• Promueve recurso por violación a la suspensión provisional de amparo a favor de las estancias infantiles.

• Van dos strikes, dos suspensiones y saldrá ponchado el Gobierno Federal, señala senador Samuel García. 

Movimiento Ciudadano presentó un incidente de violación a la suspensión de amparo de las estancias infantiles que tendría como consecuencia para la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, caer en desacato y ser consignada ante el Ministerio Público por el probable delito de violación a una resolución judicial.

Ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, se solicitó el recurso ya que la autoridad responsable ha desacatado la suspensión provisional concedida que ordenaba publicar las reglas del programa social conforme a años anteriores, señaló el senador Samuel García Sepúlveda.

Es decir, en lugar de que las autoridades responsables cumplieran a cabalidad la medida cautelar otorgada, por el contrario, desacataron la decisión expidiendo las Reglas de Operación de un Programa ajeno a lo mandatado en la resolución incidental; además, es un programa ajeno y distinto al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“En el marco de los 100 días del Gobierno Federal, ahora que ya todo es beisbol para el presidente tenemos 2 strikes en materia social, me refiero al programa de estancias infantiles al de refugios para mujeres violentadas; el Gobierno Federal saldrá ponchado por el desacato que hubo al Poder Judicial, que es evidente.

“Hoy a las 10:50, ya se presentó incidente de la violación a la suspensión, el cual va dirigido a la Secretaría de Bienestar que en un acto contumaz y rebelde desobedeció lo que le marca la ley y la suspensión, que ya son dos ganadas la 282/2019 y la 284/209”, dijo.

El artículo 209 de la Ley de Amparo el juez indica que se requerirá en un término de 24 horas se cumpla la suspensión y en caso contrario, la responsable, en este caso la secretaria de Bienestar, sería denunciada al Ministerio Público por el delito de desacato con una sanción de 3 a 9 años de cárcel establecido en el artículo 262 de la misma ley.

“El asunto está ganado, ya son dos suspensiones, se burlaron del Poder Judicial; advertir que no vamos a parar, este desacato se va a ganar y muy próximamente si el Gobierno no corrige y no emite las reglas que está obligado por ley y por el Presupuesto, su secretaria de Bienestar puede ser destituida y llegar a acción penal”, dijo.

El legislador afirmó que el juez está obligado a hacer valer su sentencia y para hacerla valer si no basta con la notificación tiene medidas de apremio: multa, destitución y cárcel.

“En México, el monopolio de la acción penal es del ministerio público, lo que sucede en la práctica es que cuando el juez se dé cuenta que aún con su segunda notificación la autoridad se burla de la sentencia, ordena destituir y le da a un ministerio público la carpeta donde está el delito ya tipificado: el desacato.

“Ahí el MP no tiene de otra, mas que ir con un juez penal y poner en consigna al servidor público, sin importar el rango, quien firma las reglas de operación del jueves 27 que cae en desacato es la secretaria de Bienestar, ella es la responsable… por los 314 mil niños (de las estancias) que corten la cabeza que sea necesaria”, indicó.

Declarar y dar ruedas de prensa todos los días no es un ejercicio

de transparencia, ni de rendición de cuentas: Clemente Castañeda

• La información que proporciona el Presidente de la República en las ruedas de prensa “mañaneras”, no está sustentada en información pública a la que el ciudadano pueda tener acceso.

• En una solicitud de información realizada por Movimiento Ciudadano sobre la adquisición de pipas, la oficina de la Presidencia de la República se desvinculó de los dichos del Presidente.

• ¿Qué acciones debe emprender el INAI para que estos ejercicios mediáticos del Presidente se conviertan en un ejercicio de acceso a la información pública? Cuestionó el senador Clemente Castañeda, al presidente de este organismo, Francisco Javier Acuña Llamas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene el reto de implementar acciones que hagan de los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaraciones sustentadas en información pública, dijo el senador Clemente Castañeda, durante el informe de labores 2018 que presentó el comisionado presidente de este organismo, Francisco Javier Acuña Llamas.

“La administración federal entrante parece tener una percepción del derecho a la información un tanto ambigua por no decir contradictoria. Consideran que inundar el entorno con ruedas de prensa diarias y declaraciones públicas es a todas luces un acto de transparencia, o suficientemente transparente”, dijo Castañeda, presidente Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.  

El senador expuso la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República a la solicitud de información de Movimiento Ciudadano, registrada con el folio 0210000048119, sobre el proceso de compra de las pipas durante la crisis del abasto de gasolina y a propósito de las declaraciones del Presidente. La respuesta textual fue:  

“Es necesario precisar que el hecho de que el Presidente de la República, comunique a la sociedad, a través de conferencias de prensa, comunicados de prensa o mensajes públicos, temas de diferentes materias de interés público, no conlleva a establecer la obligación por parte de la Oficina de la Presidencia de la República a poseer el soporte documental respectivo.”

“¿Qué significa esto? Que la Oficina de la Presidencia de la República está desvinculando lo que dice el Presidente de la República todos los días, del derecho de acceso a la información de los ciudadanos. O bien, significa que lo que dice el Presidente de la República, todos los días, no está necesariamente documentado y por lo tanto no existe información pública para sostenerlo”, dijo el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado

“¿Cómo enfrentar desde el INAI esta disyuntiva?, ¿Cómo comprometer al INAI o qué acciones podría emprender el INAI para que estos ejercicios mediáticos del Presidente de la República, se conviertan efectivamente en un ejercicio de acceso a la información pública?”.

Castañeda reconoció el papel fundamental que ha tenido el INAI en el combate contra la corrupción y la impunidad, pero destacó que el organismo debe corregir fallas institucionales, optimizar su estructura laboral y organizacional, adelgazar su burocracia y eficientar sus procesos.

PROTESTA MOVIMIENTO CIUDADANO Y AFECTADOS DE ESTANCIAS INFANTILES

CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL; EXIGEN ACATAR LA SUSPENSIÓN DE AMPARO

• Tememos que el Presidente se haga pato o ganso, señala el senador Samuel García.

• La ASF detectó 1.7% de inconsistencias y no 7 de cada 10 como dijo AMLO.

Luego de haber ganado el primer round con una suspensión de amparo, representantes de Estancias infantiles junto al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, protestaron en el Senado de la República contra el Gobierno Federal. El legislador puntualizó que el incidente de suspensión tiene efectos generales en toda la república y el Gobierno Federal cuenta con 24 horas para acatarlo y publicar las reglas de operación del programa de estancias infantiles del ejercicio 2019.

“No hay vuelta de hoja, no puede el Gobierno Federal publicar reglas de otro programa, de otro capricho, en un país como México que tenemos reglas claras en nuestra Constitución y nuestro Presupuesto, es ilegal e inconstitucional que el Ejecutivo modifique y varíe, y sobre todo elimine un programa que ya esté etiquetado, es delito”, explicó.

“No está a discreción cumplir la Ley de Amparo, es muy clara, artículo 262 señala que habrá pena de prisión de 3 a 9 años que sin motivo injustificado no obedezca la suspensión debidamente notificada, esta es una suspensión que ya se notificó y tienen que cumplir las reglas de las estancias que vienen desde 2010”, y agregó que “si el gobierno no publica las reglas es delito federal el desacato de una resolución judicial”.

Acotó que antes de caer en ese delito, hay varias etapas que comprenden apercibimiento, multa y destitución contra los funcionarios responsable.

Junto a los responsables de las estancias y la ex directora del programa Clara Torrez Armendáriz, el legislador contradijo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que sólo la Auditoría Superior de la Federación encontró alrededor de 1.7 por ciento de inconsistencias del programa y no 7 de cada 10 como indicó el Ejecutivo en su rueda de prensa por la mañana.

 “Tengo el temor fundado de que el Gobierno se va a hacer pato o ganso como dicen ahora, y nos va a publicar las reglas que ya tienen de un esbozo de su programa de subsidio a las madres, y van a querer hacer ver como cumplimentada esa suspensión, con esas reglas”, aseguró.

“El efecto de la suspensión es muy clara son las reglas del programa de estancias infantiles etiquetadas en el presupuesto que se venían llevando. No queremos que esto llegue a mayores”, dijo.

Agregó que Movimiento Ciudadano estará realizando un operativo a nivel nacional para defender a las estancias infantiles de cada estado.

LOGRA MOVIMIENTO CIUDADANO SUSPENSIÓN

DE AMPARO A FAVOR DE LAS ESTANCIAS INFANTILES

• Samuel García,  reveló que esta es la primera de una serie de victorias jurídicas que tendrán contra las malas decisiones del Gobierno Federal.

• De forma inmediata el Gobierno, está obligado a publicar las nuevas reglas de operación y bajar los recursos.

Movimiento Ciudadano le ganó el primer round al Gobierno Federal en la batalla que inició la semana pasada para defender a las Estancias Infantiles. El Senador Samuel Garcia Sepulveda reveló este martes que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Renteria Cabañez ordenó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que publique las reglas 2019 para que las Estancias infantiles sigan operando tal como lo estaban haciendo hasta 2018.

El también líder de Movimiento Ciudadano en Nuevo Leon, detalló: “el juez nos reconoce, de forma preliminar, que al haber cancelado los más de $2 mil millones de pesos de apoyos para las estancias en este 2019, se está afectando a los niños, a lo trabajadores y a miles de padres de familia, por lo que ordenó que inmediatamente se comience a aplicar el presupuesto”.

“Y cómo se comenzará a aplicar este presupuesto, pues el juez da la orden a la presidencia y a la Secretaría de Bienestar Social, para que publiquen las reglas de operación del programa de estancias infantiles para este 2019”.

“Con esta orden, el Presidente y la Secretaría de Bienestar tienen que publicar inmediatamente las reglas de operación para que se comience con la entrega de los recursos”.

El legislador federal aseguró estar muy contento porque se ganó esta suspensión porque es el primer paso de las siguientes victorias. En este tenor “estoy seguro que también ganaremos la suspensión definitiva la cual puede llegar en meses o años, pero por lo pronto ya ganamos, porque los recursos seguirán fluyendo a las estancias infantiles, en tanto se resuelve de forma definitiva”.

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Renteria Cabañez dijo de forma textual en su resolución: “En apreciación de la parte quejosa, la omisión que denuncia conduce a la consecuencia que hace consistir en la falta de entrega del subsidio determinado por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019”.

“Bajo este escenario, resulta procedente conceder la medida cautelar conforme a lo dispuesto en el artículo de la Ley de Amparo, con el objeto de que las autoridades responsables cesen el estado de omisión en el que se encuentran, es decir, deberán realizar las acciones que en su área de facultades legales sean conducentes para publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019; esta medida cautelar se encontrará vigente hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva”, concluyó.

• En conjunto con la periodista Katia D´Artigues; representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil; demandaron al presidente nombrar al titular de Conadis a la brevedad.

• México tiene una enorme deuda con las personas con discapacidad; garantizar sus derechos sería un paso enorme para saldarla.

• El Senado de la República deber ser un espacio abierto y en el que se escuchen las exigencias y demandas de las personas.

La senadora Verónica Delgadillo presentó al Senado de la República, un exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de solicitarle se designe, a la brevedad, al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (Conadis) y al mismo tiempo dé a conocer de manera pública las políticas y acciones que seguirá su gobierno para proteger y garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad en México.

Acompañada por la periodista Katia D´Artigues, de personas representantes de diversos colectivos, organizaciones de la sociedad civil; así como padres, madres, hermanas y hermanos de personas con discapacidad, la senadora ciudadana, en conferencia de prensa, dio detalles de esta solicitud; en donde explicó que a 88 días de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en funciones el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad (CONADIS) no tiene aún titular. Manifestó la gravedad de este tema puesto que dentro de las obligaciones del titular de la Conadis, está la planeación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación del Consejo mismo, pero también la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. “Dicho de otro modo, todavía hoy, las personas con discapacidad, sus familiares, nosotras, nosotros y todo México no tiene claridad ni rumbo de cuáles serán las acciones que se seguirán en este sexenio para proteger y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad”.

La senadora de Jalisco calificó de inaceptable que durante años, las personas con discapacidad hayan sido invisibilizadas, en diversos espacios y desde el Estado mexicano. “Lo que acabo de afirmar, no solo lo digo yo, lo dicen millones de personas con discapacidad que viven en este país y que todos los días se enfrentan a esa cruda realidad de NO ser una prioridad para los gobiernos, de NO ser una prioridad para el Estado mexicano; lo dice el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México hecho en 2017 por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Encuesta Nacional sobre Discriminación y organizaciones como Impunidad Cero”, añadió.

La legisladora refirió algunos datos:

• En el año 2017, 6 de cada 10 personas con discapacidad fueron discriminadas por su condición y a muchos de ellos se les negó un derecho, un registro en un programa social o simplemente una atención en alguna institución pública.

• Prácticamente 1 de cada 2 personas con discapacidad que fue encuestada, opina que en México se respetan poco o nada sus derechos.

• El 80% de las personas con discapacidad en edad de 15 a 24 años NO va a la escuela. Y muchos de ellas no asisten no porque no quieran, no van porque el Estado mexicano y los gobiernos pasados no se han interesado en garantizar las condiciones mínimas para que personas con discapacidad puedan acceder a una educación digna, a una educación de calidad.

• Solo el 39% de las personas con discapacidad tienen empleo. Y de ellas, ganan en promedio un 33.5% menos en comparación con el sueldo de personas que no tienen una discapacidad.

“Después de escuchar estos datos, es evidente que en México las personas con discapacidad han sido invisibilizadas y tal parece que, con la entrada del nuevo gobierno, las cosas no cambiarán mucho. Este gobierno lleva 88 días en funciones, los mismos días que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad lleva sin titular”, insistió.

Verónica Delgadillo concluyó enfática: “Llegó el momento de que el Gobierno Federal, el Senado y todas las instituciones públicas dejen de ver a las personas con discapacidad como las últimas en la lista y que comiencen a verlas como lo que son: personas con derechos, personas que tienen mucho que aportarle a la vida pública de México y con las que hay una deuda HISTÓRICA. Es momento de comenzar a saldar esa deuda y comienza con la designación del titular de la Conadis”.

En su oportunidad en la voz, la periodista y activista Katia D´Artigues; explicó que la Conadis depende de la Secretaría de Bienestar; que no es una dependencia con un presupuesto alto como ha dicho el presidente, sino al contrario le corresponden 55 millones de presupuesto para su operación”.

El titular de la Conadis lo debe nombrar el Presidente de la República, añadió y manifestó su importancia porque es un tema de derechos humanos; dijo que se debe trazar una política transversal. “No solamente es ver por las personas con discapacidad que ya existen, que se calculan por lo menos en un censo de 7.2 millones de personas con discapacidad más sus familias”. Reconoció que se entregan 1 millón de becas para personas con discapacidad en situación de pobreza, sin embargo cuestionó al presidente sobre qué pasa con el resto de personas que no la reciben.

Dijo que es un tema que atañe a todos y subrayó que la verdadera tragedia es la discriminación y la exclusión en la que viven las personas con discapacidad. Exhortó a todas y todos los senadores para que aprueben el punto de acuerdo. Asimismo exhortó al gobierno federal a trabajar en políticas públicas incluyentes y mostró preocupación porque en el Plan Nacional de Desarrollo que se presentará en abril, no hay alguien que defienda a las personas con discapacidad por lo que urgió a nombrar al titular de Conadis.

Roxana Pacheco Martínez de Trisomía 21 coincidió en lo expuesto por la senadora y la periodista y enfatizó que no quieren ser parte del asistencialismo sino que el gobierno genere políticas públicas y ellos sean parte de la población económicamente activa. “Se está considerando a todas las organizaciones de la sociedad civil, que atienden a grupos con discapacidad como intermediarias corruptas, cosa que no es cierta; si bien es cierto que en todos los niveles de gobierno y en toda la sociedad hay corrupción no todas las organizaciones de la sociedad civil son corruptas. Ellas nos proveen de lo que el gobierno no nos da”, aseguró.

Ernesto Rosas de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual y Movimiento 312; recordó que el Senado no hay comisión de atención a grupos vulnerables por lo que reconoció a la senadora ciudadana de darles espacio y traer su voz al Senado de la República. David Pera Almanzo llamó a el presidente de la república a cumplir con su dicho de nada por encima de la Ley; pues la Ley le obliga a nombrar al titular de Conadis; y le envió un mensaje: “No estamos pidiendo limosnas. Son un millón de personas beneficiadas con su programa de becas; ¿sabe usted los otros millones en dónde están?

Acompañaron a la senadora en la rueda de prensa personas representantes de; AC Trisomía 21; La DisCapacidad nos Une; Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual; Movimiento 312; Coalición México por las personas con discapacidad y Alianza Éntrale Ya . Así como Katia D’Artigues, María Guadalupe Castro Zaragoza, Roxana Pacheco Martínez, Gala Mariana Herrera Ontiveros, Cintya Laurel Loza, María Fernanda Zamudio Laurel, Lorena Almaraz, Angélica Nieto Almaraz, Rosaura Barajas, Edmundo Morales, Santiago Morales Barajas, Patricia Santiago Guillén, Linday Morales Santiago y Ricardo Nieto Almaraz, Ernesto Rosas, Jessica Feregrino, Claudia García, Federico Núñez, Héctor Hernández, Rafael Ortega, Guillermo Hernández, Viridiana Dávila, Alan García, Ximena Covarrubias, Miguel Ángel Chávez, David Peral y Gabriela Martínez, entre otras personas.

El senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso en tribuna del Senado de la República reformas al artículo 4º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; con el objetivo de impulsar el uso de energías renovables en la producción agropecuaria. Refirió que la secretaría general de la ONU ha confirmado la velocidad del cambio climático en el mundo por lo que urgió a fortalecer el proceso para transitar hacia el uso de fuentes de energías alternas. Los energéticos fósiles se están agotando. Mientras más se utilicen, continuarán generando más gases de efecto invernadero, explicó.

“Es urgente que México haga valer su compromiso y de cara hacia el futuro ostentarse con el objetivo claro de mejorar el medio ambiente, contribuir con acciones efectivas a frenar el cambio climático y en ese tenor resulta prioritario redirigir de manera atinada un proceso gradual de transición hacia fuentes de energía alternativas”, manifestó.

Reconoció que avanzar en alternativas viables hacia un desarrollo sustentable que reduzca los efectos perniciosos del cambio climático debe ser, no una opción, sino una acción prioritaria. “La importancia de la energía renovable radica en que su energía es inagotable y no generan o diseminan contaminantes al medio ambiente, más bien contribuyen a al mejoramiento del entorno ecológico y coadyuvan al desarrollo sustentable, que muchos países se han fijado como objetivo fundamental”, indicó.

En México específicamente en el sector agropecuario y tras una suma de esfuerzos, se han instrumentado diversas acciones para fomentar el uso y aplicaciones de las fuentes de energía renovables en los procesos productivos, con la firme convicción de generar un desarrollo rural sustentable, apuntó; y lamentó que todavía sean esfuerzos aislados e insuficientes.

El medio rural es un ámbito propicio para la aplicación de la energía renovable. En nuestro país muchas regiones enfrentan grandes obstáculos para la explotación y desarrollo de recursos agropecuarios, aseguró. Finalmente expuso que la propuesta que presenta tiene como objetivo que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 4º se especifique la importancia de fomentar el uso de energías renovables en los procesos agropecuarios; y exhortó a sus pares a dejar de ver lo tradicional como algo normal y en avanzar por el medio ambiente incrementando al mismo tiempo la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

• El legislador de Movimiento Ciudadano criticó la no intervención de México en la crisis durante la Reunión Interparlamentaria Canadá-México.

• Senador Peter M. Boehm secundó al legislador emecista y llamó a no confundir la intervención militar con la intervención diplomática.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, cuestionó en la sede de la Cámara Alta de Canadá la evasión parte del Gobierno de México para pronunciarse sobre el caso Venezuela alegando la Doctrina Estrada.

Durante la primera junta de la XXII Reunión Interparlamentaria Canadá-México, el legislador criticó la falta de intervención mexicana ante la crisis humanitaria que se vive en el país sudamericano, por la cual varios países han apoyado al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó por encima de Nicolás Maduro, a quien se le ha calificado como un dictador.

“Nosotros estamos a favor de que se pronuncie el país sí o no, de lo que parte el Grupo Lima y ha venido pidiendo con el presidente encargado. Desgraciadamente alegando la Doctrina Estrada, que ya tiene mucho tiempo, que es una doctrina que parte de la no intervención a otros países pues nuestro Gobierno ha sido neutral y creemos que es muy importante en su pronunciamiento sobre el tema de Venezuela sobre todo esta semana”, dijo.

El legislador indicó durante su exposición frente a senadores mexicanos y canadienses, que apegarse a la mencionada doctrina de no intervención es dar un cheque en blanco a la clara violación de derechos humanos en Venezuela.

“Esta política de no intervención es anticuada y caduca, la doctrina no puede ser un cheque en blanco para que otras naciones violen derechos humanos, es decir, cuando una nación evidentemente viola derechos humanos de sus ciudadanos, eso hace que no quieran permanecer y se causen grandes problemas de migración, no puede una doctrina bloquearnos o prohibirnos pronunciarnos en un tema en particular". 

El senador canadiense Peter M. Bohem secundó a García Sepúlveda al señalar que México debía intervenir y que no se confundiera la intervención militar a la soberanía, con la intervención diplomática y la influencia que pueden ejercer otros países a las democracias.  

Debido al avance de Canadá respecto a agendas multilaterales,  el legislador ciudadano consideró que es clave para México volver a retomar su liderazgo en América Latina en temas clave como la situación venezolana.

“Sí debemos intervenir sobre todo si México por durante muchas décadas fue considerado el hermano mayor de América Latina.  Ese hermano mayor debe pronunciarse y debe buscar el cuidado de todos los seres humanos y no por doctrinas como ésta e inhibirnos”, concluyó.

En la reunión llevada a cabo en la sede del Senado canadiense, también participaron George Furey Q.C., Presidente del Senado de Canadá;   Antares Vázquez, Co-presidenta de la delegación mexicana de la Cámara Alta; Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes; Alfredo Femat, Co-Presidente de la delegación mexicana de la Cámara de Diputados, y Arturo Hernández Basave, Encargado de Negocios de la Embajada de México.