Derogar la figura de la Prescripción Penal de la legislación penal mexicana
Una verdadera agenda legislativa se construye de la mano de los ciudadanos. Participa calificando esta iniciativa y sé parte de las decisiones importantes de México.
Eliminar las practicas nocivas que impiden garantizar la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres, reduciendo así la brecha salarial de género
Una verdadera agenda legislativa se construye de la mano de los ciudadanos. Participa calificando esta iniciativa y sé parte de las decisiones importantes de México.
El Gobierno de México no combate la corrupción: Sen. Clemente Castañeda
El senador Clemente Castañeda, Presidente de la , manifestó su preocupación por las omisiones del Gobierno Federal en el combate a la corrupción: "Este Gobierno ha sido especialmente omiso en la rendición de cuentas. Son múltiples los casos de presuntos actos de corrupción que han quedado archivados o que pretenden mandarse al olvido con tan sólo una declaración mañanera del presidente", señaló Castañeda Hoeflich.
Ejemplos abundan para realizar esta afirmación en torno a casos donde el común denominador ha sido la impunidad: desde la falta de sanciones a los responsables principales de la Estafa Maestra, la liberación de Elba Esther Gordillo, la liberación de toda la red de corrupción de Javier Duarte, la falta de investigaciones a fondo en el caso Odebrecht, la compra de pipas por medio de adjudicación directa con precios y entregas totalmente opacos, la falta de licitaciones públicas en los principales proyectos de infraestructura de esta administración; hasta el caso reciente sobre la presunta red de empresas farmacéuticas del delegado de Programas Federales en Jalisco, Carlos Lomelí.
Particularmente, este último caso es notablemente grave, y más a la luz de las revelaciones hechas hace unos días por el ex director del IMSS, Germán Martínez, quien denunció los recortes presupuestales al sector salud: "Mientras el ex director del IMSS denuncia recortes presupuestales a la salud, tenemos al Gobierno Federal presuntamente beneficiando a empresas de un funcionario público y ex candidato de Morena en la compra de medicamentos", denunció el senador Castañeda.
El delegado del Gobierno Federal en Jalisco es dueño de múltiples empresas farmacéuticas, además de que omitió incluirlas en su declaración 3de3, aparentemente se han visto beneficiadas mediante adjudicaciones directas.
Los mexicanos merecen saber la verdad sobre estos hechos y, principalmente, merecen que haya sanciones y consecuencias contra quienes defrauden confianza de los ciudadanos y los recursos públicos, sentenció el Senador Castañeda Hoeflich. Adicionalmente, este caso particular representa una prueba de fuego para el Gobierno Federal, ya que se trata de señalamientos sobre uno de sus propios funcionarios.
Por ello, desde la presidencia de la Comisión de Anticorrupción, el senador Clemente Castañeda hace un llamado firme a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y al Sistema Nacional Anticorrupción, para que rindan cuentas sobre este y todos los casos que durante la pasada y la presente administración se han denunciado y lo hagan a la mayor brevedad.
El senador Castañeda señaló que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe incluir de manera prioritaria en su agenda la atención al combate a la corrupción, por lo que debería llamar a cuentas a la Secretaria de la Función Pública, para que explique las acciones de ese órgano en estos casos en específico; a la Fiscalía Anticorrupción para que detalle las acciones que está emprendiendo para investigar estos hechos; al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que explique los mecanismos de seguimiento y denuncia que está ejecutando, y al propio Delegado en el estado de Jalisco para que aclare su participación en las empresas farmacéuticas y los beneficios que ha obtenido de sus contratos con el Gobierno.
Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la senadora Patricia Mercado presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a publicar, en sintonía con su obligación constitucional, el reglamento para el acceso a productos medicinales cannabinoides y para su investigación científica, como lo indica la reforma publicada en el DOF en junio del 2017.
En este sentido, la Senadora ciudadana recordó que en esa fecha, cuando se publicó la reforma que permitiría el acceso a productos medicinales con contenido cannabinoide sin la necesidad del proceso de amparo, se acordó un plazo de 180 días para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico de cannabis; sin embargo, el plazo caducó en diciembre de 2017 sin que se cumpliera el artículo transitorio. Fue hasta octubre de 2018 cuando COFEPRIS publicó unos lineamientos en la materia, ni siquiera el reglamento, pero éstos fueron revocados por la nueva administración de gobierno.
“Se dieron estos lineamentos y cuando entra el nuevo gobierno, lo que hace la Secretaría de Salud es no aprobarlos, con el objetivo de realizar unos nuevos, a pesar de ello esto no se ha hecho y me parece muy importante, sobre todo por el sufrimiento de muchas familias, muchos niños y niñas” que los necesitan, declaró.
Patricia Mercado refirió que más de 500 personas han presentado ante la COFEPRIS solicitudes para el uso medicinal del cannabis. “Personas con padecimientos como la epilepsia, la diabetes, los síntomas relacionados con los tratamientos oncológicos, entre otros, hoy tienen una ventana de oportunidad hasta hace poco inaccesible”, dijo.
Asimismo, la legisladora mencionó que los procesos administrativos relativos a los amparos, los costos que implica la importación y los precios de los mercados extranjeros hacen imposible el acceso para muchos pacientes y sus familias. “En muchos casos, las mujeres, quienes generalmente son las responsables de los cuidados, se ven en la necesidad de acudir a un mercado ilegal o a cultivar de manera ilícita para poder conservar la salud de terceros, por lo que la regulación del cannabis medicinal también tendría un impacto positivo en el ejercicio del trabajo de cuidados”, señaló.
El Punto de Acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
Movimiento Ciudadano trabajó escrupulosamente para que en leyes reglamentarias se garantizara una Guardia Nacional Civil y respetuosa de los derechos humanos
Tras la discusión de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional en el Senado de la República, —Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Registro de Detenciones, del Uso de la Fuerza y la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública —; el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, reconoció que el avance obtenido fue resultado de un intenso proceso de diálogo y consenso entre los integrantes de los distintos grupos parlamentarios.
“Desde nuestro papel de oposición tratamos de ser los más escrupulosos y exigentes porque así lo demandaba el momento y porque debíamos plasmar en el acta de nacimiento de la Guardia Nacional un sello inequívocamente civil precisamente para que llegado el momento de discutir las leyes secundarias, pudiéramos exigir la confección de legislaciones republicanas, federalistas y respetuosas de los derechos humanos”, señaló.
El senador Dante Delgado celebró la inclusión de las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos internacionales, tal como Amnistía Internacional y la ONU. “No exageramos quienes decimos que los cuatro proyectos originales fueron mejorados de manera sustantiva” dijo.
En su participación, el legislador resaltó el hecho de que tanto la Ley Nacional de Uso de la Fuerza como la del Registro de Detenciones serán de aplicación para la Fuerza Armada Permanente cuando realice tareas de seguridad pública. “Ninguna corporación tendrá un cheque en blanco cuando realice funciones de seguridad pública, y ésta, hay que recordarlo, fue una exigencia del ejercicio de parlamento abierto de febrero”, declaró.
Sobre la Ley Nacional de Registro de Detenciones, subrayó que en Movimiento Ciudadano buscaron garantizar la protección de los derechos humanos y prevenir actos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada, así como establecer que los vehículos de seguridad pública cuenten con equipos de geolocalización. De igual manera, buscaron incluir a las personas migrantes en el registro de detenciones para garantizar su protección y su derecho a un proceso justo.
Respecto a la Ley del Uso de la Fuerza, Dante Delgado destacó la necesidad de garantizar que las manifestaciones pacíficas no podrán ser objeto del uso de ningún tipo de arma, que los vehículos cuenten con equipo tecnológico como cámaras de grabación, y que los informes públicos sobre el uso de la fuerza deberán estar desagregados por sexo para identificar y corregir patrones de uso desproporcionado de la fuerza contra las mujeres.
En cuanto a la Ley de la Guardia Nacional, señaló que se lograron mejoras sustanciales al grado que se modificó más del 50% del proyecto original. “Logramos establecer sin matices ni ambigüedades que el mando de la Guardia Nacional, siendo civil, corresponde al Secretario de Seguridad Pública, sin intermediarios y sin instancias sombra”.
Delgado Rannauro dijo que en la Ley de la Guardia Nacional los elementos de la Fuerza Armada dejarán de estar adscritos a su corporación de origen y se apegarán al fuero civil y a la cadena de mando civil de la Guardia Nacional. En aras de crear un marco jurídico que sirva para combatir los delitos y la impunidad, se contemplará la conducción y mando del Ministerio Público en las investigaciones.
Antes de concluir su participación, insistió en que la relación de la Guardia Nacional con los estados y municipios debe ser eminentemente de coordinación y colaboración, y bajo ninguna circunstancia de subordinación. “La política nacional de seguridad debe ser federalista o estará condenada al fracaso”, aseguró.
Respecto al mando civil, Dante Delgado declaró que no habrá marcha atrás: “Lo decimos con respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, reconocemos su labor y el trabajo de acompañamiento que realizarán en los próximos 5 años en las tareas de seguridad pública, pero terminado ese proceso México deberá tener una Guardia Nacional 100% civil, con una clara vocación de seguridad pública que hoy da sus primeros pasos al quedar plasmada en este paquete de leyes”.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano dijo al concluir su mensaje: “Este andamiaje jurídico esperamos que contribuya a recomponer la política de seguridad y a recuperar la paz; que sirva para que este gobierno le dé resultados a los mexicanos”.
