• El dictamen recoge propuestas de las senadoras y senadores ciudadanos.
• La igualdad salarial no es una causa que busque privilegios, consideraciones, ni premios, es darle el valor que tiene nuestro trabajo: Patricia Mercado.

• La brecha salarial es una de las razones por las que estamos luchando para romper el pacto, porque este pacto también se traduce en que ganemos menos por el mismo trabajo y esto sin duda nos limita a las mujeres, nos condena y además nos quita libertad: Verónica Delgadillo.

“El 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora y por eso este tipo de legislación tiene que ver con cómo hacemos para que las mujeres trabajadoras, tengamos mejores condiciones de trabajo, y ayer el 9 de marzo en el mundo es el paro mundial de las mujeres. ¿Qué harían las familias? ¿Qué harían las escuelas? ¿Qué harían los gobiernos sin las mujeres?” Así lo cuestionó la senadora Patricia Mercado en representación del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, durante la discusión del dictamen que reforma 13 leyes en materia de igualdad salarial y no discriminación ente hombres y mujeres.

La legisladora explicó que la iniciativa busca darle un valor en salarios y prestaciones a los trabajos que realizan las mujeres, es decir los “feminizados”, como sobrecargos, secretarias, asistentes, enfermeras y cuidadoras, debido al alto nivel de responsabilidad que conlleva, que si se comparan con otros trabajos “masculinizados” similares, su retribución no está a la par.

Cabe señalar que entre las iniciativas que se dictaminaron, está la presentada por la senadora Patricia Mercado en septiembre pasado, donde se propone una ruta para que en este sexenio se pueda lograr la completa aplicación del principio de igualdad de remuneración en la administración pública federal. “La igualdad salarial no es una causa que busque privilegios, consideraciones, ni premios, es darle el valor que tiene nuestro trabajo”, aseguró.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Salarios 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se encontró que una gran parte de las brechas salariales en todo el mundo no se explica por diferentes niveles educativos, capacidades o experiencia, sino porque se valora de forma distinta los trabajos que hacen las mujeres. Por ello, en este dictamen se abordan los factores invisibles que sostienen la desigualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, que van desde una publicación de vacantes hasta las condiciones para conservar el empleo durante la maternidad.

Asimismo, se establecen reglas para que las responsabilidades familiares o los planes de vida familiar no afecten las oportunidades para la contratación, en el salario y sus prestaciones. Lo anterior, debido a que las brechas salariales son consecuencia también de desigualdad en el uso del tiempo y las responsabilidades en el hogar y el cuidado de hijas, hijos, personas enfermas y adultas mayores, los cuales tienen efectos negativos sobre el pago y el crecimiento profesional de las mujeres si deciden dedicarse a la maternidad y a la crianza.

Por otro lado, la senadora Verónica Delgadillo señaló que en México la brecha salarial llega a ser desde 18% hasta 35%. Es decir, si un hombre gana 6 mil pesos al mes, una mujer, en ese mismo puesto, que hace y tiene las mismas responsabilidades gana 3,900 pesos; recibe 2,200 pesos menos. “¿En qué se traduce esa brecha salarial? Se encarna en miles y millones de mujeres que viven una vida más precaria y con más problemas. Es más difícil acceder a la salud, a la educación para sacar adelante a sus familias solo por ser mujeres”, dijo.

De igual manera, la legisladora recordó que su primera iniciativa como diputada federal fue para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Añadió que la brecha salarial es una de las muchas razones por las que las mujeres en México salieron a marchar en el 8M. “Es una de las razones por las que estamos luchando para romper el pacto, porque este pacto también se traduce en que ganemos menos por el mismo trabajo y esto sin duda nos limita a las mujeres, nos condena y además nos quita libertad”, finalizó la senadora Verónica Delgadillo.

●       Esta iniciativa no va en contra de la autonomía municipal, va a favor de la obligatoriedad de que los municipios de una zona metropolitana tengan el compromiso de coordinarse entre ellos: José Alberto Galarza.

●      Cuando contamos con dichos mecanismos de coordinación metropolitana se vuelve más fácil poder hacer esta interacción, sabemos que la coordinación metropolitana facilita y acelera el trabajo en materia climática y energética: Mario Silva, del IMEPLAN.

En rueda de prensa virtual, el senador José Alberto Galarza, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración de Zonas Metropolitanas.

En dicha reunión estuvo acompañado por los senadores Luis David Ortíz y Noé Castañón, la senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano y la senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo; así como del doctor Mario Silva, director general del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN).

El senador ciudadano explicó que esta iniciativa propone elevar a rango constitucional la obligación de coordinación entre aquellos municipios que integran las Zonas Metropolitanas del país, de tal forma que estas puedan funcionar con la lógica de una metrópoli en materias relevantes de tratar en conjunto, a través de una instancia de coordinación técnica, que será determinada por los gobiernos estatales involucrados, atendiendo las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para garantizar un ordenamiento territorial y de gestión de riesgos y recursos conjuntos en las zonas metropolitanas del país.

“Esta iniciativa no va en contra de la autonomía municipal, va a favor de la obligatoriedad de que los municipios de una zona metropolitana tengan la obligación de coordinarse entre ellos y que no se abogue al 115 constitucional cuando interfieren intereses económicos, intereses inmobiliarios o de otro tipo”, indicó.

Asimismo, el legislador señaló que el problema actual es que cuando se tienen dos o más de diez municipios conformados en una zona metropolitana, muchas veces la división o diferencias políticas hace que no quieran trabajar en conjunto, teniendo como consecuencia una pésima coordinación territorial y una deficiencia en la homologación de la calidad de servicios públicos. “La conformación metropolitana que estamos proponiendo también es para tener sistemas nacionales e interestatales bien integrados para poder dar orden y armonía. Es una iniciativa muy necesaria para poder organizar nuestra ciudad”, aseguró.

De acuerdo con los resultados del Censo 2020 del Inegi, en México existen 74 zonas metropolitanas, donde viven cerca del 70% de los mexicanos. Este dato obliga a reflexionar sobre los retos que implican estas zonas, principalmente en materia de coordinación y planeación para su crecimiento y manejo de servicios ambientales, de movilidad y seguridad, entre otros.

Por su parte, Mario Silva añadió que este tipo de iniciativas surgen como un reclamo de expresiones ciudadanas que agrupan a un número importante de activistas, académicos y académicas y líderes vecinales, que piden acuerdos para el desarrollo de las metrópolis, específicamente las decisiones que están vinculadas a los servicios públicos. “Tenemos casos de municipios que tienen conflictos territoriales y esta situación no les permite que servicios como la recolección de residuos, el agua potable, el alumbrado o la seguridad pública se puedan dar de manera correcta”, dijo.

En tanto, aseguró que el reto metropolitano no es un asunto solamente de la planeación urbana, sino que además abre una puerta importante para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. “Cuando contamos con mecanismos de coordinación metropolitana se vuelve más fácil poder hacer esta interacción, sabemos que la coordinación metropolitana facilita y acelera el trabajo en materia climática y energética”, señaló.

Al finalizar, los participantes enfatizaron que la población metropolitana seguirá creciendo y que el ordenamiento territorial y las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno deberán implementar medidas efectivas para garantizar su bienestar.

En dicho tenor, esta planeación y ordenamiento conjuntos traerán, de acuerdo con lo prospectado y con base en las experiencias internacionales, diversos beneficios en las Zonas Metropolitanas, tal como:

●      Mejoramiento del conocimiento y reducción de riesgos;

●      Mejor capacidad de respuesta frente a incidentes adversos;

●      Fortalecimiento de la gobernanza;

●      Mejoramiento en el manejo, regulación y control de componentes ambientales;

●      Mejora en la planeación y gestión para la equidad en las metrópolis;

●      Desarrollo sostenible;

●      Gestión integral de recursos hídricos para el beneficio común;

●      Gestión integral de residuos sólidos para el beneficio común;

●      Mejora en la calidad del aire a través de prevención y contaminación atmosférica conjunta.

La prevención del suicidio es obligación del Estado: Noé Castañón

• Propone la creación de un Plan Nacional de Prevención para el Suicidio.
• El control del suicidio debe considerarse materia de salubridad general.
• En México cerca de 800 mil personas se suicidan al año.

“El suicidio es un tema sanitario de gran relevancia, un tema derivado de la salud mental, así como una obligación del Estado en su prevención”, así lo manifestó el senador Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, al presentar, el día de hoy ante el pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformas a los artículos 3 y 73 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que la prevención y control del suicidio sean consideradas materias de salubridad general y, a su vez, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes, establezcan y fomenten un Plan Nacional de Prevención para el Suicidio.

Consideró que dicho Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, además de que debe ser urgente su creación, debe contemplar: aumentar el acceso a la atención de salud, promover la salud mental, aumentar cada año porcentaje del presupuesto de salud para la atención siquiátrica y actividades de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales, además de establecer objetivos específicos dentro del Sistema Nacional de Salud dado que el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio es un deber por parte del Estado.

Refirió que en septiembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud indicó que la pandemia por el coronavirus, ha afectado la salud mental de muchas personas lo que ha generado un incremento en el número de suicidios, en mujeres y hombres, de entre 25 y 35%, y agregó que los recientes estudios con los que cuenta la OMS demuestran un aumento en la angustia, la ansiedad y la depresión. Añadió asimismo que la misma OMS, ha sugerido algunas medidas para prevenir los casos de suicidio entre las que destacan: eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención en salud mental, brindar información veraz y apropiada sobre el tema en medios de comunicación, reducir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, entre otros.

Indicó que en México, los centros de integración juvenil han informado que los suicidios de jóvenes han aumentado durante la emergencia sanitaria, por el impacto vivido con el confinamiento que les llevó a crisis emocionales. Se calcula que hay alrededor de un millón de suicidios anuales en todo el mundo y que por cada suicidio consumado, hay entre 15 y 20 suicidios no consumados, lo que resultaría entre 15 y 20 millones de tentativas de suicidios anuales, expuso.

Señaló que de conformidad con la Secretaría de Salud federal, el suicidio es un fenómeno de salud pública que involucra factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales; lamentó que la situación actual en México, de acuerdo a la OMS, indica que cerca de 800 mil personas se suicidan al año. “En México la pandemia los ha incrementado, es de destacar que entre los factores de riesgos asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general, figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria, la falta de empleo y solvencia económica, así como la falta de apoyo con programas sobre el suicidio para otorgar la información adecuada en cada en caso”, concluyó.

La propuesta del senador Noé Castañón se turnó a las comisiones de salud y estudios legislativos segunda.

Presentan Alberto Galarza y organizaciones de la sociedad civil

iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

●      Dicha ley fue producto del consenso entre la comunidad científica, académica y distintos sectores de la sociedad.

●      La iniciativa busca garantizar el apropiado financiamiento del desarrollo científico y tecnológico, asegurando una inversión del gobierno de al menos 1% del PIB y posteriormente se pueda avanzar hacia el 2.5% del PIB.

●      El anteproyecto presentado por la titular de la Conacyt es un proyecto que no se consensuó, es hipercentralista, exclusivo y quita recursos al desarrollo de la ciencia y la tecnología, explicó el senador José Alberto Galarza.

●      Necesitamos más jóvenes que vean una puerta de ingreso y no que se les cierra el sistema para dedicarse al trabajo científico, académico y de innovación: Alma Maldonado, del CINVESTAV y representante de ProcienciaMX.

En conferencia de prensa virtual, el senador José Alberto Galarza, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, acompañado por el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, en conjunto con Víctor Manuel Alcerreca, de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt); Alma Maldonado del CINVESTAV, en representación de ProCienciaMX; Gabriela Dutrénit, de la UAM; David Romero, de la UNAM y; Jaime Parada, titular del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, presentaron la Iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dicha iniciativa busca diseñar un entramado normativo e institucional, que sume a los sectores social y privado, incremente significativamente los recursos disponibles para la investigación, refuerce las capacidades institucionales para la innovación, fortalezca los lazos internacionales y contribuya a aprovechar el potencial científico-tecnológico de México.  “Esta ley se logró platicando, discutiendo y teniendo comunicación asertiva entre académicos, científicos y actores políticos para poder llegar a tener un producto importante. Hace unos meses el Conacyt por medio de su titular, Álvarez-Buylla, presentó un anteproyecto en el cual ignora todo lo antes mencionado, es un proyecto que no se consensuó, que no se discutió con las autoridades y sobre todo, es un proyecto hipercentralista, exclusivo y que quita recursos al desarrollo de la ciencia y la tecnología”, explicó el senador José Alberto Galarza.

Asimismo, el legislador detalló que la iniciativa está dividida en tres bloques. El primero, es la organización frente a la propuesta del anteproyecto de la Conacyt, con lo cual se propone una visión horizontal, incluyente y que tome en cuenta a los tres órdenes de gobierno. Segundo, tiene que ver con la instrumentación y los temas presupuestales para garantizar el financiamiento del desarrollo científico y tecnológico con al menos el 1% del PIB, que a la fecha se incumple, por lo cual se propone el desarrollo de una Banca Nacional de Desarrollo en temas de ciencia y tecnología. Tercero, retoma los temas de la divulgación científica y la vinculación de la ciencia con el sector productivo.

En uso de la voz, Alma Maldonado, del CINVESTAV y representante de ProCienciaMX, señaló que solo sumando se podrá construir un sistema robusto de ciencia, tecnología e innovación. “No va a ser sin los jóvenes como vamos a poder construir este sistema, una cosa en la que estamos siendo muy claros en esta propuesta de ley; es decir, necesitamos más vocaciones científicas, necesitamos más jóvenes que vean una puerta de ingreso y no que se les cierra el sistema para dedicarse al trabajo científico, académico y de innovación”, aseguró. 

Los panelistas invitados coincidieron en la importancia de esta iniciativa, donde en conjunto con investigadores, científicos y legisladores, lograron perfeccionar la ley debido a que fueron escuchados los puntos de vista de distintos sectores de la sociedad. Además, detallaron que buscan que dicho proyecto contribuya al debate público del país y visibilice la necesidad de seguir invirtiendo en ciencia y tecnología.

Por último, cabe destacar que la próxima discusión legislativa de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación deberá sentar las bases para promover los siguientes objetivos:

1.     CTI CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. Garantizar el derecho humano al goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como proteger el acceso de las personas y su participación plena, libre e igualitaria en la CTI.

2.     CTI PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. Orientar la ciencia, la tecnología y la innovación hacia la solución de los problemas centrales del país con una perspectiva regional y global; atendiendo particularmente temas de  inclusión social, alimentación, salud, agua, ecología y otras que,  en general, contribuyan a alcanzar las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.     TALENTO PARA EL DESARROLLO. Aprovechar el sistema educativo nacional como plataforma de promoción y cultura de la CTI, impulsando la retención, repatriación, desarrollo de investigadores y la atracción de talento científico internacional. Integrar a los sectores productivo y social, dinamizando el circuito de conocimiento para generar valor social. El reto es abatir el rezago actual de sólo 0.7 investigadores por cada mil habitantes y alcanzar en 10 años un índice de 5 investigadores por cada mil. 

4.     PRESUPUESTO ADECUADO CON LIDERAZGO DEL GOBIERNO. Garantizar el apropiado financiamiento del desarrollo científico y tecnológico, asegurando un financiamiento del gobierno de al menos 2% del PIB nacional, incrementando la inversión para mejorar la infraestructura y el financiamiento a la investigación, con el concurso y la participación de recursos privados provenientes de empresas productivas, instituciones particulares educativas y de investigación, fundaciones y organismos de la sociedad civil.

5.     CONSOLIDAR EL SISTEMA NACIONAL DE CTI. Fortalecer el sistema de CTI en el país a nivel local, regional y nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, apoyado en un entramado institucional que ampare entidades públicas, universidades, sector productivo y sociedad, para promover la cadena de formación de recursos humanos, el fortalecimiento de centros, los convenios y otros vehículos para la investigación, el financiamiento y la aplicación práctica de conocimientos.

6.     CIENCIA ABIERTA PARA TODOS. Para cumplir con el derecho asentado en el inciso V del artículo III de la Constitución, garantizar el acceso amplio a los resultados del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica así como al conocimiento científico internacional, creando el Sistema Nacional de Información Sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación con acceso público.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Ciencia y Tecnología.

Video:
https://fb.watch/3TGw0UWwBk/
https://twitter.com/EsRojoMx/status/1364978452705792003

Ciudad de México, 25 de febrero de 2020.

BOL-16/21

Quien violente a una mujer no se va a salvar de la justicia: Juan Zepeda

• Propone que delitos, de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación no prescriban.

●       Se estima que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual.

"Las mujeres y las niñas sufren distintos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, prácticamente en todos los aspectos de su vida", señaló el senador Juan Zepeda al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el  artículo 107 Ter, al Código Penal Federal en materia de imprescribtibilidad de delitos sexuales.

El senador refirió que datos globales indican que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, proporción que en algunos países aumenta hasta 7 de cada 10. En México, las cifras se encuentran en este último rango proporcionado: se estima que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día.

Aunado a lo anterior,, explicó que la violencia sexual contra las mujeres conlleva un proceso distinto para cada una, donde muchas veces el temor o distintas emociones impiden una denuncia inmediata de los hechos. "Por eso esta iniciativa, para que los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación no prescriban", dijo.

Cabe señalar que en México, el Código Penal Federal tipifica la violencia sexual; sin embargo, cada día se integran al menos 50 averiguaciones previas en delitos sexuales en México, sin contar el subregistro o casos no denunciados, los cuales representan la mayoría de éstos. "De acuerdo con datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 78.6% de las mujeres que vivieron violencia sexual no solicitaron apoyo y casi el 95% no denunciaron; algunas de las razones principales por las que no lo hicieron son el miedo a las consecuencias, la vergüenza, o porque no sabían cómo ni dónde denunciar", enfatizó el senador.

El legislador recordó que el Comité de Expertas de la CEDAW publicó sus observaciones finales, acogiendo positivamente los progresos alcanzados en diversas áreas, incluyendo la elaboración de reformas legislativas, los esfuerzos para superar el clima general de violencia dentro del país y la promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, externaron su preocupación por varios puntos:

●      La prevalencia de la violencia sexual, incluidas las violaciones y la exposición de las mujeres y las niñas a la vulnerabilidad y el riesgo en las regiones donde el ejército o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están llevando a cabo operaciones contra la delincuencia organizada.

●      La impunidad persistente en relación con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia contra mujeres en todo el país.

"Les pido que empujemos esta iniciativa que tiene como finalidad que estos delitos cometidos al amparo de estas circunstancias no prescriban, una violación sexual a una mujer no se puede olvidar en un año, en dos años o en toda la vida. Por eso necesitamos desde el Senado mandar este mensaje, que quien el día de hoy violente a una mujer no se va a salvar de la justicia así pasen los días, las semanas, los años o toda la vida", finalizó el senador Juan Zepeda.