Aborto legal sin necesidad de denuncia para víctimas de abuso sexual
Incorpora el derecho a la interrupción legal del embarazo para mujeres víctimas de violación sexual dentro de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la Ley General de Salud
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El senador Samuel García alista exhorto a Salud y la Cofepris.
Movimiento Ciudadano presentará un exhorto a la Secretaría de Salud y a la Cofepris para que informe al Senado de la República el estatus y el catálogo de la importación de medicinas, las cuales entrarán al país sin registro tras el acuerdo emitido por el Gobierno Federal.
El senador Samuel García Sepúlveda, urgió a que se rinda cuentas a la Cámara Alta, luego de la falta de medicamentos en varios estados como Yucatán, Baja California, Guerrero, Jalisco y Veracruz para atender a los pacientes con cáncer, y últimamente por los casos de la falta de vacunas triple viral desde hace 5 meses en Nuevo León.
“De nada sirve seguir ganando amparos para quizá cientos de mexicanos, si como quiera millones no se van a poder amparar y van a quedar con desabasto”.
“Esta locura de eliminar de manera abrupta el Seguro Popular creando un Insabi, que al día de hoy el convenio y anexos generan dudas, está provocando una gran tragedia, una gran crisis en México”, dijo.
El punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Salud y la Cofepris señala lo siguiente:
“Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal, para que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta soberanía el estado que guarda la importación de medicamentos sin registro sanitario; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que garantice el proceso de autorización sanitaria y, en consecuencia, la seguridad, eficacia y calidad de la medida; y a ambas autoridades para que remitan un informe que contenga el catálogo de medicamentos solicitados o que se solicitarán, así como las enfermedades o padecimientos a los que se encuentran dirigidos”.
El legislador expresó su respaldo a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la cual externó su preocupación por la calidad de los laboratorios extranjeros. Además, cuestionó el “uso de la fuerza” por parte del presidente para imponer la centralización de la Salud y de esta manera atacar el presunto monopolio de las medicinas en México.
“Y todo en teoría porque ya no queremos tener un acto monopólico de las nacionales. Hoy no vamos a refutarle al presidente sus propuestas ‘weberianas’, hoy no podemos llamar al uso de la fuerza para corregir el gran error del tema de salud”.
Plantea incorporar la NOM-046 a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Cada día en nuestro país 34 niñas son embarazadas en hechos de violencia sexual; son 11 mil al año.
Del 70% de niñas y niños que nacen vivos de madres de 10 a 14 años, el padre tiene entre 18 y 78 años.
La senadora Patricia Mercado presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende incorporar el derecho a la interrupción legal del embarazo para mujeres víctimas de violación sexual dentro de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y de la Ley General de Salud.
La senadora ciudadana explicó que cuando una mujer llega al Ministerio Público o a los servicios de salud como víctima de violación sexual tiene derecho a ser informada sobre la opción del aborto legal, al igual que su madre, padre o tutores en caso de ser menor de edad. Sin embargo, esta disposición que está contenida en la NOM-046 desde el año 2009, frecuentemente no se cumple.
La Norma establece los criterios mínimos que deberán observar todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la detección, prevención, orientación y atención médica que proporcionen particularmente a aquellas y aquellos que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.
“Los delitos sexuales contra niñas y adolescentes no solamente es un tema de castigar a quien comete este delito, sino que tiene consecuencias para cientos de miles de niñas y adolescentes, y una de las consecuencias es quedar embarazada producto de una violación”, dijo.
En uso de la voz, la senadora indicó que se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año; nueve de cada diez víctimas son mujeres; de ellas, cuatro de cada diez tienen menos de 15 años. A ello sumó la alarmante cifra que advierte que diariamente 34 niñas son embarazadas en hechos de violencia sexual.
México es el país de la OCDE con mayor tasa de embarazos adolescentes, pero la problemática se agrava en el segmento de niñas de 10 a 14 años, pues en el 70% de esos casos fueron embarazadas por hombres que tienen entre 18 y 78 años, indicó Patricia Mercado.
“Hace unas semanas la Suprema Corte nos dijo que es la palabra de las mujeres, en este caso de las niñas y adolescentes, acompañadas por sus madres o sus tutores, que basta esta palabra para, si así lo desean, poder interrumpir el embarazo. El problema es que las instituciones de salud que están obligadas desde el 2009 no dan esta información”, señaló.
La iniciativa tiene por objeto incorporar plenamente el contenido de la NOM 046 en la LGAMVLV y a la Ley General de Salud, en la cual pretende establecer para la Secretaría de Salud que todos los casos de violencia sexual deben tratarse como urgencias médicas de atención inmediata y se deberá garantizar a las víctimas todos los procedimientos necesarios e informarlas oportunamente sobre los mismos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia.
Asimismo, explicó que la propuesta busca garantizar a toda víctima de violencia sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, sin discriminación y con perspectiva de género.
Golpe será de mil millones tan sólo en Nuevo León.
Senador Samuel García defiende el impuesto: es equitativo y proporcional.
El Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado de la República, Samuel García Sepúlveda, advirtió que los estados serán ahorcados en sus ingresos en caso de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional los impuestos a los casinos.
El senador emecista, promovente de ese impuesto local en Nuevo León en 2017, señaló que el golpe será de miles de millones de pesos a las arcas de las entidades federativas afectando principalmente a su estado y a la Ciudad de México.
“Queremos pedirle a la Suprema Corte, a la Segunda Sala, que sería muy lastimoso, sería ahora sí la soga al cuello de los estados, que de por sí no hay dinero, no hay potestades tributarias, que hoy declararán que el impuesto estatal a casino es inconstitucional”, indicó.
Expuso que en la Suprema Corte se encuentran dos proyectos, uno amparando a los casinos (amparo en revisión 111/2019) y otro proyecto negando el amparo al casino en favor de las entidades federativas (489/2019).
“Suplicamos a la Segunda Sala niegue los amparos, porque estos significarían mil millones de pesos para Nuevo León y miles de millones para otros estados (en pérdidas), que hoy ya legislaron, y que hoy ya le cobran a casinos un impuesto decente, proporcional, equitativo y que además va etiquetado salud mental, ludopatía y seguridad”.
“Si ya el Presidente Andrés Manuel nos quitó fondos federales como el Fortaseg o ahora Salud con el Insabi, que la Suprema Corte no sea el lado oscuro de esta tragedia nacional, donde todo se centraliza y lo poquito que hacen bien los estados nos lo quieren quitar”, dijo.
Agregó que es mentira que los impuestos hayan mermado las ganancias de los casinos: “al contrario, cada vez tenemos más y con mayores ingresos”.
Urge instrumentar acciones conjuntas en los tres órdenes de gobierno.
El senador José Ramón Enríquez Herrera, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano exhortó hoy al Gobierno Federal y gobiernos estatales para que, por medio de las instancias correspondientes se fortalezcan los protocolos y medidas de seguridad para proteger al personal médico de hospitales y centros de salud, principalmente en aquellos en donde se tiene información de que se han suscitado agresiones directas contra dicho personal médico.
En el punto de acuerdo, el senador de Durango argumenta que frecuentemente los profesionales de la salud enfrentan situaciones de violencia, verbal o física, durante el desempeño de sus funciones, lo que tiene consecuencias laborales y para su salud; lo anterior lo documenta una investigación publicada en la Revista Panamericana de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Polonia, y Alemania por mencionar algunos, las agresiones verbales contra el personal médico son las más comunes, mientras que en México, la violencia hacia los trabajadores de la salud ha escalonado hasta llegar a agresiones físicas e incluso homicidios, indicó el legislador.
Manifestó que la incidencia de agresiones contra médicos en México es una constante. “La mayoría de los médicos que son amenazados y agredidos, prefieren no denunciar los hechos ante las autoridades, por lo que, los casos que se tienen cuantificados pueden no reflejar la realidad prevaleciente. Aun así, se habla de más 3,000 mil casos y la cifra parece no disminuir”, señaló.
Lamentó que la situación en materia de seguridad en el país ha generado también para los profesionales de la salud un ambiente de inseguridad. “Desde asaltos, secuestros, extorsión, amenazas, torturas y asesinatos, son algunos de los crímenes de los que este sector ha sido víctima y de los cuales, pocos han sido resueltos”, dijo.
“Recordemos que los profesionales de la salud son pilar del desarrollo integral de las personas y por ende del país en donde su función se traduce en un beneficio para la prevención y el tratamiento, de diferentes enfermedades que podrían vulnerar la salud de las mexicanas y los mexicanos”, aseguró el senador.
Refirió que diversas organizaciones de médicos, hombres y mujeres, se han manifestado, en distintas partes del país, para pedir un alto a las agresiones que viven por el solo hecho de ejercer su profesión. El senador ciudadano calificó de escenario complejo, en el que trabajan las y los médicos del país por lo que propone ir más allá y ejercer una política, con rostro humano y sensibilidad social. “No pasemos de largo ante un tema que se ha arraigado y al que es urgente le pongamos un especial énfasis”, indicó.
“Por la memoria del personal médico, que ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber, pero sobre todo por aquellos que hoy día, trabajan incansablemente y con una vocación de servicio por la salud de las mexicanas y los mexicanos. Es apremiante que se instrumenten acciones conjuntas en los tres órdenes de gobierno y así garantizar la integridad de los profesionales de la salud en México”, concluyó.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud.
Propone que la impartición de la educación inicial corresponde a los padres y el Estado mediante la implementación de las políticas públicas de atención a la primera infancia. Establece la obligación de Estado de diseñar una Estrategia deAtención Integral a la Primera Infancia sexenal.
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La Ley General de Educación apenas consigna la educación inicial en cinco párrafos: con la reforma que hoy presenta Movimiento Ciudadano, se busca construir una estrategia integral, que contempla aspectos nutricionales, emocionales y de desarrollo de capacidades y habilidades desde la primera infancia.
“Tenemos la convicción de que, a través de la educación inicial, nuestro país puede comenzar a reconstruirse, colocando en sus cimientos una cultura de paz”, dijo el senador Clemente Castañeda.
La educación inicial es estratégica para que México pueda reconstruirse como un país libre de violencia y de confrontación. Debemos abrirnos paso a la construcción de una estrategia nacional de cultura de paz, expresó el senador Clemente Castañeda en la tribuna del Senado de la República.
“La cultura de paz es el camino que debemos seguir para que México salga a flote. Si queremos un México en paz necesitamos educar a nuestros niños y niñas para la paz, educar para que nos reconozcamos, nos reconciliemos y nos entendamos”, subrayó el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara alta.
Clemente Castañeda, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inicial. Los ejes de la propuesta son:
· Implementar una política nacional de educación y desarrollo integral para la primera infancia, articulando y orientando los esfuerzos institucionales para garantizar a las niñas y niños su derecho a una educación integral.
· Los principios rectores de la política nacional educación inicial, incluyen el desarrollo de habilidades cognitivas y aptitudes emocionales y psicológicas, pasando por el descubrimiento de su entorno, el respeto a la diferencia y la tolerancia, hasta dar los primeros pasos en conocimientos sobre medio ambiente o seguridad vial.
“La educación inicial es también una educación en valores, en donde se reconozca nuestra pluralidad, en donde las familias (en plural) dialogan”, sostuvo el senador jalisciense.
· Esta reforma propone que el derecho a la educación inicial no pueda considerarse satisfecho mediante la entrega de apoyos financieros directos a padres o tutores, eliminando así esquemas asistencialistas.
“Este gobierno derrumbó la política nacional de estancias infantiles, y no podremos permitir que suceda lo mismo con la política pública de educación inicial, que debe ser estratégica para México”.
Esta es la primera iniciativa que presentan los senadores de Movimiento Ciudadano en este periodo, y marca la pauta de una agenda integral en materia de cultura de paz que contempla desde la implementación de instrumentos de justicia transicional hasta herramientas que reconozcan y restituyan a las víctimas de violencia.
“La educación inicial es estratégica. Tenemos la convicción de que a través de la educación inicial nuestro país puede comenzar a reconstruirse, colocando en sus cimientos una cultura de paz que sirva para que las futuras generaciones vivan en un país libre de violencia y de confrontación, en un país donde se valore la diferencia, donde se reconozca la diversidad individual y de las familias, el respeto a los derechos y libertades, donde los valores comunitarios, donde el respeto, la tolerancia y la inclusión sirvan para recuperar la paz y la tranquilidad”, dijo Castañeda.