

 

Tras los recortes anunciados por el gobierno federal que afectan la lucha contra la violencia de género, la senadora Verónica Delgadillo sometió a consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a fortalecer las instituciones y organismos encargados de la implementación de programas destinados al combate y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres.

La legisladora lamentó las acciones contradictorias por parte del gobierno federal en esta materia.  “Quiero tratar la otra pandemia que vivimos: la pandemia de la violencia de género. La pandemia que tan solo en junio registró 309 mujeres asesinadas. Más de 10 cada día. Frente a esa pandemia que es real, que no se ha controlado, que sigue arrebatando vidas, la respuesta del gobierno federal ha sido negarla, en ocasiones minimizarla y en otras solo responder que -nunca se había protegido tanto a las mujeres-”, señaló.

Recordó que después de dichas declaraciones por parte del presidente, el gobierno federal anunció y firmó oficios para quitarle a 10 estados hasta 37 millones de pesos del presupuesto destinado para la alerta de género, lo cual afectaría a niñas y mujeres del Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, entre otros. Sin embargo, rectificaron su decisión ante la presión.

“Lamentablemente, lo que no corrigió el gobierno fue el recorte de 151 millones de pesos al presupuesto de Inmujeres, el instituto dedicado a combatir las violencias que vivimos”, puntualizó.

La senadora jalisciense condenó que las políticas de austeridad atentan principalmente contra los programas dedicados a apoyar a las mujeres, tal es el caso de los recortes a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres y niñas víctimas de violencia y la desaparición del programa de atención gratuita a mujeres con cáncer.

“¿Por qué las violencias que vivimos las mujeres no son importantes para este gobierno?, ¿por qué las instituciones y los programas para atender los problemas que padecemos siempre pueden sufrir recortes?, ¿por qué para este gobierno parece que vale más un tren o una refinería que la vida de las mujeres?”, cuestionó.

Por lo anterior, la senadora Verónica Delgadillo exhorta a la SHCP a no reducir y por el contrario, incrementar el presupuesto a instituciones y organismos encargados de la implementación de programas destinados al combate de la violencia de género en contra de las mujeres, incluida la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Asimismo, exhorta la Secretaría de Gobernación (Segob), para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de a conocer un informe respecto al estado en que se encuentran los procesos y avances de Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres en el país.

  • Se violan artículos del tratado que entró en vigor el 1 de julio.

 

Movimiento Ciudadano pidió a la Secretaría de Economía homologar conforme al TMEC los impuestos digitales, durante la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento con la titular Graciela Márquez Colín.

 

El senador Samuel García argumentó que con esa medida se eliminarían los gravámenes beneficiando a las empresas y se daría un impulso a la economía del país.

 

"Quisiera pedirle a este Comité de Seguimiento del Senado, a la Secretaría de Economía y a todos los involucrados, que en apego al tratado que está por encima de las leyes fiscales, hagamos el esfuerzo de homologarlas para darle cumplimiento al tratado”.

 

"Esto le va a dar vida a la economía, le va a dar vida a muchas empresas que hoy están cerradas y que quieren emprender vía Internet, apps, etcétera, y pues el cargarles este 30 por ciento de impuestos por supuesto que les duele", dijo.

 

El emecista expuso ante la funcionaria los artículos del TMEC que se violan debido a las leyes mexicanas que se reformaron para el cobro de IVA e ISR a las plataformas digitales

 

"En estricto apego al tratado, está por encima de la Ley de ISR y por encima de la ley de IVA, y por encima del paquete. Solamente quiero ponerles de muestra los artículos que estamos violando, si no homologamos y quitamos los impuestos digitales: 19.3.1, que regula el comercio digital, establece que ninguna de las partes podrá imponer aranceles, tarifas u otras cargas entre productos digitales que se den en importación y exportación”. 

 

"Ese capítulo establece y detalla qué es un producto digital, y establece: cualquier programa de cómputo, texto, video, imagen, grabación o productos codificados digitalmente que se utilicen para la venta o distribución comercial”.

 

"El capítulo 32, que es el de excepciones, en el punto 3.6, prohíbe a los países generar impuestos sobre la renta, sobre las ganancias, sobre la capital gravable, sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones. Aquí expresamente la prohibición de poner impuesto sobre la renta a estos servicios”.

 

"El capítulo 7.8 del tratado, que es el que prevé las famosas franquicias, establece que para México todo el comercio digital, todos los productos digitales, están exentos si no superan 117 dólares; es decir, a los mexicanos no nos deben de retener las plataformas digitales si están debajo de dos mil 600 pesos", dijo.

 

La exigencia de Movimiento Ciudadano también fue apoyada en la reunión por el Partido Acción Nacional.

  • Corte contemplaría hasta 32 pasos para ejecutar la sanción contra el gobernador.
  • Senado y la Cámara de Diputados, implicados en armar un juicio político federal.
  • Senadores cuestionan blindaje a favor del Bronco.

 

 

Tras darse a conocer en medios de comunicación que el proyecto de la Suprema Corte en el caso de las "Broncofirmas" perfila un blindaje a favor del Gobernador Jaime Rodríguez, el Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exhortó a los ministros a no alargar el proceso y darle justicia a Nuevo León.

 

"Nos enteramos que el proyecto viene en contra de Nuevo León, es un proyecto que le va a dar vida artificial, alargando el procedimiento de sanción de Jaime Rodríguez y Manuel González”.

 

"Queremos exhortar a los otros cuatro ministros a que dejen un lado los tecnicismos, dejen a un lado la forma y le den justicia a Nuevo León, porque ya son dos años y medio de desgaste".

 

Acompañado por el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; el dirigente estatal, Agustín Basave Alanís; y la senadora Indira Kempis, García Sepúlveda dijo que en caso de aprobarse el proyecto tendrían que efectuarse al menos 32 pasos que alargarían el juicio contra el "Bronco" y Manuel González.

 

"Hemos cuantificado al menos 32 pasos que tienen que salir todos de manera uniforme para poder sancionar a Jaime Rodríguez, pues el proyecto está estableciendo que además del juicio político local, haya un juicio político federal; que volvamos a empezar de cero”.

 

"Es alarmante, es obvio que lo están blindando, que el tiempo no va a dar. Le quedan 10 meses para las elecciones en el 2021 y es imposible física-jurídicamente que en 10 meses este asunto pase por el Tribunal Electoral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso Local y encima Tribunal Superior de Justicia”.

 

"Qué precedente le va a dejar la corte al País ante la elección más grande en la historia de México, que se va a llevar el 6 de junio ¿de impunidad o de legalidad?, por qué le da competencia al Congreso de la Unión de ver el asunto de Jaime, cuando es un asunto local, como lo marca la sentencia; ¿será acaso que quiere poner en las manos de Morena, porque tiene la mayoría absoluta en Diputados y simple en Senadores o qué hay detrás?".

 

El coordinador acional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que espera una resolución de la Corte apegada a la justicia, de lo contrario sería un antecedente preocupante para el País.

 

"Movimiento Ciudadano ha sido una expresión política que se ha comprometido y así lo ha demostrado en la lucha contra la corrupción y en terminar con la impunidad, y lo que ha hecho Movimiento Ciudadano Nuevo León es digno de resaltarse y es un ejemplo de lo que se puede hacer en el resto del país”.

 

"Más allá de lo que resuelva la Corte o la Sala de la Corte el día de mañana, y que esperemos que sea apegado a la justicia y que no encuentren un recoveco legal para salvarle el pellejo a alguien, sino que efectivamente puedan analizar el fondo del asunto y hacer eco de cuál es la sensación en muchos sectores de Nuevo León y tratar de que se haga justicia”.

 

"Sería una señal muy preocupante no solo para Nuevo León, sino para la vida pública del País, que un acto presuntamente de corrupción, que presuntos delitos queden sin castigo".

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