LXIV

• La ampliación del mandato del gobierno de Baja California significa una violación a diversos principios constitucionales, señaló Patricia Mercado. 
• El gobernador electo tiene la responsabilidad ética de rechazar esta imposición del Congreso de Baja California: Patricia Mercado.

En relación con el decreto que reforma la Constitución Política del estado de Baja California para extender el periodo de mandato del gobernador de dicha entidad y que fue aprobado el 8 de julio de este año; la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión emitió un pronunciamiento al respecto. En voz del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado se posicionó en contra de este procedimiento y anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN se pronuncie al respecto.

En su participación, la legisladora señaló la importancia de tener instituciones independientes con la finalidad de evitar abusos de poder.

 “No es necesario mencionar la inmensa cantidad de casos en la historia de nuestro país que han significado la fractura de la confianza ciudadana, y que nos han llevado a construir leyes e instituciones para prevenir excesos de poder”, dijo.

A su vez, la senadora argumentó que el periodo ajustado a la gubernatura tiene como objetivo que la elección estatal sea concurrente con procesos federales y signifique una mejor capacidad de organización y un menor dispendio de recursos.

Patricia Mercado calificó de inaceptable la ampliación de mandato del gobernador de Baja California. “En un país con una larga historia de fraudes electorales, de privilegios, de acumulación y prolongación del poder encima de los límites legales, significa apostar por una regresión autoritaria”, señaló.

Antes de finalizar, la senadora enfatizó que el gobernador electo tiene la responsabilidad ética de rechazar esta imposición del Congreso de Baja California. “En la defensa de los derechos de la ciudadanía ante los abusos del poder manifestamos nuestro voto a favor de esta propuesta y coincidimos que la ampliación del mandato del gobierno de Baja California significa una violación a diversos principios constitucionales”, concluyó Patricia Mercado.

• El país rezagado en economía sustentable y combate al cambio climático, señala senador Samuel García
• Refinería Dos Bocas va contra los objetivos de Naciones Unidas

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador está rezagado y va en contra de los objetivos de Naciones Unidas en desarrollo sustentable y combate al cambio climático, señaló el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Entre los objetivos trazados por la ONU en el High Political Forum, donde el país ha retrocedido se encuentra el punto 8: promover el desarrollo económico sostenido, sustentable e incluyente, y en empleo digno; y el 13: combate global al cambio climático. 

“Me preocupa que México se está quedando rezagado en estos objetivos. Los principales indicadores económicos apuntan a una desaceleración, menos inversión, menor crecimiento de empleo, y pésimas decisiones equivocadas del gobierno, como es el aeropuerto de Texcoco, que han generado desconfianza.

“Es muy probable que en los próximos meses se dé la recesión técnica y legal de la economía mexicana. También en combatir el cambio climático vamos mal: el gobierno está apoyando a los combustibles fósiles en lugar de invertir por las energías renovables. México necesita generar fuentes propias de energía, pero no a costa de dañar el medio ambiente y no de manera retrógrada viendo al pasado haciendo como que estamos en los 80’s”, dijo. 

Para el legislador emecista, la renuncia de Carlos Urzúa es un síntoma de las decisiones equivocadas en materia económica y de proyectos polémicos como Dos Bocas que se contraponen a los objetivos de la ONU.  

“Ese fue uno de los motivos de la renuncia de Urzúa: la Refinería en Dos Bocas, que daña manglares y bosques, y el costo que se va casi al doble de lo presupuestado, obviamente sin viabilidad técnica, económica y jurídica; además de que no se va a terminar en el tiempo estimado. 

“México tiene que estar más presente en estos foros y discusiones internacionales. A ver si así el gobierno entiende que la ruta no es regresar al pasado y mejor aún venir a la ONU, al G20 y a las alianzas internacionales”, concluyó. 

• El senador Samuel García indicó que entidades inconformes con el reparto de recursos pueden salirse del pacto federal.
• Vamos a impulsar la Ley Nuevo León si no hay castigo en Baja California.
• Además, llamó al Gobierno Federal a ser congruente en migración.

El presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado, Samuel García Sepúlveda, advirtió que La Ley Bonilla abrirá la "Caja de Pandora" en otros estados que no están de acuerdo con el trato que reciben por parte del Gobierno Federal.

El legislador emecista indicó que así como el Congreso de Baja California actuó violando la Constitución, en Nuevo León donde hay inconformidad por el reparto de recursos, los diputados locales pueden votar salirse del pacto fiscal.

“Este tipo de actos pueden abrir la Caja de Pandora en otros estados, Nuevo León siempre ha sido tratado de manera injusta, ponemos mucho recibimos migajas, en 2018 pusimos 400 mil millones de pesos y solamente nos van a dar en el Presupuesto 2019, 70 mil millones.

“No nos obliguen a hacer una Ley Bonilla pero para Nuevo León, nosotros queremos con mucha prudencia replantear un sistema fiscal y no como el que hoy nos da este maltrato al Estado. Vamos a analizar cómo salirnos, porque es ya mucha la injusticia.

“En síntesis si no castigan este madruguete, si sale Andrés Manuel con que ‘aquí no pasó nada’, pues entonces eso nos va a impulsar a hacer la Ley Nuevo León y que el Congreso local vote por salirse del pacto que tanto daño nos hace”, dijo.

Ante los pronunciamientos de desaparecer los poderes en Baja California, el legislador señaló que por lo pronto Movimiento Ciudadano presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del mandato del gobernador de esa entidad.

“En Movimiento Ciudadano vamos a ir a una acción de inconstitucionalidad que se violó la certidumbre y la seguridad jurídica en este madruguete, en esta ley Bonilla que amplía el plazo de 2 a 5 años para ser gobernador”.

“Pedimos congruencia a México por cacería a migrantes”

Sobre las redadas que iniciaron en Estados Unidos contra los migrantes, el senador expresó su solidaridad a los mexicanos indocumentados en ese país, y avaló la petición que hará el Senado de la República a la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a enviar una nota diplomática de protesta.

Sin embargo, García, quien atiende un foro de la Naciones Unidas en Nueva York, llamó a la congruencia porque actualmente México lleva a cabo redadas y operativos en contra de migrantes centroamericanos.

“Desde las Naciones Unidas queremos mandar un mensaje a todos los mexicanos inmigrantes que están siendo amenazados por estas redadas de Trump con su maniqueísmo intolerante, xenofóbico, (…) por eso apoyamos el exhorto que desde el Senado enviarán y junto con relaciones exteriores a Estados Unidos.

“Al mismo tiempo pedimos congruencia, nuestra Guardia Nacional no puede ser el Border Patrol de Trump, no puede ser una cacería de migrantes, la Guardia debe ser para lo que la creamos en el Senado de la República, para cuidar a los mexicanos de los delitos como homicidio, secuestro, extorsión, huachicoleo”, dijo.

• “El Gobierno de México al denostar el programa original de estancias infantiles le está dando la espalda a Naciones Unidas"

Al señalar que el plazo de 5 días que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se cumplió para que las dependencias federales acaten la recomendación sobre las estancias infantiles, el senador Samuel García exigió, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

“Al cumplirse un mes de la recomendación (del 10 de junio) y a 5 días de que nuestras autoridades hayan ignorado de nuevo el exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigimos la comparecencia en el Senado de la República de la responsable, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien calificó de ‘aberración inaceptable’ la recomendación a favor de los derechos humanos del programa de estancias que contaba con el aval de la ONU”.

El legislador emecista con una pancarta que indicaba “Apoyamos a la CNDH, ¡Albores comparece ya!, acudió al foro “Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad. Perspectivas de la sociedad”, en la Sala de la Cámara de Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU.

“Como representante del Senado de la República, hago un llamado desde la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno de mi país a respetar los derechos de la niñez que garantizaba el programa original de las Estancias Infantiles”, manifestó.

García Sepúlveda indicó que el programa original de las estancias infantiles estaba respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a través del cual se atendían a 10 mil niños y 5 mil responsables de guarderías fueron capacitadas.

“¿Qué pasó con los 10 mil niños con discapacidad? no sabemos si al día de hoy siguen siendo atendidos, hoy esos niños han sido convertidos en ‘fantasmas’ por el Gobierno de México. Tampoco sabemos si las 5 mil responsables que Naciones Unidas capacitó aún tienen empleo en las guarderías”, indicó.

"Y tampoco sabemos el daño a las madres y padres solteros que han dejado de trabajar porque la estancia infantil cerró ya que el Gobierno eliminó los recursos”, agregó.

Además, denunció que “el Gobierno de México al denostar el programa original de estancias infantiles le está dando la espalda a Naciones Unidas”.

“El derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo de la infancia; el derecho de las mujeres a la igualdad, a la no discriminación y el derecho al trabajo fue violado por el Gobierno al hacer una supuesta transformación del programa avalado por la ONU”. 

• No podrán pagar fianza quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales. 
• Propuesta busca proteger a las Pymes.

El Consejo Coordinador Empresarial junto al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentaron una adenda, a las comisiones de la Cámara Alta que analizan el dictamen, de compraventa de facturas y empresas fantasma.

Esta propuesta se suma al proyecto de dictamen conformado por las iniciativas del legislador emecista y el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, que plantean atacar la evasión fiscal por facturas falsas que asciende a 2 billones de pesos. “Ya hicimos unos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer”, dijo García. 

La Iniciativa Privada busca endurecer el castigo exclusivamente en la compraventa de facturas,  por ejemplo, modificando el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, quedando de la siguiente manera:

“Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de cinco años a ocho años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. 

“¿Por qué de 5 a 8 años?, porque con esto ya no van a tener la capacidad de pagar fianza, aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’ y ahora detectando una, vas para adentro”, agregó García.

Asimismo, en ese artículo se establece que quien venda la factura siempre caerá en delito sin importar el monto; en tanto, que quien la adquiere se pondrá un “salvavidas” de 2 millones de pesos para ser sancionado con prisión, esto con el objetivo de proteger a las Pymes. 

“El que la compra sí hay que tener sensibilidad, que hay muchas Pymes que no tienen contadores o pueden ser engañados o que hay empleados que pueden meter en problemas a los jefes, por eso ahí sí hay un tope, pero ahí además se tiene que comprobar el dolo, si no se adquirió de mala fe no va a poder el Ministerio Público probar el delito”. 

“Lo que está ahora en debate es si el delito se vuelve o no prisión preventiva oficiosa porque cuando dos o tres empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada, dos o tres empresarios haciendo trampa, eso es lo que está en debate, porque sería un arma muy útil”, dijo.

Aunque la iniciativa considerará las propuestas de los empresarios, el representante de Nuevo León, aclaró que se debe llegar a un punto medio entre la IP y los planteamientos de los senadores para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma.

• Hay que construir una respuesta nacional en materia de política exterior: Salomón Chertorivski.
• Los grandes retos que enfrentamos como país en esta y otras materias, no pueden ser abordados desde la improvisación o desde una perspectiva unidimensional o partidista: Dante Delgado.

En un encuentro auspiciado por Movimiento Ciudadano, a través de las gestiones del senador Clemente Castañeda, el Consejo Consultivo Ciudadano, Pensando en México, presidido por Salomón Chertorivski, presentó el día de hoy a un grupo plural de senadoras, senadores, diputadas y diputados; integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; siete propuestas con el objetivo de aportar y fortalecer el trabajo del grupo encargado de dar seguimiento al acuerdo entre México y Estados Unidos.

Salomón Chertorivski explicó que el fin de reunirse con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, es construir una respuesta nacional en materia de política exterior, ante la provocación del presidente de EUA y la constante dificultad en que nos coloca por las armas económicas que quiere usar.  “Necesitamos generar un consenso nacional basado en el diálogo, no en decretos. México tiene 15 días como ultimátum, por ello, debemos iniciar un análisis sobre las consecuencias y posibilidades de ser un tercer país seguro, así cómo definir qué corresponsabilidades necesitamos de EUA y otros países del mundo”, manifestó el presidente de Pensando en México.

Las propuestas presentadas son:

1. Organizar una conversación con personajes experimentados, que incluya a especialistas nacionales y de Estados Unidos.
2. Integrar un grupo técnico que evalúe disposiciones de derecho internacional.
3. Presentar al país y a la ONU un plan razonable para garantizar el trato humanitario a los migrantes.
4. Convocar, a través del Senado de la República a una reunión interparlamentaria de Congresos Centroamericanos y de ser posible una Cumbre de Presidentes, de México y Centroamérica, para evaluar problemáticas, soluciones y necesidades.
5. Cobra importancia la propuesta presentada por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para ir hacia una estrategia de desarrollo económico y social a la que debemos comprometernos en el hemisferio y en el largo plazo. La bienvenida de esa iniciativa por parte de la ONU debe traducirse en inversiones sostenidas y crecientes en Guatemala, Honduras y El Salvador.
6. Realizar una reunión urgente para gobernadores de estados fronterizos en México –norte y sur-. Al final serán ellos quienes deberán enfrenar las consecuencias del acuerdo en curso y de los que se deriven en el futuro inmediato.
7. Desplegar una política con mexicanos radicados en EUA y sectores de la sociedad y la política que puedan ser aliados de México. La política de “no intervención” es ficción cuando hay amenazas y maltrato del presidente de EUA.

En su oportunidad en la voz el senador Dante Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se congratuló por el trabajo realizado por Pensando en México y sus integrantes, explicó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió crear un grupo plural de trabajo de legisladoras y legisladores, para dar seguimiento puntual a las negociaciones del acuerdo entre México y EUA, por lo que es el espacio idóneo para escuchar y recoger las aportaciones presentadas por las y los integrantes de dicho Consejo Consultivo.

“Hoy tenemos que ser conscientes de que los grandes retos que enfrentamos como país en esta y otras materias, no pueden ser abordados desde la improvisación o desde una perspectiva unidimensional o partidista, sino que deben ser abordados desde la base del conocimiento y la experiencia; por ello, abrir el Congreso de la Unión para escuchar a especialistas y académicos, siempre será enriquecedor”, manifestó. 

Añadió que el Congreso de la Unión debe erigirse como un defensor de los principios rectores que han dado identidad y tradición a nuestra política exterior.  “Ya se ha dicho aquí y quiero resaltarlo: actualmente tenemos una estrategia para atender el fenómeno migratorio altamente desarticulada”, aseguró.

Finalmente reconoció las aportaciones presentadas y mencionó que se debe poner en el centro el trato humanitario en nuestra política migratoria. “Celebramos la apertura al debate que hoy nos presenta Pensando en México. Debemos sortear con dignidad y con altura de miras la actual coyuntura internacional, y estamos seguros que desde el Senado, y con las aportaciones de la sociedad civil y la academia, podremos contribuir a lograrlo”, concluyó.

Nicolás Alvarado Vale, Verónica Baz, Jorge A. Castañeda Morales, Manuel Herrera Vega, Juana Jiménez Sánchez, Pablo Kuri Morales, Humberto Lozano Avilés, Lourdes Morales Canales, José Luis Navarro Chinchilla, Rafael Pérez Gay, Gabriela Pérez Yarahuan, Jacqueline Peschard Mariscal, Enrique Provencio Durazo, Federico Reyes Heroles, Raúl Trejo Delarbre, Tere Vale, Eduardo Vega López, Salomón Chertorivski, son los creadores de dicho documento.

En este primer encuentro también participaron senadoras, senadores, diputadas y diputados de varias fracciones parlamentarias entre otras y otros; Eduardo Ramírez Aguilar de Morena quien presidió la sesión; Beatriz Paredes, del PRI; Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera, del PRD; Nancy de la Sierra del PT; y las diputadas Dulce María Sauri, Pilar Lozano Mac Donald, entre otros.

La Casa Blanca, inmueble que resultó en escándalo que implicó al ex presidente Enrique Peña Nieto, la entonces primera dama Angélica Rivera y Grupo Higa,  puede ser objeto del procedimiento de acción de extinción de dominio, aseguró el senador Samuel García durante la discusión de la ley que permitirá al Estado decomisar bienes relacionados con actividades ilícitas.

En su intervención, el legislador mencionó que se trata de un gran paso para combatir la corrupción y recuperar lo robado de ex presidentes, ex alcaldes y ex funcionarios debido a la retroactividad de la ley, aprobada esta noche en el Senado de la República.

“Será una realidad ir por la Casa Blanca de Grupo Higa, o ir por cuanta propiedad, bien, inmueble, cuenta bancaria haya hacia el pasado, porque por fin y con vanguardia hemos tomado conceptos de la ONU, de la OCDE y por ejemplo esta figura sí va a aplicar de manera retroactiva sobre actos de corrupción del pasado”, explicó.

“Esta figura va a ser imprescriptible porque hay una máxima, cuando alguien tiene un bien ilícito ni la herencia ni la muerte ni sus hijos ni nietos pueden disfrutar lo que se robó lo que sacó de la corrupción”, dijo.

García destacó que la Ley de Extinción de Dominio acompañada del delito grave de compraventa de facturas, iniciativa que se perfila para su análisis y posterior aprobación en comisiones, serán clave para acabar con la corrupción y castigar a quienes ha cometido este tipo de actos.

El emecista llamó a ampliar el catálogo de delitos federales con los del fuero común y respaldó que se beneficie con el 5 por ciento de los bienes a quienes aporten información de actos ilícito a la Fiscalía General de la República.

“De manera muy sabia algunos han criticado que estamos fomentando a los soplones; los países nórdicos gracias a estos procedimientos han obtenido información clave para poder ir tras los corruptos y para ir por el lavado de dinero y con gusto vamos a darle el 5 por ciento de la liquidación a quienes aporten información”.  

Movimiento Ciudadano celebró que se elimine el secreto fiscal, bancario, cambiario y tributario en la ley, lo que permitirá derribar este tipo de obstáculos para obtener datos de la transacciones y movimiento del dinero de los implicados. 

En tanto, el gran reto será la capacitación de jueces y ministerios públicos en la materia. “Será un reto conformar a los jueces especializados en extinción de dominio, que va a ser un reto formalizar a los Ministerios Públicos expertos en extinción de dominio pero había que empezar un día, porque se requiere de gente capacitada y especializada para poder ir por los bienes de los corruptos”, dijo.

Según el senador neolonés,  esta ley tendrá avances para ir por el lavado de dinero vía criptomonedas, el huachicoleo y respeta el federalismo: cada estado hará un traje a la medida y podrán tipificar los delitos sobre extinción.

•  El grupo parlamentario votó a favor del dictamen en materia de cuidados paliativos a personas que se encuentran en fase terminal.

•  Es necesario discutir de manera más amplia el concepto de muerte digna, señaló la senadora ciudadana.

Durante la discusión del dictamen por el que se reforma el párrafo 4º del artículo 4º de la Constitución para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida; a nombre de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado se posicionó a favor de la administración de medicamentos controlados, incluyendo el uso medicinal de la marihuana, como parte del derecho a la salud.

La senadora señaló que la discusión sobre cuidados paliativos forma parte de un tema más amplio que es el derecho a una muerte digna, en consecuencia, debe regirse desde un enfoque democrático, laico y respetuoso de los derechos humanos. “Quiero invitar a esta asamblea a que no nos detengamos aquí. Hoy logramos describir los procedimientos médicos que están permitidos como los cuidados paliativos y la administración de medicamentos controlados. Trabajemos para definir claramente el concepto de muerte digna. Pongamos en el centro a las personas y sus derechos, y que sea de acuerdo a éstos que diseñemos las reglas para las autoridades, no al revés”, propuso.

En su intervención, Patricia Mercado refirió que Movimiento Ciudadano planteó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud emita el reglamento a que está obligada después de la reforma legal que regula el uso medicinal de la marihuana. “Todos y todas conocemos casos de personal médico que ha accedido a las peticiones de familiares y de pacientes para suministrar medicamentos que alivien el dolor, aunque sean ilegales, por cierto, como la marihuana de uso medicinal, que ya es legal y que muchos pacientes, familiares, no pueden hacer uso porque no se ha emitido el reglamento de la Secretaría de Salud”, señaló.

Sin embargo, a pesar de que la legisladora celebró la aprobación de este dictamen, dijo que es necesario avanzar más en la materia, puesto que no basta con que el Congreso dé permiso a los médicos para realizar ciertas acciones, sino que el tema de una muerte digna debe señalar el límite entre el dominio del Estado y el contrato social y el ámbito libre e inviolable de la persona y de su propia vida.

Patricia Mercado precisó que es necesario reconocer expresamente los derechos de las personas de acuerdo a valores éticos para evitar un sufrimiento innecesario y construir un entorno de dignidad para todas y todos.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión.

La nueva Ley de Extinción de Dominio necesitará Ministerios Públicos y jueces

especializados en la materia, a fin de dotarla de certeza y seguridad jurídica: Noé Castañón

“Habrá de dotar de certeza y seguridad jurídica a esta Ley, con Ministerios Públicos especializados y jueces competentes en la materia de extinción de dominio, que tengan el conocimiento y la preparación necesaria en el cumplimiento de su labor”.

Lo anterior lo manifestó el senador Noé Castañón Ramírez, al intervenir a favor, durante la discusión en lo general, del dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles; y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El legislador de Chiapas, reconoció que esta ley es de mucha relevancia para el país y explicó que con ella se pretende dotar a las autoridades de herramientas para combatir la delincuencia organizada, el secuestro, los delitos en materia de hidrocarburos, contra la salud, así como la corrupción, la trata de personas; entre otros.  “Se propone hacer de esta figura una herramienta eficaz y eficiente para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia, al dotarla de mayor operatividad y funcionalidad”, indicó.

Se congratuló por los elementos novedosos y relevantes que se aportan en la ley para que sea eficiente, dinámica y clara en la causa que persigue: debilitar la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia, que lastima a todos.

El senador ciudadano destacó entre otros puntos que es una ley de avanzada, ya que tiene alcances de protección a indígenas, así como a personas con discapacidad y que da certeza jurídica en cuanto al manejo de y obtención de datos, ya que en todo momento, se requerirá la autorización judicial para llevarse a cabo.

Finalmente Noé Castañón reconoció el trabajo de todas y todos los senadores que participaron en comisiones para tener esta herramienta que cuenta con el respaldo unánime del pleno y se convertirá en un mecanismo que dará certeza al Estado mexicano, dijo.

• En México hace falta mucho más que voluntad para combatir la corrupción y la impunidad. Hace falta fortalecer al SNA y definir la política nacional de combate a la corrupción, pero el Gobierno Federal va en la dirección contraria. 

Los resultados del Índice de Capacidad de Combate la Corrupción (CCC) elaborado por America Society/Council of Americas (AS/COA) en su primera edición, otorgan a México una calificación de 4.65 puntos, sólo arriba de Guatemala y Venezuela. 

El Senador Clemente Castañeda, destacó que es la primera evaluación sobre la materia que se hace al actual gobierno, lo que pone en evidencia que el combate a la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente, ya que a diferencia de otras mediciones, el índice CCC evalúa qué tan efectivas son las medidas que toman los gobiernos para combatir la corrupción.

Capacidad legal y democracia e instituciones políticas son las variables en las que nuestro país obtiene las menores calificaciones —4.28 y 4.52 respectivamente— lo que coincide con el rezago y las fallas en el sistema de procuración e impartición de justicia, donde se ha enquistado un régimen de impunidad en los casos de corrupción. Igualmente, esto coincide con el retraso y las trabas en la instalación de las salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

En estos seis meses, el actual gobierno ha mostrado una debilidad institucional para combatir la corrupción. Casos como el de Odebrecht y la Estafa Maestra ponen de manifiesto el poco margen de actuación y contundencia frente a estos hechos.  

El Senador Castañeda precisó que es de destacar el papel que sigue jugando la sociedad civil en nuestro país, pese al embate y descalificaciones que ha emprendido el actual gobierno contra ella. La participación de la sociedad civil es el rubro mejor evaluado en México (6.47), y por ello el Senador Clemente Castañeda recordó que el impulso y consolidación del SNA solo puede entenderse a través del papel que han jugado diversas instancias de la sociedad civil. 

“Resulta irónico, pero sobre todo ilustrativo que el Gobierno Federal enfile sus baterías contra la sociedad civil, que es lo único que ha funcionado en el combate a la corrupción en México; desde el impulso de la Ley 3 de 3 hasta la revelación de casos como la Estafa Maestra, se han originado desde la sociedad civil”, apuntó el también Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República.   

Sin embargo, lo que también destaca de este análisis son los retos que enfrenta el actual gobierno. El informe señala que el Gobierno Federal tiene el reto de investigar casos de corrupción en donde están involucrados funcionarios de su partido político, por lo que casos como el del superdelegado de Jalisco pondrán a prueba el compromiso del Presidente en el combate a la corrupción. Igualmente, el informe destaca la opacidad en el Poder Judicial, de donde se deriva la iniciativa presentada por el Senador Castañeda, de la mano con Equis Justicia Para Mujeres, para impulsar la transparencia de todas las sentencias judiciales.

El Senador por Jalisco afirmó que el Gobierno Federal debe cambiar el rumbo de la política anticorrupción, debe tener claridad sobre los objetivos de combate a la impunidad y debe garantizar la autonomía plena de los órganos para combatir la corrupción. “De seguir por el mismo rumbo, sin una política anticorrupción, con órganos al servicio del presidente y con una justicia selectiva, poco avanzaremos en esta materia y lo impunidad seguirá siendo la regla”, concluyó el Senador Castañeda.