Poderes Judiciales locales del país no cumplen con

criterios de justicia abierta: Clemente Castañeda

• Presentan informe que reporta que 18 de los 32 Poderes Judiciales no reconocen ni registran número de sentencias emitidas.
• El senador Clemente Castañeda en conjunto con Equis Justicia para las Mujeres, presentaron una iniciativa a fin de que todas las sentencias sean públicas.

Los poderes judiciales de las 32 entidades federativas carecen de compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, resaltó el senador Clemente Castañeda, en la presentación del "Informe: (In)Justicia Abierta Ranking de la Opacidad Judicial”, presentado por la organización Equis Justicia para las Mujeres.

El informe que se construyó durante dos años a partir de solicitudes de información, plantea que la mejor manera de evaluar a los Poderes Judiciales locales es a través de sus sentencias, sin embargo, 18 de los 32 Poderes Judiciales no reconocen ni registran el número de sentencias emitidas, además de que en la mayoría de los casos no las hacen públicas.

“Es alarmante que ninguna entidad federativa alcanza el 50 por ciento de puntuación general en materia de transparencia sobre las sentencias, y resulta grave que, de manera generalizada, los Poderes Judiciales de México nieguen el carácter de interés público de las sentencias”, criticó Castañeda.

El informe reporta que ninguno de los Poderes Judiciales locales en el país cumple en justicia abierta, es decir, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia. Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, explicó que han colaborado con el Senador Clemente Castañeda, también Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, para la elaboración y presentación de una iniciativa para establecer que todas las sentencias sean públicas. 

Así, Equis Justicia para las mujeres y los senadores Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Patricia Mercado, junto  con senadores de otros grupos parlamentarios, presentaron el 10 de abril esta iniciativa que reforma la fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de que los poderes judiciales de todo el país publiquen el texto íntegro, en versión pública, de todas las sentencias.

“¿Por qué es importante que las sentencias sean públicas? Para garantizar el acceso a la información y a la máxima publicidad, pero también para evaluar y monitorear los procesos judiciales. De manera significativa, se trata de una reforma que serviría para detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales”, expresó el senador de Jalisco.

Hoy, el Artículo 73 de dicha Ley establece que los Poderes Judiciales deberán hacer públicas solo las sentencias que sean de interés público, pero esta disposición es un obstáculo contrario al principio de progresividad del derecho a la información y a la máxima publicidad, porque deja a su criterio determinar qué es de interés público y qué no, explicó Castañeda.

“La reforma permitirá a las personas ejercer su ciudadanía y hacer exigibles sus derechos, al contar con la evidencia de las resoluciones judiciales que les afecten, al saber por qué y con qué argumentos se tomó una decisión”, dijo Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, a la que se turnó esta iniciativa.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, manifestó que “La opacidad obedece a una posible estrategia, para que la ciudadanía no pueda evaluar, vigilar y controlar la labor del Poder Judicial”.

En la presentación del informe también participaron, Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón,  quienes coincidieron en que la falta de transparencia y rendición de cuentas genera la falta de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.

Movimiento Ciudadano propone que en período extraordinario se discutan Reforma Educativa, Paridad, Trabajadoras del hogar y leyes secundarias de Guardia Nacional

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• La propuesta del senador Dante Delgado, fue aprobada en la comisión permanente.

Durante la primera sesión de la Comisión Permanente, a fin de atender la convocatoria para el próximo período extraordinario de sesiones de las Cámaras del Congreso, el senador Dante Delgado, a nombre de Movimiento Ciudadano, señaló que si bien la Reforma Educativa es un tema prioritario, no se debe olvidar desahogar la agenda legislativa en materia de paridad de género y de trabajadoras del hogar, misma que fue acordada en el Pleno del Senado de la República; su propuesta fue aprobada.

“Celebro que la Comisión Permanente haya escuchado las propuestas de Movimiento Ciudadano para que en el período extraordinario se discutan otros temas prioritarios para el país, además de la Reforma Educativa, como lo son las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales en materia de Paridad de género, extinción de dominio y Trabajadoras del Hogar”, manifestó Delgado Rannauro.

Por su parte, el diputado federal Tonatiuh Bravo, respaldó la postura del senador Dante Delgado. “Es perfectamente posible que cada Cámara tenga su propia agenda y que aquí en el decreto hagamos una convergencia, de manera tal que con la disposición que se ha mostrado, se pueda lograr sacar estos temas adelante”, añadió.

De igual manera, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado apoyó la posición del senador Dante Delgado.  

Finalmente, con 30 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Permanente acordó convocar a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo a partir del miércoles 08 de mayo de 2019 hasta que se desahoguen los temas propuestos.

Durante las sesiones extraordinarias se discutirán y, en su caso aprobarán, reformas constitucionales en materia educativa, de Guardia Nacional, de extinción de dominio, de paridad de género y de personas trabajadoras del hogar.

• Juez determina que es ilegal la figura que obstaculiza la compensación universal, de acuerdo a los últimos amparos ganados por los afectados, señala el senador

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, celebró que los empresarios estén ganando amparos contra la Ley de Ingresos de la Federación que impedía la compensación Universal.

De acuerdo a los últimos amparos a favor de las empresas, el juez determinó que la figura es ilegal; además la medida no acabará con la evasión y venta de facturas.

"El juez concluye que la figura es ilegal, que haciendo un test de proporcionalidad que hoy está de moda en la Suprema Corte, ésta medida no necesariamente va a terminar con la venta de facturas y el uso indebido de los impuestos.

"Inclusive que justos pagan todos por pecadores porque por ir por unos cuantos afectarían a toda la generalidad", dijo.

García indicó que el SAT ya cuenta con las herramientas suficientes para ir por los factureros o el outsourcing; es cuestión de que use sus facultades de revisión y auditoría fijadas en el Código Fiscal de la Federación.

"Estamos seguros que así seguirán saliendo los amparos y se van a ganar a nivel nacional siempre defiendo a los ciudadanos, a los contribuyentes, evitando así ilegalidades en materia fiscal".

Previo a la aprobación de la Ley de Ingresos, el legislador advirtió que ir en contra de la compensación universal detonaría una ola de amparos.

"Como lo dijimos a finales de diciembre que presentamos infinitas reservas, esto era un error garrafal, era un galimatías jurídico.

"No es posible que si los contribuyentes tienen un derecho adquirido a compensar en materia fiscal un impuesto federal con otro, como sucede en la materia civil y mercantil, en una ley de ingresos querían modificar tal derecho y afectar a los contribuyentes", dijo