• La organización internacional ARTICLE 19 acusó que fue presentada información falsa y discrepante sobre el estatus de la investigación, donde se evidenciaba la violencia y desvío de recursos por parte de la directora ejecutiva y otros directivos de NOTIMEX.
• Dentro de la información presentada, se incorporó un primer informe con enfoque de investigación periodística y académica publicada conjuntamente con el medio de comunicación Aristegui Noticias y la organización de la sociedad civil Sign_lab.
• La actuación de la CNDH podría constituirse como abuso de poder, es decir, que el organismo autónomo dedicado a investigar violaciones a derechos humanos pueda estar violando los derechos humanos de los quejosos, manifestó el senador.

El senador José Alberto Galarza, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que explique las razones por las cuales incumplió presuntamente con su obligación de investigar violaciones de derechos humanos a la libertad de expresión y a la privacidad, resguardar evidencia y dictar medidas cautelares en beneficio de víctimas, ante la queja interpuesta por la organización internacional Article 19, en junio de 2020.

En su exposición de motivos, el legislador explicó que la CNDH es un organismo constitucional que posee autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en el marco jurídico mexicano.

No obstante, el legislador refirió que en junio de 2020, la organización internacional Article 19, presentó una queja en conjunto con siete de las más de 15 personas que denunciaron públicamente probables violaciones a derechos humanos, presentando información donde se evidenciaba la violencia y uso de desvío de recursos por parte de la directora ejecutiva y otros directivos de NOTIMEX. Posterior a ello, la CNDH recibió formalmente la queja y le asignó el expediente de queja CNDH/6/2020/4811/Q.

Cabe señalar que dentro de la información presentada por la organización Article 19 y los quejosos, se incorporó un primer informe con enfoque de investigación periodística y académica publicada conjuntamente con el medio de comunicación Aristegui Noticias y la organización de la sociedad civil Sign_lab perteneciente a la institución de educación superior Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el cual a través de testimonios y evidencias señalan que personas directivas de NOTIMEX realizaron acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran la directora de la Agencia considera “adversarias”.

De acuerdo con Article 19, a la queja se incorporó también el reporte “La Guerra está en Twitter”, la cual reveló nueva evidencia sobre los ataques orquestados por la directora de NOTIMEX por medio de cuentas falsas e incluso desde cuentas oficiales en contra de críticos y extrabajadores de la agencia y de su gestión. Dichos reportes fueron también del conocimiento público a través de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.

A pesar de ello, el documento detalla que el 17 de marzo de 2021, ARTICLE 19 emitió un comunicado informando que: “En diciembre, mediante una reunión, la CNDH informó a ARTICLE 19 que la queja se envió a las Sexta Visitaduría, competente para investigar sobre posibles violaciones a derechos laborales. Hasta la fecha ARTICLE 19 sigue sin recibir la notificación formal de esto”.

Además, señalaron que existen inconsistencias respecto a la conclusión de la queja, puesto que está fechada en noviembre a pesar de que en una reunión con representantes de la CNDH, en diciembre, se les dijo que la queja seguía en proceso, razón por la cual ARTICLE 19 acusó de que fue presentada información falsa y discrepante sobre el estatus de la investigación. Asimismo, ARTICLE 19 denunció las violaciones a la libertad de expresión y la cooptación y simulación por parte de nuevos actores públicos.

Por lo anterior y ante la información presentada por la organización Article 19, Sign_Lab y Aristegui Noticias, así como las acciones que ha llevado a cabo la CNDH con relación a la investigación de dicha queja, el senador José Alberto Galarza consideró que es una situación de gravedad, tanto por la persecución que viven los quejosos, la falta de acceso a la justicia y, sobre todo, por las probables acciones u omisiones de la CNDH. “La actuación de la CNDH podría constituirse como abuso de poder, es decir, que el organismo autónomo dedicado a investigar violaciones a derechos humanos pueda estar violando los derechos humanos de los quejosos”, señaló el senador en el documento.  

Presenté un punto de acuerdo para que la directora de la @CNDH comparezca y explique por qué no investigó las violaciones a derechos humanos, resguardar evidencia y dictar medidas cautelares en favor de las víctimas ante la queja que interpuso @article19mex. : pic.twitter.com/EYq6ZcIoVU

— Rojo (@EsRojoMx) April 9, 2021

●      Comparecencias deben apegarse a tres principios fundamentales: Máxima publicidad de la comparecencia de los servidores públicos, máxima transparencia y rendición de cuentas.

●      Se abre la posibilidad para que la Mesa Directiva implemente mecanismos de participación ciudadana para que grupos de expertas y expertos y ONG 's, puedan preguntar directamente a las y los  funcionarios para que aclaren temas que son de relevancia para la nación.

●      Hoy en día las comparecencias no tienen respuesta inmediata de las y los funcionarios, escogen las preguntas y responden a modo. Se propone que haya pregunta y respuesta inmediata.

●      “Actualmente las comparecencias parecen llamados a misa”: Juan Zepeda.

El senador José Alberto Galarza, acompañado por el senador Juan Zepeda, presentó en conferencia de prensa virtual una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 266 del Reglamento del Senado de la República, en materia de comparecencias de servidores públicos.

“Esta iniciativa pretende reformar el reglamento del Senado para poder tener comparecencias que realmente se apeguen a tres principios fundamentales que cualquier república federal y democrática está obligada a hacer. Son los principios de máxima publicidad de la comparecencia de los servidores públicos del gobierno federal, máxima transparencia y rendición de cuentas”, explicó el senador José Alberto Galarza.

En México, las comparecencias se encuentran establecidas en los artículos 69 y 93 Constitucionales, estas disposiciones determinan los servidores públicos que serán sujetos del ejercicio de la función de control parlamentario del Congreso, quienes tendrán la obligación de presentarse cuando el Congreso los requiera.

El legislador señaló que actualmente existe un formato de comparecencias que ha quedado a deber en muchos temas, por lo que es necesario que legisladores y legisladoras puedan hacer preguntas directas a los determinados funcionarios públicos, quienes tienen la obligación de comparecer y responder a los cuestionamientos de manera directa.

Cabe señalar que el sistema que se utiliza en las comparecencias lo acuerda la Mesa Directiva, que comúnmente reduce la posibilidad de un diálogo directo entre legisladores y legisladoras y comparecientes, ya que el servidor público que comparece realiza una exposición inicial y posteriormente los grupos parlamentarios tienen una ronda de participaciones que se van acumulando, con lo que se obtiene una sola respuesta a la ronda y difícilmente responden el por qué de sus decisiones. “¿Cuál es el defecto de esto? No hay respuesta inmediata, los funcionarios pueden escoger qué preguntas responden y cuáles no y pueden obviar la proximidad de estas mismas provocando que no se alcancen los preceptos de rendición de cuentas, máxima transparencia y máxima publicidad”, indicó.

Por su parte, el senador Juan Zepeda señaló que dicha propuesta es muy pertinente considerando que pareciera que las comparecencias son un mero trámite que los servidores públicos atienden para cumplir con la formalidad; sin embargo, no hay un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. 

Por ello, con la presente iniciativa se pretende establecer las bases generales para un nuevo formato, considerando los aspectos siguientes:

●      La Mesa Directiva será la encargada de acordar el formato de comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de la República;

●      Se establece la obligación para que el servidor público envíe 24 horas previas a su comparecencia, la información del tema que se analizará en dicho ejercicio, con el propósito de que las y los legisladores tengan los elementos necesarios para formular mejores preguntas e interpelaciones;

●      La dinámica de las participaciones en las comparecencias de los legisladores y el compareciente será bajo la modalidad de pregunta-respuesta, con derecho a réplica para las y los senadores; 

●      Se establece un mínimo de 4 rondas de preguntas o interpelaciones considerando a todos los grupos parlamentarios y aquellos senadores o senadoras sin grupo parlamentario, asimismo se determina un tiempo de por lo menos 5 minutos por intervención.

Por último, el senador José Alberto Galarza explicó que se abre la posibilidad para que la Mesa Directiva pueda implementar mecanismos de participación ciudadana, para que grupos de expertas y expertos y ONG 's puedan preguntar directamente a los funcionarios para que aclaren temas que sean de relevancia nacional.

Con la implementación de las bases que se proponen adicionar al Reglamento del Senado de la República, se adoptaría un nuevo formato de comparecencias que generaría para la ciudadanía ciertos beneficios, tales como: mayor transparencia y rendición de cuentas sobre determinadas acciones del Ejecutivo federal; recibir información veraz respecto a la actuación del Ejecutivo federal; analizar con mayor detalle el cumplimiento de los programas, planes y políticas públicas; evaluar el desempeño de la administración pública y, en su caso, allegarse de elementos para el fincamiento de responsabilidades, en caso de que encuentre inconsistencias en sus funciones.