• Participan en reunión México-Colombia las senadoras ciudadanas, Indira Kempis y Ruth López.
• Suscriben el documento: Declaratoria de la península de Yucatán las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad como ejes de la recuperación verde en América latina.

En el marco de la reunión convocada por UN Environment Programme, el International Conservation Caucus Foundation (ICCF Group), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de Política y Legislación Ambiental (POLEA), el World Wildlife Fund México (WWF-México) y de Pronatura Península de Yucatán (PPY), las senadoras ciudadanas, Indira Kempis y Ruth López, firmaron en conjunto con legisladoras y legisladores de México y Colombia, la Declaratoria de la península de Yucatán las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad como ejes de la recuperación verde en América latina.

Las y los legisladores de México y Colombia acordaron reconocer al Jaguar como especie emblemática en la región, dado que es compartida por 18 países y que su conservación implica resguardar grandes extensiones de hábitat en beneficio de otras especies y de sus sociedades, siendo, a su vez, una oportunidad para impulsar las metas climáticas y de desarrollo sostenible.

La reunión tuvo como objetivos discutir e intercambiar estrategias y experiencias particulares con el fin de avanzar en la gobernanza y conservación de áreas naturales protegidas y de la biodiversidad que albergan, como eje para impulsar la recuperación verde en el contexto post-pandemia en la región y, a la vez dar cumplimiento a las metas de biodiversidad cambio climático y desarrollo sostenible comprometidas en virtud de diversos marcos nacionales e internacionales.

En esta sesión binacional las y los congresistas de ambos países se comprometieron en dicha declaratoria con seis puntos fundamentales: 

1.     Impulsar en sus países y transversalizar en la legislación las soluciones basadas en la naturaleza como una oportunidad para responder a los diversos desafíos que enfrentan en la actualidad, incluyendo el cambio climático, la seguridad alimentaria y el riesgo de desastres, todo ello en el contexto de la recuperación verde post-Covid en América latina.

2.     Trabajar en conjunto con sus ramas ejecutivas para participar activamente en el proceso de negociación en el marco post 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica para así establecer un plan ambicioso, factible, alzanzable y real para implementar acciones de base amplia que logren, hacer y tener, una transformación tangible en la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que, para el 2050 se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza.

3.     Hacer análisis detallado del presupuesto necesario para que el sector ambiental, en particular las áreas protegidas y la conservación del capital natural, cuenten con los recursos asignados necesarios; e implementar acciones para hacer más eficiente el gasto público por medio de la coordinación intersectorial.

4.      Fortalecer sus legislaciones nacionales en materia de reducción del riesgo de desastres con base en el Marco de Sendai, buscando fortalecer la gobernanza y rendición de cuentas hacia sociedades más resilientes.

5.     Continuar trabajando para implementar la agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, mediante el fortalecimiento de sus marcos legislativos nacionales y desarrollo de condiciones habilitadoras para su implementación.

6.     Estrechar la cooperación Sur-Sur a través de la implementación de acuerdos regionales relevantes, en particular del Plan Jaguar 2030, como una oportunidad para abordar retos compartidos y transitar hacia la recuperación verde de la región

Por último exhortaron a congresistas de otras naciones hermanas de la región, a sumarse a dicha declaratoria con el fin de fortalecer la cooperación regional hacia una verdadera recuperación verde basada en la naturaleza.

●       Será creada una Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres, una propuesta que Movimiento Ciudadano defendió de manera enérgica e insistente

●       Las y los senadores ciudadanos hemos insistido en que México debe transitar por una profunda reforma en materia de acceso a la justicia. Sabemos que esta ley es sólo un eslabón de la cadena y que los pendientes son muchos: Dante Delgado.

●       No le estamos dando un cheque en blanco a la Fiscalía General de la República, se hicieron los ajustes necesarios para garantizar que la institución cumpla con sus organizaciones y avanzar hacia un mejor sistema de procuración de justicia: Noé Castañón.

●       Quienes tuvimos la oportunidad, fuimos testigos de estrujantes testimonios de familias buscando a sus familiares, por eso el plantear que saliera la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda era humanamente, moralmente, inaceptable: Juan Zepeda.

●       La Fiscalía dejó de formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal para tener independencia de presiones e injerencias indebidas, para encabezar investigaciones imparciales y en favor de las víctimas de delito: Patricia Mercado.

Durante la discusión de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, senadores y senadoras del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano expusieron su posicionamiento a favor, que desde su punto de vista, es sustancialmente distinta a la iniciativa original presentada, misma que fue posible tras un largo trabajo plural.

En uso de la voz, el senador Noé Castañón señaló que Movimiento Ciudadano ha impulsado una agenda de acceso a la justicia basada en el respeto a los derechos humanos, la defensa de las víctimas, el combate al punitivismo, el fortalecimiento de las policías e instituciones de seguridad local y en la autonomía de los órganos de procuración de justicia. “Hoy no le estamos dando un cheque en blanco a la Fiscalía General de la República, se hicieron los ajustes necesarios para cualquier resquicio de disfuncionalidad, para garantizar que la institución cumpla con sus organizaciones y avanzar, en la medida de lo posible, en un mejor sistema de procuración de justicia”, aseguró.

Por su parte, el coordinador parlamentario, Dante Delgado, manifestó que tras varios meses de trabajo y con el empuje de distintos colectivos fue posible que, entre otros temas, la Fiscalía permaneciera en el Sistema Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas, cuya presencia es una conquista histórica de las víctimas. “Las y los senadores ciudadanos hemos insistido en que México debe transitar por una profunda reforma en materia de acceso a la justicia. Sabemos que esta ley es sólo un eslabón de la cadena y que los pendientes son muchos, pero lo que se ha logrado es digno de reconocerse”, expresó.

Asimismo, el senador Dante Delgado expuso algunos de los puntos que son cruciales en esta nueva Ley:

1)     La Fiscalía permanecerá en los sistemas de prevención de la violencia hacia las mujeres, de trata de personas y de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

2)     Será creada una Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres, una propuesta que Movimiento Ciudadano defendió de manera enérgica e insistente, y que más allá de ser creada deberá servir para acabar con la impunidad.

3)     Además de estos últimos cambios, ya se habían logrado avances sustantivos en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en las facultades de investigación de delitos de tortura y desparición forzada, y en las atribuciones de las fiscalías especializadas.

4)     Se mantienen los contrapesos institucionales: el Consejo Ciudadano al interior de la Fiscalía y la responsabilidad del Senado de la República de evaluar y aprobar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia.

Por otro lado, el senador Juan Zepeda insistió en que es fundamental que la Fiscalía regrese a espacios de defensa de los derechos humanos como son la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Comisión Intersecretarial para Prevenir Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el Sistema Nacional de Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. “Quienes tuvimos la oportunidad, fuimos testigos de esos estrujantes testimonios de familias que siguen buscando a sus familiares, por eso el plantear que saliera la Fiscalía era humanamente, moralmente, inaceptable. Voto también a favor, porque se restituye y se hacen explícitos los derechos de las víctimas que reconozcamos habían sido obviados en la iniciativa inicial”, dijo.

Asimismo, la senadora ciudadana Patricia Mercado, reconoció que se hayan atendido las inquietudes de Movimiento Ciudadano, especialmente respecto a la autonomía de la Fiscalía, pues se pretendía liberarla de responsabilidades de Estado, cuando el objetivo de la reforma constitucional fue precisamente separarla de las funciones de gobierno. “La Fiscalía dejó de formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal para tener independencia de presiones e injerencias indebidas, para encabezar investigaciones imparciales y en favor de las víctimas de delitos”, indicó.

De igual manera, la legisladora añadió que mantener a la Fiscalía en la mayoría de los sistemas, juntas de Gobierno u órganos establecidos en las leyes, es lo mínimo aceptable en un país que intenta atender enormes rezagos en la materia. “Las responsabilidades que derivan de un sistema garantista no son obstáculo para la actuación de la Fiscalía, son los parámetros mínimos para remediar la falta de acceso a la justicia con un fortalecimiento de su institucionalidad”, sostuvo Patricia Mercado.

Por último, la senadora Ruth López presentó una reserva al artículo 5 a nombre de su grupo parlamentario, por medio de la cual se proponía que la Fiscalía General contara con la facultad de atraer casos del fuero común cuando se acredite la inactividad o ineficiencia de una fiscalía local. Sin embargo, a pesar de que la senadora señaló que es una reserva que ha sido una exigencia y una propuesta de la sociedad civil y colectivos de víctimas, no fue aprobada para su discusión.

Hoy se vota en el Senado la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Después de muchos meses de trabajo en los que @MovCiudadanoMX estuvo presente y, sobre todo, del empuje y determinación de los colectivos de víctimas, puedo darles buenas noticias:

— Dante Delgado (@DanteDelgado) March 17, 2021

Presenta Luis David Ortíz iniciativa para que se tome en cuenta
 a las entidades federativas en la ratificación de los tratados internacionales

●      La iniciativa busca asegurar la participación local como mecanismo de aportación, perfeccionamiento y enriquecedor del planteamiento de los tratados internacionales, desde una perspectiva local.

●      “Con ello, se tomará en cuenta la posición de los gobiernos subnacionales frente a la posible ratificación de los tratados internacionales posibilitando su contribución efectiva en los preceptos contenidos”, señaló el senador.

●      La iniciativa incorpora la participación del Poder Judicial como órgano revisor de la constitucionalidad de dichos tratados.

En sesión virtual, el senador Luis David Ortíz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de tratados internacionales.

En uso de la voz, el legislador señaló que dicha iniciativa tiene como objeto crear un procedimiento para que posterior a la aprobación de los tratados internacionales en el Senado de la República, estos sean enviados a las legislaturas de las entidades federativas para su análisis, discusión y aprobación en un plazo de hasta 15 días. “Con ello, se tomará en cuenta la posición de los gobiernos subnacionales frente a la posible ratificación de los tratados internacionales posibilitando su contribución efectiva en los preceptos contenidos”, dijo.

En su exposición de motivos, el senador indicó que al Senado de la República le corresponde, como facultad exclusiva, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba.

No obstante, en el año 2011, tras la reforma Constitucional de Derechos Humanos que modificó los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105, se ponderó la solidez y vinculación de los tratados internacionales. “Sin embargo, ante dicho reconocimiento se desagregó la capacidad de las entidades federativas, puesto que el Senado de la República posee la facultad exclusiva de su aprobación, dejando a un lado la injerencia de los gobiernos subnacionales respecto de su contenido, sin considerar que los propios gobiernos locales tienen la responsabilidad de hacer valer los preceptos de dichos acuerdos”, señaló.

Dicho lo anterior, el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Luis David Ortíz, aseguró que el efecto de la ratificación de los tratados internacionales impacta en el ejercicio de funciones, facultades y el reconocimiento de derechos en las entidades federativas. Pese a ello, sin cuestionar la capacidad jurídica, económica o material de los estados, se impusieron responsabilidades difíciles de alcanzar.

Cabe señalar que México no cuenta con un órgano especializado encargado de los asuntos de revisión constitucional; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución que materialmente se encarga de resolver los asuntos relacionados al control de constitucionalidad y convencionalidad, es decir, actúa también como un Tribunal Constitucional.

Por ello, la iniciativa incorpora la participación del Poder Judicial, como órgano revisor de la constitucionalidad de los tratados internacionales, ya que como lo explicó el legislador, otros países del mundo cuentan con su participación y es una deuda pendiente de México. 

Por último, el senador Ortíz sostuvo que se debe reconsiderar el procedimiento, exclusivamente senatorial, para la ratificación de tratados internacionales, puesto que constitucionalmente no se encuentra definido el alcance del análisis que se realiza. En dicho tenor, la propuesta de la iniciativa pretende asegurar la participación local como un mecanismo de aportación, perfeccionamiento y enriquecedor del planteamiento de los tratados internacionales, desde una perspectiva local.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con la opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

• Para que el Gobierno federal cumpla con sus obligaciones, es necesario que invierta los recursos suficientes y promueva los estímulos necesarios en todas las áreas de la ciencia, tecnología e innovación, manifestó el senador.
• No se debe acotar a algunas disciplinas científicas, sino hacer lo posible por apoyar armónicamente a todas ellas, indicó.
• Estudiantes y la comunidad académica manifestaron públicamente su preocupación por esta situación y lanzaron una campaña en la plataforma change.org, exigiendo al Conacyt “no eliminar becas de posgrado en el extranjero”. Se han recabado más de 37 mil firmas de apoyo de la ciudadanía a la fecha.

Ante la situación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y después de que subiera a su página un calendario de convocatorias donde estipularon que las becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero serían solamente en ciencias de la salud y cultura, el senador José Alberto Galarza propuso un punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer a la titular de Conacyt, Dra. María Elena Álvarez Buylla, para que explique las razones por las cuales en el 2021 no se financiará el Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero en áreas prioritarias como: Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas, Computación, Manufactura, Construcción, Agronomía, Veterinaria, Ciencias Sociales y Humanidades.

 En su exposición de motivos, el legislador explicó que el Conacyt tiene la facultad de articular las políticas públicas del Gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Tecnología e Innovación.

 Razón por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a formular y financiar el programa de becas al extranjero en áreas prioritarias como Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas, Computación, Manufactura, Construcción, Agronomía, Veterinaria, Ciencias Sociales y Humanidades, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXII, del artículo 2, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para su publicación y, en su caso, otorgamiento de acuerdo con las bases establecidas para tal efecto en las convocatorias correspondientes, indica el punto de acuerdo.

 Asimismo, el senador señaló que para que el Gobierno federal cumpla con sus obligaciones, es necesario que invierta los recursos suficientes y promueva los estímulos necesarios en todas las áreas de la ciencia, tecnología e innovación que promuevan todas aquellas facultades que tiene el ser humano. “Es decir, no acotarlas a algunas disciplinas científicas, sino hacer lo posible por apoyar armónicamente a todas ellas”, manifestó.

 Cabe recordar que en octubre de 2020, el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de diversos fideicomisos relacionados con el apoyo y fomento de la ciencia, tecnología e innovación. Ante ello la Titular del Conacyt, declaró públicamente que no se iba a tocar una sola beca. Sin embargo, a principios de marzo de 2021, Conacyt publicó las convocatorias de becas para estudiar en el extranjero para el año corriente, acotando el apoyo a programas científicos relacionados únicamente a las disciplinas de salud y cultura.

 Ante dicho contexto, estudiantes, académicos y académicas manifestaron públicamente su preocupación por esta situación y lanzaron una campaña de apoyo a través de la plataforma change.org, exigiendo al Conacyt “no eliminar becas de posgrado en el extranjero”. A la fecha, se han recabado más de 37 mil firmas de apoyo ciudadano a esta manifestación de exigencia.

 Por último, el documento especifica que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la ciencia y la tecnología tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas, promover la paz y encontrar las soluciones a todo tipo de problemas.