LA GUARDIA NACIONAL CIVIL ES UN LOGRO DE LA

SOCIEDAD CIVIL Y DE LA OPOSICIÓN: CLEMENTE CASTAÑEDA

• Las aportaciones y las propuestas que hicieron expertos, víctimas y organizaciones civiles a través del parlamento abierto fueron incluidas en el dictamen final de la Guardia Nacional.

• El mando es inequívocamente civil, se establece el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, así como un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado al respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas.

• “Para este Senado de la República, a diferencia de otros poderes, la sociedad civil sí existe y sí se le escucha. Aquí no la desconocemos como si no existiera, y tampoco la invitamos a nuestra casa para ignorarla”, expresó Clemente Castañeda.

El dictamen final que dará vida a una Guardia Nacional inequívocamente civil, honra el ejercicio de parlamento abierto en el que participaron más de 80 ponentes y organizaciones civiles convocadas por el Senado de la República, expresó Clemente Castañeda, senador que preside la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

“Esta es una victoria de todas y todos, y sí hay que decirlo con todas sus letras, este es un logro de la sociedad civil y de la oposición”, dijo en tribuna el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Habrá Guardia Nacional inequívocamente civil y eso hay que celebrarlo. Este nuevo dictamen es radicalmente distinto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Hicimos un gran esfuerzo para que el acta de nacimiento de la Guardia Nacional, es decir, lo que quedará plasmado en el texto permanente de la Constitución, sea algo útil y algo digno de los mexicanos”.

El dictamen de la Guardia Nacional que hoy aprobó el Senado de la República por unanimidad, incluye las propuestas que expertos, académicos, víctimas y organizaciones civiles realizaron durante el ejercicio de parlamento abierto:

• Establece el mando civil de la Guardia Nacional sin contradicciones y sin ambigüedades. No habrá ni mando mixto ni Junta de Jefes de Estado.

• Por primera vez en la historia de México, se establece un marco de actuación para las Fuerzas Armadas apegado a parámetros de convencionalidad, de respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas.

• Se establece el fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de corresponsabilidad y cumplimiento de objetivos.

• Se fijan controles institucionales que estarán a cargo del Senado y se definen los contenidos mínimos de las leyes secundarias, elementos fundamentales para que exista rendición de cuentas en torno a esta reforma.

“Sé que muchas voces de la sociedad civil permanecen escépticas. Y estamos de acuerdo: no se pueden echar las campanas al vuelo cuando todas las señales del régimen apuntan en otra dirección, dijo el senador de Jalisco.

Clemente Castañeda recordó los diferentes intentos de militarización del país. Evocó la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia; luego, el nuevo gobierno federal buscó elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública y de ahí pasamos a la minuta aprobada por Diputados, un documento contradictorio y peligroso, que no incluyo las aportaciones de expertos y sociedad civil.

“Se frenó el golpe a la Constitución, se frenó en seco, lo frenaron las víctimas, lo frenaron los académicos, lo frenaron los activistas, lo frenó la sociedad civil, lo frenó la oposición y lo frenó la apertura de todos, defendimos nuestra Constitución y sí, habrá Guardia Nacional inequívocamente civil y eso hay que celebrarlo”, subrayó Castañeda, quien coordinó una audiencia del parlamento abierto, titulada Federalismo y Seguridad Pública.

En las mesas de parlamento abierto participaron especialistas como Sergio López Ayllón, Catalina Pérez Correa, Lisa Sánchez, Alejandro Madrazo, Alejandro Hope, Ernesto López Portillo, Maite Azuela, Álvaro Vizcaíno, Jan Jarab del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el colectivo Seguridad sin Guerra y más de 80 ponentes que recibimos en este Senado.

“En Movimiento Ciudadano celebramos lo que hoy está aprobando este Senado de la República, celebramos lo que se ha logrado, es una muestra de dignidad que dio la sociedad civil y las fuerzas de oposición. Hoy le damos al Ejecutivo las herramientas para que consolide una corporación policiaca civil, eficiente y coordinada con todos los órdenes de gobierno”, finalizó el senador.

• Especialistas de la UNAM, el Colmex y el FIM consideran que la Constitución Política ya recoge los principios y valores que nos rigen; advierten que una Constitución Moral no cabe en un Estado laico.

• Verónica Velasco, integrante de la Comisión para la Redacción de la Constitución Moral, se pronunció por un documento de ética pública respetuoso de la laicidad.

Organizado por el colectivo República Laica y la senadora Patricia Mercado, se llevó a cabo el día de hoy en el Senado el foro “¿Es posible una Constitución Moral en una República Laica?”, con el objetivo de analizar con personas expertas si es viable y necesaria la elaboración del documento que anunció el Presidente de la República, conocido hasta ahora como Constitución Moral.

En el mensaje de apertura del foro, la senadora ciudadana planteó algunas preguntas: ¿Necesitamos una Constitución Moral o la Constitución de la República tiene ya los valores con los cuales queremos convivir la sociedad mexicana?, ¿cuál es la relación entre las concepciones morales y la ética que exigen las reglas de la democracia?, ¿cuál es el papel de las asociaciones religiosas en la formación de la moral de las personas?, ¿en qué medida un marco jurídico laico puede permitir que los partidos políticos utilicen categorías morales y postulados religiosos?

Patricia Mercado reconoció que la agenda de laicidad no pretende suprimir las religiones y las creencias para cada persona o grupo de personas que deciden tenerlas o no, sino evitar que los elementos que fundamentan la identidad personal -como lengua, origen étnico o religión- se conviertan en un criterio de las instituciones públicas para privilegiar a unos sectores de la población y segregar a otros.

Mariana Molina, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” sobre Laicidad en la UNAM, refirió que la Constitución Política pone en alto los valores de libertad, igualdad, derechos políticos, económicos y sociales de quienes componen esta nación, y preguntó: “¿Cuál sería la utilidad de tener un nuevo documento, en lugar de rescatar los valores que están en la Constitución y fortalecerlos mediante las instituciones y la correcta aplicación de las leyes?”.

Roberto Blancarte, profesor investigador de El Colegio de México, manifestó que hay una confusión de papeles y señaló que la vía de la propuesta presidencial no es la adecuada. “Toda esta iniciativa sobre la Constitución Moral está equivocada. No está equivocado el objetivo de que haya una ética ciudadana, de que la gente no haga tantas cosas que están mal, pero esa no es la vía; la vía son códigos éticos laicos, ciudadanos, que se deben hacer respetar junto con la Constitución”.

En su exposición, Sara Sefchovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que no podemos ni debemos tener una Constitución Moral, pues un documento de este tipo no cabe en un Estado laico y respetuoso de la diversidad que consagran las leyes en nuestro país, además de que nadie tiene derecho, ni siquiera el gobierno, de convertir sus puntos de vista, ideas y valores en un deber para todos los demás.

El cuarto ponente de este foro, Jesús López Lobato, miembro del Foro Intereclesiástico Mexicano, indicó que en nuestra Constitución ya existe un conjunto de principios y valores que nos permiten hacer frente a la problemática que como país, como comunidad política, nos aqueja, por lo que no hay necesidad de ir a fuentes preconstitucionales, ya sean sagradas, religiosas o de otra naturaleza.

En el Foro se contó con la presencia de Verónica Velasco, integrante de la Comisión para la Redacción de la Constitución Moral, quien dijo coincidir en todo lo expresado en este espacio: “Estoy a favor de una ética pública y estoy a favor, por sobre todas las cosas, de la República Laica”. También declaró que no está de acuerdo con el título de “Constitución Moral”, lo cual dijo, ya le hizo saber al Presidente.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Kehila Abigail Ku, citó el posicionamiento que hizo República Laica, colectivo del que forma parte, en donde determinan y consideran como crucial evitar las calificaciones extremas que pudieran promover la división de la población mexicana en morales e inmorales; “si eso sucediera, correríamos el riesgo de alterar la convivencia pacífica que el Estado laico garantiza, además de la no discriminación y el respeto a la pluralidad de creencias”, advirtió.

Para finalizar, la senadora Patricia Mercado manifestó que el Senado de la República estará abierto a que el debate en la materia pueda continuar a fin de que todas las voces sean escuchadas antes de que la Comisión Redactora tome una decisión tan relevante como la que les corresponde.

En la víspera del informe sobre el plan antihuachicol por parte del Presidente, Movimiento Ciudadano denunció por varios delitos al líder petrolero Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República.

El senador Samuel García cuestionó al Gobierno Federal que Romero Deschamps no esté incluido como objetivo en el combate a la corrupción y al huachicoleo de Pemex, a pesar de que se le ha vinculado a robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado, nepotismo, operación con recursos ilícitos y evasión y defraudación fiscal.

“Y la pregunta es ¿cuándo Romero Deschamps será procesado? Aquí traemos documentado cuatro denuncias, hoy será la quinta; es evidente el desvío de recursos, la venta de plazas, lavado de dinero, el huachicol, defraudación y evasión fiscal; queremos sanción, de nada sirve invertirle miles de millones a Pemex si no se quita el mayor obstáculo que es la corrupción y ese emblema es Romero”, dijo.

García llamó al titular de Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, a integrar una carpeta de investigación y posteriormente se lleve a cabo un auto de vinculación.

“Son suficientes las pruebas que tiene aquí el fiscal general, (…) y si se animan después con la prisión preventiva oficiosa, él (Romero Deschamps) cae fácil en tres delitos ante el cual deberían consignarlo y meterlo a la cárcel, estamos hablando de delincuencia organizada, robo de gasolina, lavado de dinero, venta de plazas en el sindicato, peculado, defraudación fiscal, evasión… es el padrino del huachicol reúne casi todos los delitos graves”, dijo.

El senador emecista señaló que Pemex no podrá ser revivido como pretende el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin imponer un castigo a los corruptos.

“Es el perfecto emblema de la corrupción del nepotismo, del conflicto de interés y por eso el llamado es que tenemos que empezar por los grandes y como dice Andrés Manuel ‘las escaleras se barren de arriba para abajo’, si barres a éste caerán muchos más”, dijo.

Por su parte, la senadora Verónica Delgadillo coincidió que Romero Deschamps es un símbolo de la corrupción e impunidad de Pemex y pidió al fiscal hacer justicia.

“Es una gran oportunidad que tiene el Presidente, que tiene el fiscal, para demostrar que esta lucha contra el huachicoleo y la corrupción de Pemex no es nada más de palabras, es una lucha que tiene que tomar instrumentos como la ley.

“Lo que nosotros pedimos el día de hoy es que no se archive esa denuncia, que se haga lo que no se ha hecho en otras administraciones, era un hombre protegido por las autoridades, hoy exigimos que se haga justicia que se respete la ley; será una gran muestra de su independencia que el fiscal actúe de manera congruente y utilice todas sus atribuciones para que a partir de estas denuncias Carlos Romero Deschamps pueda enfrentar a la justicia”, dijo. 

• Más de 7 mil personas pagan una condena de hasta 10 años por robo por hambre.

• En nuestro país se ha amparado a los corruptos y a quienes viven en la pobreza se les ha condenado y criminalizado.

“Mientras decenas de políticos corruptos están en las calles y con vidas de lujo gracias a los negociazos que hicieron, hoy más de 7 mil mexicanos están presos por robar por hambre y no tener dinero para comprar comida”; con lo anterior inició su intervención la senadora Verónica Delgadillo al presentar una iniciativa que reforma el artículo 379 del Código Penal Federal en materia de delito por necesidad; cuyo objetivo es combatir la criminalización del robo por carencia o hambre.

La senadora de Jalisco presentó la iniciativa a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y recordó que hace dos años en conjunto con su compañero de bancada, el entonces diputado Jorge Álvarez Máynez, presentó, por primera vez esta iniciativa en la Cámara de Diputados, que busca modificar el Código Penal Federal y diferenciar el robo por hambre de otros delitos, asimismo que las personas que han robado por hambre puedan llegar a un acuerdo y eviten procesos o sanciones excesivas, ya que actualmente se utilizan los vacíos y ambigüedades en la ley para que quien robó por hambre sea procesado por el delito de robo.

Lamentó que en nuestro país, quienes han abusado del dinero de la gente y han participado en actos de corrupción viven como si nada pasara, incluso viven aquí o se van al extranjero, amparados para evitar detenciones mientras que quienes viven en la pobreza, son condenados, castigados y criminalizados.

Como ejemplo mencionó los casos de César Duarte, Guillermo Padrés, Elba Esther Gordillo, ambos ya en libertad, así como los responsables de Odebrecht y la Estafa Maestra, como Rosario Robles, Emilio Lozoya y  Aurelio Nuño, que el sexenio pasado fueron intocables y que, lamentablemente, dijo, todo indica que en este lo seguirán siendo.

Contrastó lo anterior con “la justicia” aplicada en casos como el de  Ana María, una mujer y madre que vive en pobreza y que por necesidad intentó tomar dos charolas de carne de una tienda para alimentar a sus hijos y fue condenada a 6 meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos. O, por ejemplo, el de Paty, que robó una mermelada y un yogurt para alimentar a sus cinco hijos, y que le pusieron una fianza de 12 mil pesos.  “Imagínense, robó por hambre y por no tener dinero para comprar comida, y le ponen una fianza de ese tipo”, manifestó.

La senadora ciudadana cuestionó desde la tribuna: ¿Alguna vez han sentido hambre en serio? ¿Recuerdan ese dolor que se siente de tener el estómago vacío? ¿Se imaginan la angustia, el medio y la inseguridad que debe de sentir una persona al despertar y saber que, sin importar lo que haga, no será suficiente para tener una comida al día o un simple vaso de agua?

Y aseguró que eso es  lo que tienen que vivir más de 55 millones de personas a quienes no les alcanza para tener una vida digna.

“El robo por hambre es un problema que se vive en nuestro país y que nos enseña uno de los lados más salvajes y crueles del sistema que hoy tenemos y que debemos de cambiar. Para darnos una idea, en las cárceles de este país duermen más de 7 mil personas que pagan una condena de hasta 10 años, por haber robado una mantequilla, un yogurt, una leche o un pan por hambre”, aseveró.

Agregó que es indignante que además las multas por estos casos llegan hasta los 13 mil pesos. “Esto es increíble si lo comparamos, por ejemplo, contra los 3 años de cárcel que le dieron a uno de los colaboradores de César Duarte y que formó parte de la red de corrupción e impunidad que le ayudó a desviar miles de millones de pesos del dinero público. De ese tamaño son las injusticias en este país: 10 años en la cárcel por robar un pan y solo 3 por ser un político corrupto”, indicó la senadora jalisciense.

Para concluir expuso que se tiene que dejar claro que este sistema produce pobreza y se sirve de ella y se debe de entender que no es robo, es hambre y que la justicia tiene que dejar ser una palabra que solo adorne los discursos del gobierno en turno.

La iniciativa pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de contrarrestar el abuso de la acción penal cuando exista un delito por necesidad, creándose la posibilidad de que el Ministerio Público desista de ella al acreditar que hubo una verdadera necesidad en el robo. Dejando innecesario el perdón del ofendido y permitir en estos casos llegar a un acuerdo reparatorio, evitando en todo caso largos procesos y sanciones excesivas; fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

PROPONE PATRICIA MERCADO AMPLIAR DERECHOS EN

MATERIA DE PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

• Para construir igualdad de oportunidades la responsabilidad en cuidados primarios deben ser de mujeres y hombres.

• Plantea permiso de paternidad dos semanas antes del parto y seis semanas después.

• Que en prórrogas de las licencias de maternidad se pague el sueldo completo y no el 50% como en la actualidad.

La senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó en el pleno del Senado de la República una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123 Constitucional, a fin de que se amplíen los derechos en materia de permisos de maternidad y paternidad para mujeres y hombres.

En el documento de la iniciativa se explica que se pretende ampliar un derecho fundamental, bajo la perspectiva de igualdad y equidad entre el hombre y la mujer, en materia de trabajo: el derecho de paternidad. Hoy en día prevalece en el marco jurídico pero es inferior a la recomendación propuesta por la OCDE que, por lo menos, señala, deben ser ocho semanas de permiso de paternidad. La senadora propone que sean dos semanas antes del parto y seis semanas después. Asimismo plantea que en las licencias y prórrogas de maternidad se pague el sueldo completo y no el 50% como se establece en la actualidad.

Imprimir este cambio en la Ley Federal del Trabajo propiciará que se fomenten programas y políticas que respeten y garanticen condiciones de igualdad, además de que aumentará la calidad de vida de las personas y de las familias, indica el documento. Y abunda: Se plantea reformar la Ley Federal del Trabajo en esta materia, a fin de incluir que los hombres trabajadores puedan gozar de una licencia de paternidad suficiente, en el caso del nacimiento de una hija o hijo, y que dicha licencia sea otorgada, también, para el caso de adopción.

La propuesta se basa en la necesidad de buscar el bienestar de las y los recién nacidos con el objetivo de que su cuidado no recaiga exclusivamente en la responsabilidad de las mujeres, ya que eso trunca las posibilidades de construir igualdad de oportunidades. Son cambios a la legislación laboral tanto en el apartado A como en el B; para aumentar los permisos maternos y paternos. Sabemos que en el primer año de nacimiento las criaturas necesitan cuidados primarios, estos en primer lugar son las madres y los padres, biológicos o por adopción, indica el texto.

La senadora Mercado refiere en el documento de la iniciativa que en lo que respecta a México, de acuerdo con el análisis de Early Institute, de los 2.3 millones de niños que nacen en México al año, sólo un aproximado de 600 mil madres tienen acceso a la licencia de maternidad y el número de permisos por paternidad ni siquiera se conoce, debido a que está a cargo del patrón y la estadística no es registrada por instituciones de seguridad social.

La senadora ciudadana subrayó desde la tribuna del Senado de la República que la jornada laboral de ocho horas es un logro que se ganó hace cien años y agregó que los tiempos de la vida y del trabajo en la actualidad, son otros. “Los cuidados no eran un tema, pues las familias eran numerosas, había una hija destinada a cuidar a quien lo necesitara, las personas con discapacidad no gozaban de ningún derecho, tenemos hoy una situación diferente en las familias y un desarrollo tecnológico que nos permite muchas cosas”, dijo.

Para concluir, manifestó: “Necesitamos que los hombres también participen y pongan atención y le demos importancia, para generar esta nueva realidad en la atención de niñas y niños y que los hombres tengan presencia en los cuidados primarios”.

MOVIMIENTO CIUDADANO PLANTEA

LEY DE IMPUESTOS VERDES A INDUSTRIA QUE CONTAMINA

• Que les duela contaminar a las empresas que exceden los límites que permite la ley, señala senador Samuel García.

Ante la pasividad de los estados y los municipios de aplicar la Ley del Cambio Climático y de sacar adelante programas en pro del medio ambiente, Movimiento Ciudadano propuso impuestos verdes con la creación de la Ley del impuesto federal sobre emisiones de fuentes fijas, en resumen: “quien contamina paga”.  El senador Samuel García Sepúlveda indicó que es necesario implementar un castigo a la industria  para hacer frente a las 18 mil muertes al año en el país causadas por los altos índices de contaminación.

“Hoy en día la industria fija es uno de los grandes contaminantes de la atmósfera, en el caso de Monterrey, de la Ciudad de México y de Guadalajara, prácticamente la contaminación es por la industria fija, por el transporte público y privado y por la falta de cultura verde o ecológica de la sociedad”.

Movimiento Ciudadano preocupado por la salud de los mexicanos y por las tendencias que vienen de la Unión Europea, propone que aquellas industrias que exceden los límites que permite la ley, paguen impuestos verdes para que les duela contaminar, y así el Estado tenga recursos para resarcir el daño de las empresas.

“Lo más importante, va a haber un punto en que las empresas se van a dar cuenta que en lugar de estar pagando millones al Gobierno mejor invertirán en maquinaria verde, energías renovables y poder ser sustentables”.

La propuesta de Movimiento Ciudadano desglosa y delinea cuáles son las fuentes contaminantes tanto a nivel federal, estatal y municipal. “Lo importante es que ya nos pongamos a trabajar y le demos una salida a este grave problema para luego pasar a otro tipo de acciones como es quitar o regular las pedreras, como es el tener procuradurías estatales ambientales que se preocupen por los ríos, la vegetación”, dijo.

El legislador por Nuevo León subrayó que la situación en Monterrey es insostenible al ser la ciudad más contaminada de América Latina, donde las contingencias ambientales forman parte de la cotidianidad, hay un alto índice de enfermedades respiratorias y las muertes suman 5 mil por año por la mala calidad del aire.

Por su parte la senadora Indira Kempis agregó que se necesitan de incentivos y también castigos legales para disminuir el impacto negativo en la salud pública de los habitantes.

“Si esto no lo consideramos como una emergencia en este momento, no podríamos estar anticipando ante crudas realidades que hoy en algunas zonas ya se están viviendo. El aire mata, el aire hoy puede ser un veneno mortal, lo es en la zona metropolitana de Monterrey”, dijo. 

INICIAN EN EL SENADO FOROS PARA UNA

LEY DE SEGURIDAD VIAL QUE INTEGRE TODAS LAS VOCES

• El objetivo es tener una ley homologada: Senadora Patricia Mercado.

• Se llevarán a cabo ocho foros regionales.

El día de hoy se llevó a cabo el primero de ocho foros regionales cuyo objetivo es escuchar todas las voces a fin de tener una Ley de Seguridad Vial que integre todas las inquietudes, retos y propuestas. La senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, refirió que el dato más relevante es que a diario mueren cuarenta y cuatro personas en México, por hechos viales que podrían evitarse. “El objetivo es que desarrollemos propuestas para tener una Ley de Seguridad Vial a partir de un piso mínimo, que vaya más allá de una Ley General y que se homologuen las principales tareas y elementos a nivel nacional”, manifestó.

Añadió que se llevarán a cabo estos foros en ocho distintas ciudades en las sedes de los Congresos locales en el país con participación de autoridades locales, especialistas y representantes de la sociedad civil, antes de dictaminar el proyecto. “Hay distintos grupos interesados en que su voz sea escuchada, queremos una Ley en donde todos los intereses estén plasmados”, indicó.

El senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, encargado de inaugurar el foro, indicó que es fundamental implementar una legislación en materia de seguridad vial que contenga las medidas, regulaciones y controles que protejan la integridad física y vida de las personas. Asimismo manifestó la necesidad de iniciar un debate profundo en la materia. “Es importante construir un consenso, No podemos avanzar en la elaboración y aprobación de una ley si no escuchamos a todos los actores involucrados”, aseguró.

En esta ocasión las entidades participantes fueron Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México; estados representados por los secretarios de movilidad de cada uno. En su oportunidad el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, dijo que esta Ley General deberá tomar en cuenta las capacidades locales y que debe tener flexibilidad para considerar las necesidades de cada lugar dado que por lo menos en la Cdmx las condiciones en cada alcaldía son diferentes.

En su intervención el secretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo, José Luis Guevara Muñoz se congratuló por este ejercicio y manifestó que es esencial que cada estado y municipio cuenten con unidades especializadas en movilidad y seguridad vial, alineadas a la Ley General, para no tener competencias y atribuciones dispersas.  

Antonio Peniche, secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte de Puebla, señaló que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, un descenso de 5 por ciento en la velocidad promedio, puede traducirse en un 30 por ciento menos en accidentes de tránsito con víctimas mortales.

El secretario de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala, Noé Rodríguez, expuso que la Ley de Seguridad Vial debe tener mecanismos cuyo objetivo sea concentrar en el Gobierno Federal la información que las instituciones estatales y municipales generen, a fin de contar con políticas públicas adecuadas y se atiendan las necesidades particulares de cada estado.

El secretario de la comisión Emilio Alvarez Icaza, exhortó a los secretarios de movilidad participantes a enviar sus observaciones, inquietudes y propuestas a la comisión, a fin de que sean incorporados al dictamen.

En su intervención la diputada Pilar Lozano Mac Donald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados mencionó que es relevante ir de la mano con la sociedad civil en esta materia. “No podemos tomar decisiones sin escuchar a la gente, las cifras son alarmantes y todo porque no tenemos una Ley General de Seguridad Vial, hay que trabajar también en presupuestos e infraestructura”, aseguró. Coincidió con la senadora Mercado en construir un piso mínimo y refirió que se deben cumplir cinco pilares que sean aplicables en los estados del país: la gestión de seguridad vial; los vehículos seguros; la infraestructura adecuada; el comportamiento de los usuarios y la atención pronta en accidentes viales.

En el foro se contó con la participación de Stephan Brodziak, de la organización El Poder del Consumidor, quien criticó la omisión de los gobiernos para generar políticas públicas que permitan reducir la tasa de mortalidad por este problema; agregó que la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil es ambiciosa y toca intereses particulares por lo que los legisladores deben poner primero la seguridad de la población.

La representante del ITDP, Clara Vadillo, propuso la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Vial, que sea constituido por un fideicomiso público que financiaría proyectos para la prevención de muertes, así como la atención de lesiones y discapacidades causadas por accidentes viales. “El objetivo principal debe ser la protección de la vida e integridad física de todas las personas, independientemente del modo de transporte que utilicen para trasladarse”, aseveró.

En este primer foro también participaron presidentes municipales y diputados locales de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.