Movimiento Ciudadano exige nuevamente que se elimine

el fuero para todos los servidores públicos

• Aunque se amplía el catálogo de delitos por el que se puede acusar al Presidente, no se modifica su régimen de excepción e inmunidad.

• El voto particular de Movimiento Ciudadano, que no se permitió presentar en la tribuna, modificaba radicalmente el régimen de responsabilidades en nuestro país, eliminaba el fuero y los privilegios en materia de inmunidad de los servidores públicos.

Durante la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda, que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, indicó que el grupo parlamentario que representa, votaría a favor pero precisó que no se elimina el fuero sino que simplemente se amplía el catálogo de delitos por el que se puede acusar al Presidente.

Aseguró el legislador que se mantiene el status quo en el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas pues no constituye una transformación del régimen de excepción del que gozan los servidores públicos, y tampoco sirve para cumplir con los compromisos asumidos por el propio Titular del Poder Ejecutivo Federal y las distintas fuerzas políticas del país, en relación a eliminar el fuero y la inmunidad procesal. Señaló que las modificaciones planteadas mantienen  el esquema mediante el cual “sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110”.

Refirió que Movimiento Ciudadano ha insistido en la necesidad de eliminar el fuero para todos los servidores públicos de tal manera que puedan ser procesados y juzgados como cualquier ciudadano. En Movimiento Ciudadano se ha impulsado y se ha logrado eliminar la inmunidad procesal a nivel local, tanto en el estado de Jalisco, como en el de Nuevo León, aseveró.

Por lo anterior y manteniendo el firme compromiso que guía a esta organización política, en el sentido de combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, es que se presentó un voto particular para que efectivamente se elimine el fuero en México y no seguir en una simulación. El senador explicó que dicho voto particular, que no se permitió presentar en la tribuna, modificaba radicalmente el régimen de responsabilidades en nuestro país, terminando con el régimen de excepción y la inmunidad procesal, es decir, eliminaba el fuero y los privilegios en materia de inmunidad de los servidores públicos.

“La iniciativa presentada por el Presidente de la República no elimina la figura del fuero, ni modifica el régimen de excepción jurídica del que gozan él y el resto de los servidores públicos, ni cambia la forma en que el Titular del Ejecutivo puede ser sancionado”, concluyó. Asimismo el senador Samuel García Sepúlveda, al presentar posicionamiento en este mismo tema hizo un llamado al Senado de la República, para aprobar la minuta enviada por la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada, en abril de 2018, que efectivamente elimina el fuero para todos los servidores públicos y ha permanecido congelada.

Ampara Movimiento Ciudadano a 87 estancias del Edomex;

señalan irregularidades en censos

• Hay dos casos de suspensiones en los que se ordena realizar el pago a las estancias.

Movimiento Ciudadano sumó a 87 estancias del Estado de México a los amparos colectivos, señaló el senador Samuel García Sepúlveda. Acompañado de representantes de esa entidad, el legislador subrayó que el 11 de abril vence el plazo para ampararse contra las nuevas reglas de la Secretaría de Bienestar.

“Tenemos hasta el día 11 de abril, se cumplen los 30 días hábiles a partir del acto reclamado, en este caso son las reglas inventadas de Bienestar que se publicaron el día 28 de febrero”, indicó.

García Sepúlveda reveló que hay dos casos, uno en Guanajuato y otro en Nuevo León, en los cuales se ordena hacer el pago a las estancias amparadas. “Tenemos conocimiento que hay más suspensiones ganadas, ya también se están ganando en Guanajuato y lo más importante ya se están girando los oficios de pago”, aseguró.

“Tenemos conocimiento de dos casos, de dos suspensiones, donde la Secretaría de Bienestar acatando las suspensiones ya firmes en segunda instancia, están ordenando a la Secretaría de Hacienda a hacer el pago cumpliendo con la suspensión”, dijo.  

Hasta la fecha son alrededor de mil 900 estancias amparadas que ha contabilizado Movimiento Ciudadano. “Mas allá de pedir una disculpa a España por lo que pasó hace 500 años, debe darle una disculpa a estas señoras que a todas catalogó de corruptas y no hay una carpeta de investigación”, dijo.

Por otra parte, representantes de estancias del Estado de México señalaron irregularidades en los nuevos censos a través de los llamados “Siervos o servidores de la Nación”, donde hace falta la información para ubicar a los menores, a pesar de que las encargadas presentaron la información completa a las autoridades.

“Estos censos salen directamente de lo que se llamaban oficinas centrales de aquí de Bienestar y ahí tienen cada una las direcciones, datos y teléfonos de los niños, nosotros estamos pensando que de ahí salieron amañadas las listas, a parte de que hay mamás que ya cambiaron de dirección o teléfono, pero la mayoría de las listas salieron mal desde las direcciones”, dijo una de las inconformes.

• Se estaría avalando una ratificación de no hacer el cambio al artículo 83.

• Ampliar la revocación a alcaldes y diputados, plantea senador Samuel García.

Durante la discusión de la revocación de mandato en comisiones del Senado, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigió modificar el artículo 83 de la Constitución para reemplazar la permanencia en el cargo del Presidente por la palabra destitución. “La pregunta de una revocación es si se va a destituir, si se va a ir el Presidente de la República”, manifestó.

“Pedimos la modificación en el artículo 83 de la palabra permanencia y que cambie por destitución, si esto no sucede no podríamos acompañar el dictamen porque entonces estaríamos votando y avalando una ratificación que para nosotros es muy peligrosa”, dijo.

El legislador señaló que en Nuevo León y Jalisco ya existe la revocación, y lo indispensable es que no coincida con la fecha electoral.

“Más allá del argumento del costo, se violaría el 134 constitucional que prohíbe que cualquier gobierno utilice recursos e imagen de servidores públicos. El presidente no puede destinar recursos del Gobierno Federal y mucho menos aparecer en una boleta porque violaría la equidad de la contienda y violaría el 134 constitucional”, dijo.

Por lo anterior, planteó que se lleve a cabo después de los 3 años, luego del 1 de diciembre de 2021, y de esta forma darle un plazo a los ciudadanos para que ellos exijan la revocación, entre enero o septiembre de 2022.

“Por eso estamos proponiendo que no puede el presidente per se, él mismo pedirse la revocación, tiene que ser un grupo importante nutrido de ciudadanos, ponen un 3 por ciento, es alto pero al fin es ciudadano 100 por ciento”, dijo.  

Por otra parte, García Sepúlveda solicitó que la revocación contemple a todos los servidores públicos, no sólo al Presidente y a los gobernadores.

“Tenemos que exigir desde esta oportunidad que la revocación aplique a todos los servidores públicos, porque de lo contrario, vamos a tardar otra década en que los estados se animen a implementar procesos de revocación para sus diputados locales o para sus alcaldes y podemos llegar inclusive hasta los regidores”, dijo. 

• Es un error aplazar nuevamente la fecha para la entrada en vigor de los nuevos formatos aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Tras el anuncio que hiciera el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, respecto al retraso para la entrada en vigor del formato para la presentación patrimonial y de intereses, por considerarlo excesivo, el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, señaló que es un grave error seguir aplazando el combate a la corrupción y la rendición de cuentas por culpa de la burocracia del gobierno.

Recordó que los formatos fueron aprobados por el Comité Coordinador del SNA, desde el 13 de septiembre de 2018, fecha en la cual el equipo de transición del gobierno se encontraba ya en funciones, por lo que no es posible que a seis meses de tomada esta decisión y con más de cien días en funciones de este gobierno, se presenten apenas las observaciones, provocando un nuevo retraso, ahora de 8 meses más, para la aplicación de esta medida que representa uno de los pilares para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción por parte de servidores públicos.

Para la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, el tema de la declaración 3 de 3 ha sido una prioridad ya que desde diciembre de 2018, presentó ante el Pleno del Senado, un dictamen con punto de acuerdo para solicitarle al Comité Coordinador del SNA, acelerar los trabajos técnicos que hicieran posible la interoperabilidad del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital Nacional del SNA, para que estuviera disponible en un plazo no mayor a 60 días.

De igual forma se exhortó al SNA a implementar un programa de capacitación, amplio y expedito, a todo el personal que tendría a su cargo la operación de esta Plataforma.

Por ello, el legislador de Jalisco, consideró que el problema de la entrada en vigor de los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, es más de voluntad política que de aspectos técnicos, porque a la fecha no hay acciones contundentes sobre la implementación de una política integral de combate a la corrupción por parte del gobierno.

“Seguir aplazando los mecanismos para la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos solo confirma la poca seriedad que ha tenido este gobierno en cuanto al combate a la corrupción”, indicó.

El Senador Clemente Castañeda exhortó al Comité de Participación Ciudadana, quien tiene la facultad expresa de elaborar estos formatos, a que establezca una ruta clara de trabajo para solventar todas las observaciones a los formatos aprobados y poder iniciar su aplicación lo antes posible.

En este mismo sentido, hizo un llamado a los estados para que no detengan la aplicación de estas medidas como lo hizo ya la Ciudad de México, porque representa una muestra clara del compromiso que tiene cada gobierno de hacer frente a uno de los principales problemas del país, que es la corrupción.

Por último, reiteró que en el Senado, particularmente desde la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, seguirán insistiendo en que para erradicar la corrupción, hace falta más que tener la conciencia tranquila; “requerimos acciones contundentes, coordinadas, serias, objetivas e inmediatas. La ciudadanía no pueden seguir esperando”, concluyó.